El FBI pagó más de $1.3 millones de dólares para "hackear" el iPhone de San Bernardino
James Comey, director del Buro Federal de Investigación (FBI por sus siglas en ingles) dijo el jueves que la agencia pagó más de lo que él ganará en lo que le resta de contrato, o sea 7 años y cuatro meses, por vulnerar la seguridad del iPhone del tirador de San Bernardino.
De acuerdo con cifras del FBI y la Oficina de EE.UU. de Administración y Presupuesto, el salario anual de Comey partir de enero de 2015 representaba $183,300. Sin un aumento o bonificación, Comey hará $1.34 millones durante el resto de su trabajo.
En mi opinión, valió la pena.
Eso sugiere que el FBI pagó la mayor cuota que se haya reportado por un trabajo de seguridad, superando fácilmente el millón de dólares pagados por Zerodium, la compañía de seguridad informática que patrocinó este tipo de trabajo.
En su intervención en el Foro de Seguridad de Aspen en Londres, Comey fue preguntado por un moderador lo que el FBI pagó por el software que finalmente rompió la seguridad del iPhone.
"Una gran cantidad. Más de lo que haré en el resto de este trabajo, que es siete años y cuatro meses de seguro", dijo Comey. "Pero en mi opinión, valió la pena."
El Departamento de Justicia dijo en marzo que había desbloqueado el iPhone del tirador de San Bernardino con la ayuda de un tercero no identificado y retiró la demanda contra Apple Inc, poniendo fin a un enfrentamiento legal de alto riesgo, pero dejando la lucha más amplia sobre el cifrado sin resolver.
Comey dijo que el FBI va a ser capaz de utilizar el software utilizado en el teléfono San Bernardino en otros iPhones 5C que ejecutan el software IOS 9.
Hay alrededor de 10 millones de iPhones 5C en uso en los Estados Unidos, según estimaciones de la firma de investigación IHS Tecnology. Ochenta y cuatro por ciento de los dispositivos IOS en general están utilizando software IOS 9, según Apple.
El FBI tuvo acceso al iPhone utilizado por Rizwan Farook, uno de los tiradores que mataron a 14 personas en San Bernardino, California el 2 de diciembre.
El caso planteó el debate sobre si las empresas de tecnologías de cifrado protegen la privacidad o ponen en peligro al público mediante el bloqueo de acceso a la información cuando la ley lo requiere.
