Legitimación de los Paramiliatres en Colombia

Legitimación de los Paramiliatres en Colombia
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Daniel Pécaut, Plantea que el fenómeno de la violencia se ha convertido en un modo de funcionamiento  de la sociedad colombiana y que esto ha dado lugar a la emergencia de diversas redes de influencia y de regulación sobre la población, que ya no forman parte de un fenómeno ocasional  o provisorio, sino de una tendencia durable en la sociedad"

(Contreras, 2007 , pág. 219)

El presente escrito se centrará en el fenómeno del paramilitarismo y su legitimidad en el estado Colombiano. Quienes actúan, bajo la premisa de servir protección a diferentes intereses tanto de los sectores políticos, económicos, o actividades agropecuarias. Pero debido a las coyunturas políticas del Estado  Colombiano, van  cobrando pertinencia debido a que se articulan  a los procesos de crisis del sistema político y se expresa como crisis de gobernabilidad y credibilidad de la población en la capacidad del estado para controlar el orden público y garantizarle a la sociedad la seguridad y convivencia democrática hasta volverse legales y formar tejido con actores políticos del estado.  

El paramilitarismo en Colombia surge como base de una estrategia contrainsurgente del Estado y las fuerzas armadas; debido a la visita por la misión Yarbourough del ejército estadounidense en el 62. Para esta estrategia, se basaron en los manuales  de contrainsurgencia en donde se encuentra la concepción de la población civil y su papel en la guerra, y concluir que se define por dos miradas: 1) debe ser vinculada a la guerra (paramilitarismo); 2) debe ser el blanco principal de la guerra contrainsurgente (guerra contra los movimientos sociales o posiciones inconformes con el statu quo). (Centro de Investigación y Educación Popular - Cinep, pág. 1) . A partir de ese momento, en Colombia surge el adoctrinamiento por parte del Estado, con el fin de apoyar  la lucha contrainsurgente. "Entre su discurso, los paramilitares señalan que son la "autodefensa civil armada" de la nación colombiana y que están adelantando una "lucha civil" contra la amenaza de la subversión comunista". (Téllez, 2011, pág. 242)

Para contextualizar el proceso evolutivo y consolidación de los paramilitares en Colombia, Medina Gallego, enumera las generaciones por las que ha pasado y crecido el paramilitarismo de la siguiente manera:

  • 1ª Generación: poca de violencia, Liberales vs Conservadores.
  • 2ª Generación: (1979 - 1985) El Estado es fundamentalmente el generador del paramilitarismo; con base en la doctrina de Seguridad Nacional se desarrolla el concepto de "enemigo interno" y se legaliza la conformación de grupos de autodefensa bajo la égida militar.
  • 3ª Generación: Década de los 80 hasta 1993 a partir del surgimiento del MAS que se conoce como Narco-paramilitarismo.
  • 4ª Generación: (1993 - 2003) surgen las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- alrededor de la Casa Castaño.
  • 5ª Generación: (2003 - 2007) desde el momento en que produce la desmovilización paramilitar hasta la actualidad.

 (Coorporacion Nuevo Arco Iris, 2016)

Como vemos, en el devenir de este grupo armado, comienzan a ser patrocinados por parte de gremios y empresas poderosas: agricultores,  ganaderos, empresas petroleras. Así fue, como el  Estado, a través de todos sus poderes, le confió a los integrantes del MAS (muerte a secuestradores), en lo sucesivo, las más altas responsabilidades en el manejo del "orden público" y los más altos grados y honores en la jerarquía castrense. Desde entonces la estrategia paramilitar quedaba evidenciada, con los signos más claros que pueden proporcionar los mecanismos de comunicación social, como una férrea POLITICA DE ESTADO. (Centro de Investigación y Educación Popular - Cinep, pág. 1)

Continuando, se encuentra importante la experiencia piloto en  Puerto Boyacá, que a partir de allí, se reproduce la expansión del paramilitarismo a las regiones de Córdoba y el Urabá como consecuencia de lo anterior, donde se crean las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (accu) 1988 - 1994. El 11 de febrero de 1994, el gobierno colombiano expidió el decreto 356, por medio del cual autoriza la creación y funcionamiento de LAS CONVIVIR "servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada". León Valencia (pág. 77) Afirma que, "la decisión del gobierno de Samper de autorizar las Cooperativas de Seguridad Rural, Convivir, se convirtió en un factor de legalización y estímulo a la expansión paramilitar, sobre todo en Antioquia bajo la gobernación de Álvaro Uribe Vélez" (Garzón, 2005. p. 65). Ese plan de seguridad rural, debía estar formado por civiles del nivel local, cuya función se centraba en aportar información sobre la guerrilla como sobre grupos paramilitares.

Estas disposiciones, tan solo revivirían un entorno legal para la existencia, desarrollo y expansión del paramilitarismo, como una clara política estatal, en esta oportunidad bajo un nuevo ropaje, el de CONVIVIR, asociaciones que públicamente se presentaban con un carácter "defensivo",  actuarían bajo la coordinación de la fuerza pública y serían financiadas por los sectores público y privado

 (Centro de Investigación y Educación Popular - Cinep)

En el año 2002, este grupo paramilitar, buscan un reconocimiento a nivel nacional como actor e instrumento político. Debido a que se construyeron bloques en diferentes regiones de país. Se presentó un proceso de confederación paramilitar que dio el surgimiento de las AUC, quienes buscan legitimarse y legalizarse a través de un proyecto político, donde quieren reforzar los podres locales y regionales, fortaleciendo las alianzas políticas con las elites económicas y política existentes o que se establecieron en los diferentes territorios.

La rápida expansión del paramilitarismo y de su poder militar se tradujo en un enorme  poder económico, no sólo gracias al control de las rutas del narcotráfico, sino porque se convirtieron en coadministradores de los recursos públicos.  Una vez consolidado ese poder militar y económico, las AUC iniciaron un proyecto político para infiltrar las instancias del poder público a niveles regionales y para el año 2001 y 2002, proyectándose a otras instituciones del nivel nacional.

(Verdad Abierta , 2010)

En el periodo de tiempo del 2002 y 2007,  Corresponde al proceso de desmovilización de la AUC, dentro de la ley de justicia y paz. Este lapso de tiempo se caracteriza por la desmovilización e inserción de importantes bloques a la vida legal y civil, tanto de sus mandos como de sus subalternos, dentro de la ley de justicia y paz, en la concentración de los jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito y en la consolidación de la dimensión política y económica del paramilitarismo en el ámbito del poder local y regional. (Téllez, 2011, pág. 246)

En medio de esta lógica, ahora, se hace hincapié en el pacto de Santa Fe de Ralito, ya que el Estado, en su afán por la eliminación de las guerrillas abren una brecha de autonomía para este grupo armado; el cual, ya estaba dotado ideológicamente, territorialmente y militarmente. Este pacto se firmó el 23 de julio de 2001, en la finca del paramilitar Salomón Feris Chadid, alias '08', en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta,  Córdoba. Allí se encontraban políticos influyentes de la región como senadores, representantes, alcaldes, gobernadores concejales y los llamados caciques de la zona. Este pacto, fue conocido por sus pretensiones de  "refundar la patria", "crear un nuevo pacto social" y "construir una nueva Colombia". Los políticos y funcionarios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena se encontraron para la firma de este pacto  con jefes paramilitares que ya ejercían control sobre esos departamentos, entre ellos, 'Don Berna', Salvatore Mancuso, 'Diego Vecino' y 'Jorge 40'. (Verdad Abierta , 2010)

Según un artículo de El Tiempo, algunos reconocidos firmantes del pacto de Ralito el 23 de 2001 son: Salvatore Mancuso, uno de los máximos jefes de las autodefensas en Colombia. Se desmovilizó con el bloque Catatumbo en el 2004. José Pepe Gnecco C., Alfonso Campo Escobar, "Don Berna", Rodrigo Burgos de La E, este fue suplente de Julio Manzur. José María Imbeth, Edward Cobos Téllez  "Diego Vecino", Juan Manuel López C, Luis Carlos Ordosgoitia, Rodrigo Tovar Pupo "Jorge 40", Reginaldo Montes, Fredy Sánchez Artega, William Montes Bolivarense, Luis Álvarez, Miguel de La Espriella quien destapó este escándalo al admitir su participación en la reunión. Salvador Arana,  Jesús María López, Jaime García, José de los S. Eleonora Pineda, fue otra que afirmó su participación en la reunión como concejal de Tierralta. Álvaro Cabrales Hodge, Antonio Sánchez, José De los Santos, Sigifredo Senior, Wilmer Pérez, Joaquín García, Rodolfo Vargas, Marciano Argel. (NULLVALUE, 2007)

En una de las declaraciones el señor 'Ernesto Báez', afirma que la alianza entre los paramilitares y los políticos se hizo sin ningún tipo de presión porque estos eran aliados naturales en los territorios  que controlaban los paramilitares. Por lo tanto es pertinente  indagar  ¿Cómo se concibe el papel de un político en la relación con estos grupos armados y  especialmente, en las regiones del país? Claro está, que estas personas no se articulaban en pro de la sociedad desprotegida del estado, o porque en esos territorios ejercían control las guerrillas, Báez; ante la corte suprema anota que: "Por el poder, los políticos se aliaban hasta con el diablo"

Según el paramilitar, la elección de Eleonora Pineda como congresista fue una demostración de la capacidad de las AUC para posicionar a candidatos propios. No obstante, la alianza con las elites locales seguía siendo la salida más segura y rápida frente a su idea de expansión

(Verdad Abierta , 2010)

Para ratificar lo anterior, en el mismo artículo de (Verdad Abierta , 2010) Mancuso, dice que "era más viable incluir a estos políticos tradicionales dentro del proyecto político de los paramilitares, en lugar de intentar lanzar candidatos propios y desconocidos a aspirar a puestos de elección popular".

Con estas declaraciones anteriores, de muchas que existen durante el periodo de des-movilización de los paras, que involucran a distintos funcionarios públicos; no cabe duda que la configuración del estado ha estado entrelazado a la constitución de políticas regionales; ya que, estos grupos se focalizaban en cooptar a la población de las periferias entrelazándose con diferentes sectores de la sociedad  para cubrir intereses instrumentales  de los políticos para llegar a un cargo de  elección popular.  Contreras en su texto hace referencia que, "las coacciones empleadas  por las distintas redes de influencia someten a la población a la ley del silencio o al desarrollo de estrategias puramente individuales con lo que la desconfianza se instala en las relaciones interindividuales, organizativas y sociales" (Contreras, 2007 , pág. 223)

Con esta transformación en la forma electoral del estado Colombiano, donde la sociedad no era libre de votar por el que más le gustaba, surge también un cambio en la forma de hacer política. Donde estos paramilitares ejercían poder para que los pobladores de esos territorios votaran por su "padrino" político ya que dentro de esas alianzas (políticos - paras), supusieron el compromiso de asegurar votos en las elecciones y así mismo se benefician cada una de las partes. En contraste,  no se puede desconocer que estos grupos sí adoptaron estrategias para incidir en los diferentes procesos electorales en busca de sus intereses especialmente con la política local. Por lo tanto cabe afirmar que "en el país se desarrolla entonces una democracia de los aparatos de la legalidad qué están cada vez más contaminados por los aparatos de la ilegalidad. Esto hace que sea cada vez más difícil diferenciar entre legalidad e ilegalidad". (Contreras, 2007 , pág. 225)

Con este panorama, más allá  de la cantidad de muertes y masacres, lo que asombra son las formas como cometen brutalidades en contra de la población y campesinos, a quienes en su discurso distractor aseguran proteger, mientras que la realidad, es brindar seguridad privada a aquellos que pertenecen a elites políticas y los dueños de la tierra para así, seguir expandiéndose obteniendo más poder territorial y político junto con el manejo del fenómeno de las drogas ilícitas en Colombia, factor importante debido a la expansión territorial de estos grupos en zonas estratégicas de la geografía del país.

En este caso, se observa el papel importante del discurso de la marginalidad se configura en una imagen estatal.  Debido a que, el gran llamado de la presencia del estado en sitios periféricos de la geografía Colombiana o Regiones con pobladores que anhelan una vida con bienes y servicios dignos, configuran la imagen del estado en esos territorios materializado por grupos o actores que en realidad se separan de las practicas reales por las que el estado se constituye.

Así es como este grupo armado paramilitar en su expansión territorial hizo foco en las regiones del país donde la presencia del Estado no existía sino que, siempre había  guerrilla, o un cacique líder del territorio y al que los campesinos pobladores seguían. Aquí, se hace referencia en que "cada sector social va captando el mensaje desde el lugar de miedo en que se encuentre o de aceptación y reconocimiento en el que esté inscrito". (Téllez, 2011, pág. 243)

La inquietud ahora se presenta sobre la sociedad, la participación política de los ciudadanos. El por qué la sociedad instaura esa especie de costumbre  que conduce a la indiferencia frente a los diferentes actos cometidos por este grupo armado. O será que la población interpreta lo sucedido por estos grupos bajo cierto condicionamiento que aunque se cometan atrocidades, son menos malos porque los realiza un grupo armado ilegal pero legal para ciertas zonas del país, o porque en su ideología está en el aniquilamiento de toda forma que le represente resistencia. Entonces, en Colombia el que no esté alineado y no acepte la forma de su gobierno, se le violenta sus derechos. De este modo ¿Qué nivel de conciencia tienen los ciudadanos colombianos para permear estos discursos reiterativos por parte de los dirigentes políticos y en muchos casos por los medios de comunicación, que direccionan de forma errada este perfil del conflicto interno en Colombia? y en consecuencia, se sigue violando la Constitución quien afirma que:

  • ARTÍCULO 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
  • ARTÍCULO 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

(Constitucion de 1991 )

Para finalizar y haciendo referencia a lo anterior, ¿de qué forma el estado protege a la sociedad?, ¿construyendo un régimen de terror que se alimenta de masacres y muertes de personas inocentes?  Porque la prioridad del sistema político junto a la estrategia contra insurgente, es in movilizar la acción social aislándolos de sus territorios y dejando a la población en in comunicación extrema aludiendo a la trampa política. Por lo tanto es de estar acuerdo con el borrador conjunto de participación política  cuyo objetivo  de sus propuestas es la participación ciudadana en el desarrollo de la política. En este borrador se encuentran a lo que se va a comprometer el Estado colombiano para con la sociedad. Porque con esto se busca

El fortalecimiento de las garantías  y las capacidades para que los ciudadanos y ciudadanas, asociados en diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, desarrollen sus actividades y de esa manera se contribuya  a la expresión de los intereses de una sociedad pluralista y multicultural.

(El Gobierno Nac y las FARC - EP, 2013)

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