Puerto Rico y el debate energético: ¿El fin de las energías renovables en la isla?

Un cambio de rumbo en la política energética

El gobierno de Puerto Rico ha generado controversia con un nuevo proyecto de ley que busca eliminar los objetivos de energía renovable y extender el funcionamiento de la única planta de carbón en la isla. Esta iniciativa, impulsada por la recién electa gobernadora Jenniffer González, enfrenta una fuerte oposición de ambientalistas y sectores de salud pública.

Pese a que en 2019 se estableció una política pública con metas ambiciosas de energía renovable —40% en 2025 y 60% en 2040—, la nueva administración argumenta que la falta de un suministro eléctrico confiable justifica una pausa en estos objetivos.

Los efectos nocivos de la planta de carbón

La planta de carbón de Guayama, operada por AES Puerto Rico, ha sido señalada durante años por sus efectos perjudiciales en la salud de la población. Estudios médicos han reportado un incremento en enfermedades respiratorias, cáncer y otras dolencias en comunidades cercanas a la planta.

“Estamos alarmados de que este proyecto esté siquiera en consideración”, afirmó Nadya Rivera, representante de Puerto Rico Clinicians for Climate Action. Con una de las tasas de asma más altas del mundo, la isla se enfrenta a un dilema de salud pública al decidir extender el uso de combustibles fósiles.

El dilema de la generación de energía

Actualmente, la planta de carbón de Guayama produce aproximadamente el 20% de la energía que consume Puerto Rico. Según Jesús Bolinaga, presidente de AES Puerto Rico, el cierre programado para 2027 generaría un déficit energético si no se establecen alternativas viables.

Sin embargo, los legisladores han cuestionado por qué no se tomaron medidas desde 2019 para transformar la planta en una generadora de energía limpia. “Estos funcionarios del gobierno no solo fallaron a la isla, sino a toda su población”, declaró el representante Héctor Ferrer durante una audiencia pública.

Otras opciones en la mesa

A la par de la defensa del carbón, el gobierno puertorriqueño también está considerando proyectos de gas natural y la construcción de nuevas plantas de combustibles fósiles. En contraparte, se anunció un contrato de $767 millones con Tesla, financiado por el gobierno de EE.UU., para adquirir sistemas de almacenamiento de energía con capacidad de 430 megavatios.

El problema de los apagones sigue afectando a la isla, con un aumento del 11% en la duración de las interrupciones eléctricas en 2023. El apagón masivo del 31 de diciembre, que dejó a 1.2 millones de clientes sin electricidad, es un recordatorio de la fragilidad del sistema.

Un futuro incierto para la energía renovable

Aunque el gobierno mantiene el objetivo de un 100% de energía renovable para 2050, la eliminación de metas intermedias genera incertidumbre. “Este proyecto de ley significa la muerte de la energía renovable en Puerto Rico”, expresó Pedro Saadé, experto en derecho ambiental.

Puerto Rico se encuentra en una encrucijada: apostar por una transición energética con fuentes limpias o prolongar su dependencia en combustibles fósiles con los riesgos ambientales que ello conlleva. La decisión que tome el gobierno tendrá repercusiones a largo plazo en la calidad de vida de sus ciudadanos y en la estabilidad del sistema eléctrico.