Piden dar a hospitales compensación por crisis de opioides

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Piden dar a hospitales compensación por crisis de opioides
John Kasich, gobernador de Ohio, en una entrevista con la AP el 13 de diciembre del 2018. Kasich y el presidente de la Universidad de Virginia Occidental Gordon Gee han creado una organización sin fines de lucro para que cualquier dinero producto de una compensación por la crisis de opioides vaya a los hospitales. . (AP Photo/John Minchillo, File)

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Un grupo de activistas está exigiendo que cualquier compensación aprobada por los tribunales por la crisis de opioides vaya directamente a los hospitales, y no a los gobiernos estatales o locales que están pujando por el dinero.

Dos prominentes estadounidenses ya han creado una organización sin fines de lucro a fin de guiar el dinero a los hospitales en caso de un arreglo en las cortes.

La organización, llamada “Citizens for Effective Opioid Treatment” (“Ciudadanos A Favor de un Eficaz Tratamiento Contra los Opioides”), fue creada por el presidente de la Universidad de Virginia Occidental Gordon Gee y el ex gobernador der Ohio John Kasich.

La idea, según los funcionarios, es educar a líderes y al público en general sobre el impacto negativo que ha tenido la crisis de opioides y promover ideas para resolver la crisis.

“Es una campaña educativa”, dijo Gee. "Queremos ayudar a la gente a entender que esta es una crisis y que los responsables de auxilio — en particular los hospitales — son realmente los que están en la vanguardia, tanto en el tratamiento de víctimas como en la búsqueda de una solución”.

La iniciativa es el acontecimiento más reciente en una pugna por el control de los miles de millones de dólares que podrían ser pagados por empresas farmacéuticas como parte de un acuerdo judicial. Ya se han logrado acuerdos con estados o condados particulares, y es posible que grandes empresas farmacéuticas lleguen a arreglos similares en momentos en que se acerca la fecha del primer juicio en el tema, fijado para octubre.

Gobiernos locales le han pedido al juez federal de Cleveland a cargo del caso que les permita distribuir el dinero ellos mismos. Afirman que la posibilidad de negociar como un frente común facilitará llegar a un acuerdo con las empresas. Argumentan que la crisis ha afectado particularmente a los gobiernos locales ya que son éstos los que han tenido que pagar por más policías, cárceles y programas de salud.

Pero la mayoría de las fiscalías generales a nivel estatal se oponen a ese pedido, pues consideran que son los gobiernos estatales los mejor posicionados para entregar fondos a las entidades locales y para crear programas de tratamiento y prevención.

Tanto Gee como Kasich insisten en que su organización no es una afrenta a los gobiernos locales o estatales. Pero Kasich, quien cuando era gobernador fue criticado por reducciones al fondo para gobiernos locales, dice que grandes cantidades de dinero pueden ser transferidas.

“Yo no voy a decirles a las fiscalías estatales lo que hacer. Si ellos reciben el dinero y eso ayuda a las comunidades, bien por ellos”, declaró Kasich. “Pero lo que no quiero es que el dinero vaya a reparar calles o a suplir déficits presupuestarios. Quiero que el dinero vaya a la gente que está a la vanguardia der esta batalla, porque son ellos los que están contra la pared”.

Gee y Kasich se conocieron cuando Kasich era gobernador de Ohio a partir del 2011, y Gee era presidente de la Universidad Estatal de Ohio.

Gee — quien tiene amplia experiencia en recaudación de fondos — dijo que le pidió a ayuda a Kasich en la formación de la ONG debido a su habilidad en la política. Kasich, dijo Gee, “conoce a mucha gente y saber abrir puertas”.

Bajo las leyes estadounidenses, la organización puede recaudar una cantidad ilimitada de fondos y no está obligada a publicar los nombres de sus donantes. Pero debe dedicarse “principalmente” a servicios de bienestar social y comunitario, es decir, por lo menos la mitad de su presupuesto debe ir a actividades como educación, y no a campañas políticas. Gee dijo que planean fundar una organización paralela que pueda gastar el dinero sin esas restricciones.

Hospitales en Virginia Occidental, incluso uno del cual Gee es presidente, demandaron a algunas de las más grandes empresas farmacéuticas en abril, pidiendo compensación por los gastos incurridos para lidiar con la crisis. La epidemia se ha ampliado para abarcar drogas callejeras como la heroína o el fentanilo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que los opioides fueron responsables de más de 47.000 muertes en el 2017 y el 2018.

Gee dice que los hospitales han tenido que lidiar con los costos de la atención médica, el alojamiento de pacientes que no pueden ir a sus viviendas, las necesidades médicas de niños y recién nacidos y los costos adicionales de personal y seguridad.

Afirmó que la organización sin fines de lucro pedirá donaciones privadas para poder transmitir su mensaje. Kasich avisó que hablará en público sobre el tema, escribirá columnas en los periódicos y aparecerá en videos.

La idea de que una fundación privada administre los fondos desembolsados como compensación en la crisis de opioides no es nueva. Un conjunto de grupos, incluyendo el Instituto de Campañas de Salud Pública de la Northeastern University en Boston, presentó documentos en un tribunal en mayo pidiendo precisamente que se creara tal entidad. Mencionó como ejemplo una entidad similar formada en 1998 para administrar la compensación desembolsada por compañías tabacaleras, y que invirtió 1,7 millones de dólares en campañas para reducir el hábito de fumar entre los jóvenes.

Sin embargo, esta táctica produce desasosiego en otros sectores. Hace pocos días la empresa farmacéutica Purdue Pharma y miembros de la familia dueña, los Sackler, accedieron a pagar 270 millones de dólares al estado de Oklahoma. Gran parte de ese dinero fue a un centro de investigaciones y tratamientos en la Universidad Estatal de Oklahoma y algunos legisladores se quejaron que debieron ser ellos, y no la fiscalía general del estado, los que deberían haber tomado la decisión de qué hacer con ese dinero.

En julio un grupo de legisladores estatales de Virginia Occidental le pidieron a la fiscalía general del estado el control de una compensación de 37 millones de dólares pagados por la farmacéutica McKesson por la crisis de opioides. Afirmaban que eran ellos los más indicados a garantizar que ese dinero vaya a programas de tratamiento y no a gastos administrativos. El fiscal general Patrick Morrisey respondió en un comunicado que es importante “atacar la epidemia de drogas de manera holística”.

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El corresponsal de la AP Geoff Mulvihill contribuyó a este reportaje desde Cherry Hill, Nueva Jersey.

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