La pobreza empeora en Argentina ante la presión de la inflación

La pobreza empeora en Argentina ante la presión de la inflación
Personas en condición de calle duermen dentro del cajero de un banco en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 27 de septiembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

BUENOS AIRES (AP) — El comedor huele a desinfectante, como un hospital. Las largas mesas blancas están vacías y el televisor apagado. En un patio aledaño, unos pocos hombres fuman o cuelgan ropa recién lavada hasta que se hacen las cuatro de la tarde. En breve, una cocinera servirá la merienda que marcará el inicio de la cuenta regresiva para que todos los residentes estén de regreso al refugio antes del anochecer.

Con el rostro cansado, los moradores atraviesan el acceso principal y forman hilera para recibir una bebida caliente y una porción de torta. El alimento les cambia el semblante tras otra jornada de penurias y dispara la charla entre ellos, mientras de fondo el televisor se sintoniza en un noticiero.

Los horarios son de cumplimiento bastante estricto en el Centro de Inclusión Social “Bepo Ghezzi”, en el barrio Parque Patricios de Buenos Aires, para hombres en situación de calle, donde además de cama, duchas calientes y cuatro comidas diarias, reciben contención psicológica y capacitación para insertarse laboralmente.

En el último tiempo, estos espacios dependientes de la alcaldía de la capital argentina –hay 38 con un total de 3.000 plazas- albergan cada vez a más personas arrojadas a la calle porque sus ingresos no les permiten afrontar el costo del alquiler en un contexto de inflación mensual de dos dígitos y que ha empujado la pobreza.

En el primer semestre del año llegó al 40,1% de la población, según la medición oficial que se difundió el miércoles. En el segundo semestre de 2022, era del 39,2%.

En tanto que la indigencia afecta al 9,3% contra el 8,1% de diciembre del año pasado.

Al trasladar la muestra a la población total de 46 millones de personas, 18,4 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, mientras 4,2 millones son indigentes.

“Estaba alquilando (en capital) y hubo un aumento, no pude seguir pagando el lugar”, contó Lionel Pais, de 37 años, que llegó al refugio hace tres semanas, justo después de una devaluación del peso de casi 20% que llevó a la inflación de agosto a 12,4%, la más alta en 32 años. “Estos aumentos bruscos que hubo, esta situación económica que hay en el país, no me permiten cubrir los gastos básicos. Y yo estoy solo”. Pais vive de “changas” (trabajo informal) y admitió que delinquió para sobrevivir.

“No hay muchas oportunidades, cada vez está peor la cosa”, afirmó.

Durante gran parte del siglo XX, Argentina mostró una dinámica de ascenso social que dio forma a una clase media distintiva a nivel regional. En contraste, en lo que va del siglo XXI la pobreza nunca estuvo por debajo del 25%.

Sin embargo, la combinación en el último lustro de recesión económica, endeudamiento externo, crisis sanitaria por el COVID-19 y una inflación descontrolada —124,4% interanual hasta agosto, una de las más altas del mundo— agravó la situación social.

A sus 26 años, Sebastián Boned tuvo que llamar a la línea telefónica de asistencia para personas en situación de calle cuando el salario en negro que cobraba como recepcionista de hotel ya no le alcanzó para costear los 80.000 pesos, equivalentes a 218 dólares, para la renta en una pensión.

El joven también lleva tres semanas en el Centro de Inclusión Social “Félix Lora” del barrio de San Telmo. “Acá es un lugar tranquilo, aunque no estoy todo el día. Me levanto a las 5:30 para ir al trabajo, vuelvo a las 13.30 para almuerzo. Y a la tarde vuelvo a salir. Estoy cómodo acá, hay gente que trabaja. No hay conflicto”, describió.

Estos refugios, sin embargo, sólo garantizan techo durante tres meses. En ese plazo, los residentes reciben asesoramiento para conseguir trabajo y tramitar un subsidio que le permita cubrir parte de la renta.

“El problema de la persona que está en la calle es que perdió la estructura. Un orden. Nosotros tratamos de dárselo”, indicó Mercedes Vucassovich, trabajadora social y responsable del centro. “Hay personas que ya cumplido el trabajo que se hace con ellos tienen que dar el paso para lograr su autonomía. La mayoría te va a decir que el sueldo no le alcanza”.

Según cifras oficiales correspondientes al segundo trimestre de este año, el ingreso promedio per cápita del total de la población está en 87.310 pesos (237 dólares). Una familia tipo necesita un ingreso de más de 280.000 pesos (765 dólares) para no ser pobre.

En Morón, suburbio al oeste de la capital, María de los Ángeles García y Adrián Viñas Coronel, junto a sus cinco hijos de tres meses a 13 años de edad, consiguieron alquilar una casilla sin agua potable en un barrio precario después de seis meses en la calle. Con un domicilio fijo, recién ahora pueden escolarizar a sus hijos más pequeños en una escuela pública.

Su único ingreso fijo son unos 90.000 pesos (245 dólares) al mes que reciben de ayuda social, de los cuales tienen que destinar 25% a la renta. “No te ayuda mucho. Tenemos que salir todo el día a trabajar a la calle porque no nos alcanza ni para la comida ni los pañales de los chicos. Repartimos tarjetas, me siento en la puerta de McDonald´s y la gente me ayuda”, comentó García, de 31 años.

La familia asiste a la ONG Corazón Azul, que ofrece merienda, asistencia médica y donaciones materiales a población vulnerable de la zona. Entre ellos está Alejandro Heredia, un licenciado en medioambiente de 53 años, que también ha sufrido el deterioro de su economía al ritmo de las sucesivas crisis y el COVID, que le dejó como secuela una presión alta que le impide conseguir trabajo formal. Duerme en trenes y junta latas para vender en reciclado.

“Cuando pensás que estás peor, siempre se está peor de lo que ya estabas. Hace 40 años estamos así y van varios gobiernos”, se quejó.

Un día antes de darse a conocer la cifra de pobreza, el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, anunció un refuerzo de ingresos de 94.000 pesos a pagar entre octubre y noviembre para trabajadores y trabajadoras informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica del Estado.

Es la última de una batería de medidas sociales con las que el partido peronista gobernante busca frenar la fuga de votos de los sectores populares hacia el ultraderechista Javier Milei, quien lidera las encuestas para las generales del 22 de octubre con promesas de dolarización para terminar con la inflación.

“La gente de calle no sabés lo bondadosa que es. Te ayuda. He estado en lugares que los chicos que no tienen para comer te dan un pan”, describió Heredia. "Después los ves (a los políticos)... Lamentablemente es lo mismo de siempre. Independientemente de quién esté, uno tiene que salir a la calle y seguir viviendo”, reflexionó Heredia.

Publicado en Inicio » Mundo »