Gobierno venezolano ocupa empresa de alimentos

CARACAS (AP) — Las autoridades acordaron el viernes la ocupación por seis meses de un consorcio de oleaginosas en el centro de Venezuela e impusieron la “venta supervisada” de productos en Alimentos Polar, la mayor empresa agroalimentaria del país, y otras dos compañías en un intento por frenar la inflación, la cual se agravó en la crisis generada por el coronavirus y ha sido motivo de algunas protestas.

Luego de meses de haber flexibilizado los controles, el gobierno socialista de Nicolás Maduro retomó sus antiguas políticas económicas y acordó la ocupación temporal por 180 días, con posibilidad de prorrogarse, del Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa), que opera en el centro de Venezuela.

Al anunciar la medida en una transmisión de la televisora estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que con la ocupación de Coposa se busca “garantizar la producción” y asegurar que “no se convierta este factor de distorsión en un precio marcador especulativo”.

Asimismo, se estableció la “venta supervisada” de productos en Alimentos Polar, la fabricante de embutidos Plumrose y un matadero del centro del país para garantizar que se “respeten los precios acordados” y supervisar a los receptores de los productos, precisó Rodríguez.

“Vamos a ir apretando la mano cada día que pase”, dijo Maduro la noche del viernes al anunciar el endurecimiento de los controles de precios, los cuales habían sido relajados en los últimos meses para permitir el libre flujo de las importaciones y acabar así con la escasez de algunos alimentos y otros bienes.

El mandatario anunció, en una llamada telefónica que realizó a un programa de la televisora estatal, que a partir del sábado se iniciará un despliegue nacional de funcionarios, militares y policías para supervisar los procesos de comercialización y de precios en todos los negocios. Asimismo, Maduro indicó que, como parte de la política de controles, se instalaron unas “mesas de precios acordados” con la agroindustria en las que se llegaron a unos acuerdos sobre “27 productos fundamentales”, pero no ofreció detalles.

Algunos economistas objetaron el regreso a los controles de precios, y advirtieron que esas medidas agudizarán la crisis y que vuelva a haber escasez de bienes básicos.

“Los controles de precios siempre terminan en escasez, mercados negros, revendedores”, dijo en su cuenta de Twitter Asdrúbal Oliveros, director de la firma local Ecoanalítica, al advertir que con esas condiciones se profundizará el deterioro del reducido sector privado que aún opera en Venezuela.

Las medidas se dan dos días después de que Maduro amenazara con tomar acciones severas contra los empresarios, a los que acusó de utilizar la crisis de la pandemia y la cuarentena para ejecutar una “embestida” y “dañar al país”.

En medio de la emergencia por el coronavirus, que ha dejado 308 contagiados y 10 fallecidos hasta la fecha en Venezuela, los precios de los alimentos y otros bienes han sufrido un fuerte incremento debido en parte al salto de más del doble que ha registrado en el último mes la tasa de cambio del mercado negro, que ronda los 195.000 bolívares por dólar, y los problemas de distribución de los alimentos, generados por la escasez de combustible, que han encarecido los costos de transporte.

La inflación alcanzó en marzo 13,3%, lo que llevó la tasa acumulada del primer trimestre a 124%, anunció el viernes el Banco Central de Venezuela. Los analistas estiman que el índice de precios sufrirá en abril una aceleración más fuerte debido al repunte que han registrado los precios de numerosos alimentos, bienes y servicios. El Fondo Monetario Internacional estima que la inflación en Venezuela cerrará el año en 15.000%.

Desde hace dos años la nación sudamericana está sumergida en un proceso de hiperinflación que ha complicado la crisis económica y social.

La situación de muchas empresas, comercios y trabajadores independientes, que representan cerca de la mitad de la fuerza laboral del país, se ha agravado debido a la cuarentena que impuso el gobierno desde marzo y que paralizó gran parte de la economía.

En un intento por compensar el impacto de la paralización, el gobierno de Maduro comenzó a repartir bonos a los trabajadores formales e informales por un monto equivalente a dos dólares, que ya resultan insuficientes ante el avance inflacionario.

El galopante aumento de los precios, la paralización económica y la escasez de combustible se han convertido en el detonante de algunas protestas callejeras y saqueos de comercios registrados en los últimos días en algunas ciudades del centro y oriente del país. En la localidad suroriental de Upata, en el estado Bolívar, se llevó a cabo el jueves una protesta violenta que dejó un fallecido y dos heridos por arma de fuego.

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