Presidente de Guatemala suaviza tono en medio de crisis

El presidente Jimmy Morales intentó suavizar el lunes su posición tras su intento de expulsar de Guatemala al comisionado anticorrupción de las Naciones Unidas, un movimiento que lo hizo blanco de críticas dentro y fuera del país.

Horas después de recibir el apoyo de miembros de su gabinete a su deseo de que el comisionado Iván Velásquez salga de Guatemala, Morales se dijo dispuesto a acatar lo que el Poder Judicial decida en torno a su petición de expulsión, algo que amenaza con cambiar su futuro como presidente.

Pueblo de Guatemala, como presidente constitucional de la República he sido y seguiré siendo respetuoso de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, señaló en un mensaje en su cuenta de Facebook. El estado de derecho siempre debe prevalecer.

Morales ordenó el domingo la expulsión de Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), pero casi de inmediato la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida y amparó temporalmente al comisionado.

El Poder Judicial deberá resolver en los próximos días si mantiene la protección a Velásquez para que permanezca en el país.

La fiscal general Thelma Aldana, quien trabaja de la mano con la CICIG en sus investigaciones, dijo que estaba dispuesta a reunirse con el presidente para escuchar las quejas que tenía contra el comisionado y dijo que su labor es fundamental para el país.

Estamos atacando el corazón de la corrupción guatemalteca, dijo Aldana ante la prensa.

Durante el día, se realizaron varia manifestaciones en favor y en contra de Velásquez.

Mientras se preparaba para acudir a una manifestación, Andrea Rodríguez dijo salía a la calle porque está en contra de la corrupción.

Este es un momento que nos llama a todos a participar y la movilización es un medio para participar en la política, dijo la estudiante de la Escuela de Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Las protestas se extendieron el lunes al interior del país. Convocados por la alcaldía de Sololá, miles de indígenas tomaron una carretera al oeste de la capital que comunica varios departamentos de la región.

Tras salir de una reunión con el comisionado Tomas Saloj, alcalde indígena de Sololá, dijo que las comunidades permanecerían en las calles para exigir al gobierno desistir de expulsar a Velásquez del país.

Saloj agregó que ya se ha reunido con autoridades indígenas de otras regiones para unirse a las tomas de carretera. Ahorita es una muestra que se está haciendo de unas 20.000 personas en la calle pero estamos seguros que vamos a salir más y paralizaremos el país si es posible, dijo el alcalde.

Por la tarde, una manifestación de unas 150 personas llegó hasta la sede de la CICIG para apoyar al presidente Morales. Provenían de varias zonas de la capital y distintos departamentos.

El anuncio de Morales ocurrió dos días después de que la CICIG y la Fiscalía General anunciaran una petición para retirar la inmunidad al presidente para investigarlo por presuntas irregularidades durante su campaña.

La decisión sobre su inmunidad está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia y de proceder pasará al Congreso, donde se deberá votar para determinar si procede o no investigar al presidente.

Hay intereses muy de tipo personal al querer declararlo non grato por las investigaciones realizadas a su familia, al mismo partido y al propio presidente, dijo el exvicepresidente Eduardo Stein (2004-2008).

La CICIG es un órgano de Naciones Unidas creado hace 10 años para combatir la corrupción en el país y ha sido clave en el procesamiento de distintas figuras, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión actualmente.

Velásquez es el factor simbólico de la lucha contra la impunidad, dijo el analista Renzo Rosal. Y sacarlo sería un incendio aún mayor porque le va a dar un espacio al crimen organizado en el país, consideró.

Morales fue señalado por la CICIG y la Fiscalía de presuntamente ocultar información de financiamiento anónimo e ilícito de su partido durante su campaña en 2015.

El comisionado Velásquez no ha salido públicamente a hablar del caso, pero ha recibido diversas muestras de apoyo, una de las más recientes de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien pidió al gobierno guatemalteco permitir a la CICIG continuar con su trabajo.

Velásquez es una voz crítica contra la corrupción y un defensor del estado de derecho, señaló en una declaración escrita. l tiene todo el apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional, aseguró.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de Velásquez, por temor a que su integridad esté en riesgo, según dijo a periodistas la noche del lunes.

Rodas también solicitó medidas a favor de los trabajadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Feci, que trabajan en conjunto con la Comisión y han llevado casos de corrupción y crimen organizado de gran impacto. El procurador consideró que la seguridad de estas personas estaba en riesgo debido a la crisis.