Georgia avanza en la restricción del acceso a la atención médica transgénero para adultos
Un proyecto de ley que busca eliminar la financiación estatal para la atención médica de afirmación de género avanza en el Senado, generando un acalorado debate sobre derechos y discriminación.
El avance de la legislación anti-trans en Georgia
El Senado de Georgia ha dado un paso adelante en la restricción de la atención médica para personas transgénero al aprobar un proyecto de ley que eliminaría la financiación estatal para estos servicios. La votación, realizada en la Comisión de Seguros y Trabajo del Senado, se saldó con un resultado de 6-3 a favor de la medida, a pesar de los testimonios de empleados públicos afectados.
Figures como Carrie Scott, abogada y empleada estatal transgénero, expresaron su preocupación y frustración ante lo que califican como una medida discriminatoria. “Es una bofetada en la cara recompensar nuestro servicio quitándonos el acceso a la atención médica que necesitamos desesperadamente”, señaló Scott.
Antecedentes de restricciones en otros estados
Georgia no es el único estado en plantear este tipo de restricciones. En los últimos años, varias administraciones republicanas han impulsado medidas similares. En Wisconsin, el gobernador demócrata Tony Evers vetó un proyecto de ley que buscaba prohibir la financiación de Medicaid para tratamientos de afirmación de género. En Ohio, el exgobernador Mike DeWine intentó imponer restricciones a la atención médica trans para adultos, lo que fue revertido posteriormente. En Florida, una ley de 2023 estableció que los procedimientos de afirmación de género deben ser supervisados exclusivamente por médicos y con citas presenciales.
Para 2025, más de 10 estados han presentado proyectos de ley con objetivos similares al de Georgia, incluyendo Arizona, Kentucky, Montana, Misisipi, Oklahoma, Texas y Virginia.
El impacto en empleados estatales
La medida en Georgia afectará a numerosos empleados estatales, beneficiarios de Medicaid y personas encarceladas. Si el proyecto se convierte en ley, las personas trans perderían su cobertura de tratamientos de afirmación de género a partir del 1 de enero de 2026. Algunos trabajadores, como Khara Hayden, especialista en tecnología de la información, advirtieron que podrían verse obligados a dejar sus empleos estatales si esta cobertura es eliminada.
“Si aprueban este proyecto de ley, esencialmente van a quitarme la atención que necesito para seguir viviendo”, testificó Hayden ante el comité.
Resistencia política y desafíos legales
Aunque la legislación ha avanzado en el Senado, podría encontrar obstáculos en la Cámara de Representantes de Georgia. Jon Burns, presidente republicano de la Cámara, ha indicado que su único enfoque en legislación trans este año es la prohibición de participar en deportes escolares y universitarios, lo que podría dificultar la aprobación de esta nueva restricción sanitaria.
Por otro lado, grupos defensores LGBTQ+ ya han advertido que, de aprobarse la ley, presentarán demandas alegando que la prohibición es inconstitucional. En 2020, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que la discriminación laboral contra personas LGBTQ+ viola la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esto podría sentar un precedente para impugnar nuevas restricciones a los derechos de las personas trans.
Carl Charles, abogado de Lambda Legal, ve estas restricciones como parte de una estrategia más amplia respaldada por líderes republicanos, afirmando que “se sienten envalentonados por el aluvión de órdenes ejecutivas de Trump contra las personas trans”.
Un debate nacional en expansión
El intento de Georgia de restringir la atención transgénero para adultos refleja una tendencia mayor en los Estados Unidos, en la que los derechos de las personas trans se han convertido en una batalla central en la política estatal y federal. La controversia involucra temas de derechos humanos, acceso a la salud, lucha contra la discriminación y el papel del estado en la regulación de la atención médica.
A medida que más estados presentan proyectos de ley similares, grupos de derechos civiles y defensores de la salud advierten sobre los peligros de estas políticas, que podrían afectar la vida y el bienestar de miles de personas trans de todo el país.
