Periodistas comparecen por caso Chamorro en Nicaragua

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Periodistas comparecen por caso Chamorro en Nicaragua
Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, e hija de la expresidenta Violeta Barrios, habla con la prensa en el Ministerio Público donde fue convocada a una reunión para explicar presuntas "inconsistencias" en informes financieros presentados ante el gobierno entre 2015 y 2019 en Managua, Nicaragua, el viernes 21 de mayo de 2021. (Foto AP/Diana Ulloa)

MANAGUA (AP) — Periodistas independientes y exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) comparecieron el martes ante la Fiscalía de Nicaragua en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero contra la exdirectora de esa ONG y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro.

La corresponsal de la cadena estadounidense Univisión, María Lilly Delgado, y los exfuncionarios de la FVBCH, Guillermo Medrano y Lourdes Arróliga, se presentaron por la mañana ante el Ministerio Público, donde se negaron a declarar y fueron representados por un abogado.

“No sabemos si nos van a imputar, pero nos dijeron que nos podían volver a llamar”, explicó Delgado a colegas que cubrían el suceso a las afueras de la institución en medio de una fuerte vigilancia policial. Agregó que los funcionarios de la Fiscalía les advirtieron que al negarse a declarar podrían pasar de testigos a “acusados”.

Para la tarde fueron citados el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación, de línea crítica al gobierno de Daniel Ortega, y la periodista Verónica Chávez, exdirectora del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno a fines de 2018.

El Ministerio Público investiga a Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por sicarios del dictador Anastasio Somoza, por supuestas irregularidades financieras de la Fundación creada por su madre y que dirigió hasta enero pasado.

La periodista ha dicho que aspira a competir contra Ortega en las elecciones del próximo 7 de noviembre, cuando el exguerrillero sandinista buscará su tercera reelección.

La FVBCH, creada en 1997 para promover la libertad de prensa, cerró operaciones en febrero pasado. Según sus directivos, el cierre se produjo en rechazo a la polémica Ley de Agentes Extranjeros, aprobada a fines de 2020 para controlar el acceso de recursos externos por parte de las ONG.

“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los estados financieros (del) período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”, señaló la entidad en el único comunicado emitido hasta ahora.

Cristiana Chamorro denunció el lunes que el gobierno “congeló” sus cuentas y levantó el sigilo bancario, como parte de lo que llamó una operación “macabra”. La periodista ha calificado la investigación en su contra como una “monstruosidad jurídica” para impedir su participación en los comicios.

Ese mismo día, la redacción del diario digital Confidencial y de otros dos medios de prensa dirigidos por su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, fue allanada por la policía. Chamorro dijo que sus oficinas fueron “saqueadas” por segunda vez, ya que en diciembre de 2018 fueron ocupadas por fuerzas policiales y posteriormente confiscadas por el Estado.

El influyente periodista fue galardonado el jueves con el Premio de Periodismo Ortega y Gasset, que otorga el diario El País, en la categoría Trayectoria Profesional. “Lo recibo como portavoz de un mensaje de aliento al periodismo nicaragüense, por su resistencia en defensa de la libertad, en esta hora de persecución” declaró Chamorro vía Twitter.

Nicaragua vive una crisis política que se inició en abril de 2018, cuando protestas estudiantiles contra una reforma a la ley del Seguro Social fueron sofocadas por la Policía y paramilitares. La acción dejó 328 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno atribuyó la revuelta social a un “fallido golpe de Estado” contra Ortega y desde septiembre de 2018 prohíbe realizar manifestaciones opositoras. La oposición reclama la liberación de más de 100 “presos políticos” que asegura permanecen en las cárceles del país.

Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que en noviembre cumplirá 76 años, fue presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007. Desde entonces se ha reelegido dos veces, en comicios que sus adversarios calificaron de “fraudulentos”.

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