Detienen a acusado de genocidio en Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un exjefe de operaciones del ejército guatemalteco fue detenido y se le acusa del delito de genocidio de varias comunidades guatemaltecas entre 1978 y 1982, en el marco de la guerra civil. La captura ocurrió el jueves, pero se anunció el viernes por organizaciones de derechos humanos querellantes dentro del proceso.
César Octavio Noguera Argueta, de 77 años, trabajó para el gobierno militar de Romeo Lucas García y también se le señala por delitos contra los deberes de humanidad. Su detención ocurrió casi dos décadas después de que se presentara una denuncia por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que representa a las víctimas de tres comunidades indígenas mayas Ixiles.
Según la acusación, Noguera y otros mandos militares de la época son responsables de haber dirigido una campaña militar en contra de población civil que en esos años residía en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal --los tres localizados en el departamento de Quiché--, ocasionando 31 masacres en las que habrían muerto 1,128 personas, además de la destrucción de sus propiedades.
En la denuncia presentada hace 19 años, los representantes de las víctimas dicen que a raíz de las acciones militares también hubo 23 aldeas arrasadas, 97 muertes selectivas, 26 casos de violencia sexual y 53 casos de desaparición forzosa.
El juez a cargo de la orden de detención escuchará a Noguera el lunes próximo para hacerle saber los motivos de la acusación.
Por el mismo caso también están acusados los generales Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército, y Manuel Callejas y Callejas, exjefe de Inteligencia Militar, que entonces integraban el gobierno castrense. Ambos militares fueron condenados en mayo pasado a 58 años de prisión por la detención y desaparición de un niño de 14 años y la violación de su hermana en 1981.
En 2013, un tribunal condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio en la primera vez que alguien fue acusado, juzgado y condenado por ese delito. Sin embargo, la condena a 80 años de prisión fue revertida por tres de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad aduciendo fallas en el debido proceso. El fallo que revirtió la sentencia estuvo firmada por Roberto Molina Barreto, quién este año intentó ser candidato vicepresidencial de la hija de Ríos Montt sin lograrlo por una prohibición constitucional.
Ríos Montt murió en abril de 2018, mientras se desarrollaba un nuevo juicio especial en contra. Nunca fue condenado por las acusaciones.
