A poco más de dos meses de haber incrementado a su máxima expresión la represión gubernamental en contra del pueblo venezolano sumido en un drama de corrupción gubernamental, insalubridad, miseria e incertidumbre, y con más de sesenta víctimas mortales y miles de heridos y presos, el gobierno de Nicolás Maduro parece haber trastocado por completo la lógica política para situarse al margen de toda legalidad. Lo que presenciamos hoy en las protestas populares por parte de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) es simplemente un acto de genocidio. Cuando Raphael Lemkin, nos habló por primera vez de este término en 1939, el abogado judeo-polaco sabía de lo que se trataba, pues él mismo huyó de la locura nazi encontrando refugio en los Estados Unidos, ante su temor de ser aniquilado.
Lemkin, definió entonces con simplicidad el genocidio como; "La puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales, con la finalidad de su aniquilamiento" y la RAE (Real Academia Española) nos puntualiza acerca de la definición de genocidio como: "Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política". Por lo tanto, el régimen Chavista está cometiendo genocidio, un delito internacional el que además no prescribe y por el cual más temprano que tarde tendrán que dar cuenta sino a la justicia nacional, a la justicia internacional, el genocida de Miraflores y sus seguidores.
Triste resulta sin embargo ante la cruda tragedia de los venezolanos, la falta de consenso de la OEA y de otros actores internacionales que no han logrado una resolución firme en contra del genocidio que sufren los venezolanos. En 1979 en un caso similar ocurrido en Nicaragua, la OEA exigió la inmediata renuncia del dictador Anastasio Somoza y reconoció a la Junta de Gobierno encabezada por miembros de las fuerzas insurgentes y parte de la oposición política de la época. Hoy no debe ser distinto, Maduro y su gobierno criminal tiene que irse, debe convocarse a elecciones generales, abrirse las cárceles que retienen a presos políticos y debe abrirse a lo inmediato un corredor humanitario con el propósito de auxiliar a la población necesitada.
La oposición política venezolana debe mantenerse cohesionada junto al pueblo como hasta hoy y no descartar acudir ante la Corte Penal Internacional para denunciar el genocidio por parte del inquilino desquiciado de Miraflores, él y sus asesores nacionales e internacionales que todos sabemos quiénes son, deben pagar por sus crímenes, lo mismo que la cúpula militar que lo protege y masacra a la población civil por el simple hecho de exigir su derecho constitucional a elegir y gozar de un sistema republicano y democrático. Es penoso ver al pueblo dueño de riquezas sumido en una mendicidad dolorosa, mientras, los socios internacionales del genocida de Miraflores, gozan de opulencia gracias al petróleo que reciben al crédito y a plazos cómodos.
El tiempo de la dictadura chavista se agota, atrás solo dejará una historia de dolor que costará mucho sanar, Venezuela sin embargo, ha enseñado el nuevo significado de patriotismo, Latinoamérica no debe perder de vista que cuando un pueblo defiende su derechos se engrandece, igual lección debe darse desde Nicaragua, Bolivia, Cuba y tantos otros países cuyo regímenes que han hecho del binomio de corrupción y represión su mejor aliado para aferrarse al poder. Siempre es vigente para estos represores el ejemplo de Rumania y Nicolae Ceausescu quien se autoproclamaba como el Danubio Azul del Socialismo y fue ajusticiado por un pueblo harto de represión, hambre y humillación.
