Exministro de Defensa salvadoreño será procesado en libertad

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SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño ordenó el miércoles arresto domiciliar para el exministro de Defensa de El Salvador, general David Munguía Payes, mientras es procesado por su participación en la tregua entre las pandillas con la que el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) buscó disminuir el índice de homicidios en el país.

El Ministerio Público presentó el requerimiento contra Munguía Payes y Funes por los mismos delitos —agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes— pero la jueza, cuyo nombre se pidió no revelar, decidió que en esta audiencia solo miraría el caso de Munguía Payes y el de Funes lo haría en otra.

Durante el gobierno de Funes, mientras se desarrollaba la tregua, Munguía Payes también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública.

El fiscal Álvaro Rodríguez explicó a los periodistas que la resolución de otorgar medidas sustitutivas a Munguía Payes se basó en los principios de humanidad, ya que dos médicos del estatal Instituto de Medicina Legal informaron que el imputado tiene una crisis hipertensiva y recomendaron un tratamiento permanente. También se tomó en cuenta su edad.

Munguía Payes deberá de permanecer en su residencia, no puede salir del país, se le prohíbe tener contacto con personas que hayan tenido calidad de testigos u otra medida de prueba en el proceso y deberá de pagar una fianza de 10.000 dólares.

El fiscal Martínez explicó que el expresidente Funes deberá de enfrentar una audiencia por separado por su calidad de imputado ausente.

Funes se encuentra en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.

La Fiscalía asegura que Munguía Payes fue quien montó y estructuró la tregua de las pandillas y que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenerlo, y que por lo contrario lo avaló.

En 2012, los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir la cifra de muertes por violencia, porque en esa época se registraban al menos 14 fallecimientos al día. Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad, en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.

Cuando Munguía Payés fue citado ante un juzgado para rendir testimonio como testigo en el juicio contra varios imputados acusados de participar en el proceso de la tregua, dijo que se trató de una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad de Funes.

“El proceso de pacificación era una política pública de gobierno y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de parte de los mediadores y de los miembros de la OEA, y mantener informado al señor presidente de la República de los avances del proceso”, dijo el militar.

Con la tregua los homicidios se redujeron hasta cinco por día, pero las cifras volvieron a elevarse cuando ésta se rompió en septiembre de 2013 tras la remoción de Munguía Payés por orden de la Corte Suprema y luego de que las nuevas autoridades les retiraran una serie de beneficios a los pandilleros presos.

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