Corte en Holanda ratifica prohibición de suicidio asistido

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Corte en Holanda ratifica prohibición de suicidio asistido
ARCHIVO - Activistas hacen un acto de respeto por las personas que se quitaron la propia vida, La Haya, Holanda, 10 de octubre de 2022. Una corte holandesa ratificó el miércoles 14 de diciembre de 2022 la prohibición del suicidio asistido, en un revés para los activistas que lo consideran una violación de sus derechos humanos. (AP Foto/Peter Dejong, File)

LA HAYA, Holanda (AP) — Una corte holandesa ratificó el miércoles la prohibición del suicidio asistido, en un revés para los activistas que lo consideran una violación de su derecho a decidir cuándo finaliza su vida.

La Corte Distrital de La Haya rechazó el argumento de los activistas, de que la prohibición viola la Convención Europea de Derechos Humanos.

El “derecho de decidir por propia cuenta acerca del fin de la vida propia, efectivamente, está protegido” por la convención, dijo la corte en un comunicado. “Sin embargo, este derecho a la autodeterminación no se extiende hasta el punto de que existe el derecho a obtener el suicidio asistido”.

Frits Spangenberg, presidente del grupo Cooperativa Última Voluntad, que presentó el caso con 29 demandantes, dijo que estaba decepcionado por el fallo, pero prometió continuar la lucha. Dijo que estudiaría el fallo con los abogados antes de decidir si lo apela.

“No estoy sorprendido, pero esperaba mayor perspectiva”, dijo Spangenberg en entrevista telefónica.

El gobierno no hizo declaraciones sobre el fallo.

Holanda fue la primera nación que legalizó la eutanasia. Una ley de 2002 permite a los médicos poner fin a la vida de enfermos bajo condiciones estrictas, sea suministrando una dosis fatal de drogas o entregándole las drogas al paciente.

El suicidio asistido, en el que alguien que no es médico suministra a la persona una sustancia letal para que la consuma, sigue siendo ilegal.

La Asociación Holandesa para el Fin Voluntario de la Vida también criticó el fallo al sostener en un comunicado que protege una “situación en que el gobierno priva a sus ciudadanos del derecho de morir con dignidad por propia decisión”.

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