Detienen a dos presuntos implicados en asesinato de un fiscal en Ecuador
QUITO (AP) — Dos presuntos implicados en el crimen del fiscal que investigaba por terrorismo el asalto a un canal de televisión en directo por un grupo de hombres armados la semana pasada en Ecuador fueron detenidos, informó el jueves la policía.
César Suárez, quien integraba la unidad de investigación de delincuencia organizada transnacional e indagaba importantes casos de narcotráfico y corrupción, fue acribillado la tarde del miércoles en la ciudad portuaria de Guayaquil, cuando se trasladaba en su vehículo hacia una audiencia, en otro caso de violencia que volvió a estremecer el país.
El comandante de la policía, general César Zapata, dijo en la red social X, antes Twitter, que mediante diligencias se logró identificar a dos sospechosos del asesinato del fiscal, quienes fueron capturados en esa ciudad y a quienes se les incautó un fusil, dos pistolas, alimentadoras y dos vehículos.
En fotografías que el alto mando policial acompañó con el mensaje se observan los artículos incautados, además de un chaleco, camisa, gorras y otras prendas de vestir con identificación de instituciones municipales y estatales.
El general de policía Víctor Herrera, jefe de la zona 8, donde está Guayaquil, en rueda de prensa dijo que están detenidos el conductor y el presunto sicario, que pertenecerían a la banda terrorista denominada Chone Killers, pero que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del crimen.
Precisó que los agentes recopilaron en la escena del crimen de Suárez 18 indicios balísticos, 12 de los cuales corresponden a una arma larga y seis a una corta y que tras las investigaciones que iniciaron de inmediato, se han localizado las armas presuntamente utilizadas en el asesinato.
La tarde del jueves, un juez de garantías penales dictó orden de prisión preventiva contra los detenidos, acogiendo los elementos de convicción presentados por la fiscalia, informó la entidad en la red social X.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, expresó la víspera que el hecho “atroz” no detendrá el trabajo y compromiso de quienes “estamos cumpliendo desde la justicia del Ecuador”. Además, solicitó garantías de seguridad para los fiscales y que las autoridades judiciales autoricen que las audiencias sean telemáticas.
En su cuenta de X, la Fiscalía General aseguró que el día del asesinato, Suárez indicó que tenía una audiencia telemática por lo cual no requería “del acompañamiento de escolta”, pero Herrera destacó que el fiscal tuvo seguridad permanente hasta el 10 de mayo de 2023, pero que no renovó el pedido y desde entonces contaba con seguridad para ocasiones específicas.
Suárez, además de investigar por presuntos actos terroristas a los detenidos en el ataque a un canal de televisión que transmitía en vivo, llevaba casos por corrupción en los hospitales y la venta ilegal de medicinas e insumos médicos durante la pandemia del COVID-19.
También tenía a cargo el caso Metástasis sobre un capo ecuatoriano que había infiltrado al Estado y obtenía trato de favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios.
En estos últimos casos estaba siendo indagado Daniel Salcedo, capturado en Panamá y entregado a las autoridades ecuatorianas la medianoche del miércoles junto a otro exfuncionario, quienes contaban con difusión roja de Interpol.
A su arribo al aeropuerto de Quito, el director de investigaciones de la policía, general Freddy Sarzosa, precisó que la deportación de los ecuatorianos Salcedo y Álvaro Ponce se da por su presunta implicación en el caso Metástasis.
Los hechos se dan en medio de una espiral de violencia en el país andino que se generó tras la desaparición del capo del narcotráfico Adolfo Macías, alias Fito, de una cárcel de Guayaquil, y que llevó al gobierno del presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción y posteriormente el “conflicto interno armado” para combatir a los grupos del crimen organizado y del narcotráfico, a los que calificó de “terroristas” y que “objetivo militar”.
Según las autoridades, 1.975 personas han sido detenidas como parte de los numerosos operativos durante la emergencia. De ellos 158, indican, son acusados por supuestos actos terroristas.
