Cambios en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia sacuden acuerdos de reforma policial
La administración Trump anuncia pausas en litigios de derechos civiles y plantea reconsiderar acuerdos negociados previamente.
En un giro que podría redefinir la agenda de derechos civiles en Estados Unidos, la nueva dirección del Departamento de Justicia en la administración Trump ha decidido pausar temporalmente los litigios en asuntos de derechos civiles. Esta medida incluye una revisión de los acuerdos de reforma policial alcanzados durante la administración Biden, según dos memorandos internos obtenidos por medios de comunicación.
¿En qué consisten los acuerdos de reforma policial?
Los acuerdos de reforma, conocidos como decretos de consentimiento, son compromisos legales impuestos a departamentos de policía para prevenir futuras violaciones a los derechos civiles. Estos suelen ser resultado de investigaciones federales que determinan patrones de conducta inapropiada, desde el uso excesivo de fuerza hasta prácticas discriminatorias.
Por ejemplo, los recientes acuerdos negociados en Louisville, Kentucky, y Minneapolis, Minnesota, se originaron tras las trágicas muertes de Breonna Taylor y George Floyd en 2020. Estos acuerdos incluían recomendaciones para cambiar las políticas de uso de fuerza, mejorar los entrenamientos de los agentes y fomentar la transparencia hacia el público.
El congelamiento de litigios
Según los memorandos, los abogados de la División de Derechos Civiles han recibido instrucciones de no presentar nuevas demandas ni documentos judiciales relacionados hasta nuevo aviso. Además, se les ha ordenado notificar a los nuevos líderes del Departamento de cualquier acuerdo o decreto de consentimiento finalizados en los últimos 90 días.
Un portavoz informó que esta pausa busca garantizar que la administración de Trump tenga la oportunidad de revisar la estrategia legal y asegurarse de que las acciones federales reflejen "una voz única" en su interpretación de la ley.
¿Qué implica esta pausa para los acuerdos en Louisville y Minneapolis?
Ambos decretos todavía necesitan la aprobación de un juez para entrar en vigor. Estos podrían posponerse indefinidamente o incluso ser descartados. Entre las reformas incluidas, el acuerdo en Minneapolis proponía cambios significativos en el entrenamiento y políticas del uso de fuerza tras el asesinato de Floyd, que fue el catalizador de protestas globales contra el racismo y la violencia policial.
En Louisville, el Departamento de Justicia había encontrado a las autoridades locales responsables de violaciones sistémicas de derechos civiles, incluidas prácticas discriminatorias contra comunidades afroamericanas.
Impacto en la política de derechos civiles
Bajo la primera administración Trump, el Departamento de Justicia limitó severamente el uso de decretos de consentimiento, argumentando que estos interferían en la gobernanza local. Se anticipa que la actual dirección siga una política aún más restrictiva en este sentido.
La nueva jefa de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, es conocida por sus posturas conservadoras, y su nombramiento refleja el giro hacia prioridades distintas, posiblemente apartándose de las investigaciones que se enfocan en la reforma policial.
División de opiniones
Los críticos han calificado esta medida como un retroceso en los avances logrados en el control y la reforma de los cuerpos policiales del país. Kristen Clarke, expresidenta del Comité Nacional de Abogados por los Derechos Humanos, criticó que "pausar estos litigios envía un mensaje preocupante a las víctimas de abusos policiales".
Por otro lado, los defensores de esta pausa sostienen que los decretos de consentimiento pueden ser costosos e ineficientes. Algunos líderes locales han argumentado que las reformas incluidas en estos acuerdos no siempre se traducen en mejoras tangibles en la seguridad pública.
El rol del público en esta narrativa
A medida que estas políticas siguen generando debates, es crucial recordar que la relación entre comunidades y cuerpos policiales está en juego. Las ciudades como Minneapolis y Louisville se enfrentan al desafío de restaurar la confianza pública mientras reforman sus cuerpos de seguridad.
El curso que adopte esta administración en relación con los derechos civiles podría moldear no solo el legado del Departamento de Justicia, sino también el futuro de las relaciones raciales y la justicia social en el país.
