Ecuador: CIDH recoge testimonios sobre derechos humanos

QUITO (AP) — Decenas de personas acudieron a dar testimonio a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el lunes inició una visita a Ecuador tras las protestas sociales contra un paquete económico que buscaba estabilizar las finanzas públicas.

En su cuenta de Twitter, la CIDH dijo que sus enviados están en Quito “para documentar y recoger información sobre el respeto a los derechos humanos en el contexto de las recientes protestas. Se reunirán con (representantes del) Estado, movimientos sociales e indígenas y visitarán Latacunga, Guayaquil y Cuenca”.

El grupo de trabajo está liderado por la presidenta y relatora para Ecuador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, tres comisionados, un secretario ejecutivo y dos relatores especiales: para la libertad de expresión y para los derechos económicos, culturales y ambientales.

La organización que vigila el respeto a la libertad de expresión, Fundamedios, exhortó en un comunicado a la CIDH a que investigue “las agresiones en contra de más de cien periodistas que intentaban cubrir las manifestaciones de inicios de octubre en Ecuador” y añadió que esa información fue enviada a las autoridades del Estado.

A inicios de este mes, y por casi dos semanas, se registraron fuertes protestas en Ecuador luego del sustancial aumento de los combustibles dispuesto por el gobierno. Primero los transportistas públicos decretaron un paro de actividades, luego se unieron los estudiantes con marchas callejeras y finalmente miles de indígenas llegaron a la capital.

La situación se salió de control cuando grupos de encapuchados incendiaron el edificio de la Contraloría, el organismo que investiga la corrupción -especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017)- y atacaron una estación de televisión y un diario nacional. Lo único que calmó a la población fue la derogación del aumento.

El gobierno y grupos sociales negocian una posible solución para reducir un abultado déficit fiscal que incluye el subsidio de 1.300 millones de dólares destinados a lograr que los combustibles sean más baratos.

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