La Batalla por el Derecho a Leer: Censura en Bibliotecas de Arkansas
La destitución de una bibliotecaria tras resistirse a la censura desafía los principios de libertad de expresión y acceso a la información.
En un clima cada vez más polarizado, el debate sobre la censura y el acceso a la información en Estados Unidos sigue ganando intensidad. En el centro de esta controversia está Patty Hector, exdirectora de la Biblioteca del Condado de Saline, Arkansas, quien ha presentado una demanda por despido injusto después de defender públicamente la libertad de acceso a libros con temáticas sensibles. Su caso no solo pone de relieve los intentos de censura, sino también cómo estas decisiones afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Contexto del Despido
En 2023, Patty Hector fue despedida por el juez del condado, Matt Brumley, tras oponerse enérgicamente a un esfuerzo liderado por el grupo Saline County Republican Women. Este grupo exigía mover libros con temas raciales o relacionados con la comunidad LGBTQ+ a secciones no accesibles para niños. Hector se pronunció contra una resolución aprobada por la corte cuórum del condado, el órgano de gobierno local, que apoyaba estas restricciones.
La corte cuórum no se detuvo allí, aprobando además una ordenanza que retiraba a la junta de la biblioteca la capacidad de contratar y despedir personal, transfiriendo esa autoridad al juez del condado. Dos meses después, Brumley despidió a Hector. Según la demanda interpuesta por la ACLU de Arkansas, esta acción violó los derechos de la Primera Enmienda al castigarla por expresar su oposición.
Un Contexto Nacional
El caso de Patty Hector no es un hecho aislado. En los últimos años, se han registrado niveles récord de censura de libros en bibliotecas públicas y escolares en Estados Unidos. Según datos de la American Library Association (ALA), el año 2022 marcó un máximo histórico en peticiones para eliminar libros de estanterías, muchos de ellos relacionados con temas de diversidad racial, identidad de género y sexualidad.
Arkansas no es la excepción. En 2023, el estado aprobó una legislación que simplificaba la censura de libros en bibliotecas, aunque fue declarada inconstitucional por un tribunal federal. A medida que más estados, liderados por legislaturas republicanas, impulsan leyes similares, el debate entre la promoción de valores tradicionales y la protección de la libertad de expresión plantea un dilema complejo.
Implicaciones del Caso de Hector
La destitución de Patty Hector es un ejemplo palpable de cómo el acceso a libros y la operación de bibliotecas públicas se han convertido en campos de batalla políticos. Según la demanda, la censura no solo traiciona el propósito fundamental de las bibliotecas de proporcionar acceso imparcial a la información, sino que también lastima psicológicamente a trabajadores como Hector, que enfrentan represalias por defender estos valores.
“Perder mi empleo fue devastador, pero me niego a aceptar estos actos sin luchar,” afirmó Hector en un comunicado. La ACLU respalda su caso, argumentando que su despido representa un ataque directo contra la libre expresión.
La Respuesta Pública y los Próximos Pasos
La demanda pide que se revierta la ordenanza que transfirió el control de contratación al juez del condado, así como una compensación económica por los daños emocionales sufridos por Hector. Asimismo, refuerza la importancia de las bibliotecas como instituciones que garantizan el acceso equitativo y libre al conocimiento.
John Williams, director legal de la ACLU de Arkansas, señaló: “Las bibliotecas públicas deben mantenerse alejadas del control político. Lo que pasó con Patty Hector es un claro recordatorio de los peligros que enfrentan las comunidades cuando permitimos que la censura gane terreno.”
Un Futuro en Juego
Este caso resalta la creciente división en el país respecto a la libertad de información y establece un precedente importante para otros estados enfrentando desafíos similares. Más allá de las políticas locales, el caso de Arkansas refleja una lucha más amplia: proteger los derechos fundamentales en un entorno político cada vez más fragmentado.
En una época en la que las bibliotecas son vistas como refugios del conocimiento, su politización plantea preguntas complejas sobre quién tiene derecho a decidir qué se puede leer y quién define los límites de la expresión cultural.
