Colombia confisca bienes de implicados en asesinato de fiscal paraguayo Marcelo Pecci

BOGOTÁ (AP) — La fiscalía colombiana confiscó bienes valuados en aproximadamente 196.000 dólares a tres implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, dos de ellos confesos responsables condenados a más de 23 años de prisión.

Las medidas cautelares de embargo fueron impuestas sobre tres inmuebles y dos vehículos que pertenecerían a tres de los señalados y uno de sus familiares, quien habría prestado su nombre para ocultar algunos bienes, detalló la fiscalía el lunes en un comunicado.

El fiscal paraguayo fue asesinado el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en la Isla Barú, en el Caribe colombiano, de luna de miel junto a su esposa, quien salió ilesa. La pareja fue seguida por los señalados y luego el fiscal asesinado a tiros por hombres que arribaron a la isla en una moto acuática y luego huyeron.

Los bienes confiscados estarían a nombre de Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, quienes desde el noroeste del país viajaron hasta Barú para seguir de cerca al fiscal y se hospedaron en el mismo hotel donde se cometió el crimen.

Según la fiscalía, Londoño Bedoya y Monsalve Londoño dieron la señal en la playa moviendo los brazos para que sus cómplices llegaran al punto exacto donde estaba Pecci. En junio de 2022 fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión.

Otros bienes pertenecerían a Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, quien se encuentra en juicio y presuntamente participó en la planeación del asesinato junto con los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, ambos sentenciados a 25 años de prisión en mayo de 2023 por el crimen del fiscal.

Otros bienes fueron confiscados a Virgelina Hoyos, madre de los hermanos Pérez Hoyos, quien según la fiscalía habría prestado su nombre para ocultarlos.

Las diligencias para embargar los bienes fueron llevadas a cabo en Bogotá y Rionegro, Antioquia, al noroeste del país.

Los inmuebles y vehículos pasaron a ser administrados por el Estado bajo la figura de extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito.