El auge de las leyes anti-santuario en EE.UU.: castigos, demandas y una creciente batalla política
Legisladores republicanos buscan endurecer las sanciones contra ciudades y funcionarios que no cooperen con la política de inmigración federal impulsada por Donald Trump.
Un nuevo frente en la lucha contra las ciudades santuario
Las ciudades santuario han sido un punto clave en el debate sobre inmigración en Estados Unidos durante los últimos años. Mientras que muchas comunidades defienden estas políticas como una forma de proteger a los inmigrantes y fomentar la confianza con las fuerzas del orden locales, los republicanos, alineados con el expresidente Donald Trump, han intensificado esfuerzos para prohibirlas y sancionar a quienes las implementen.
Según un análisis de Associated Press usando el software de seguimiento de legislaciones Plural, más de 20 estados han presentado proyectos de ley este año con el objetivo de castigar a funcionarios locales que dificulten la cooperación con autoridades de inmigración federales. Las iniciativas incluyen desde multas hasta posibles penas de prisión para alcaldes, concejales y funcionarios gubernamentales.
Casos emblemáticos: Georgia y Luisiana
En Georgia, donde una ley ya impone la cooperación obligatoria con las autoridades federales de inmigración, el Senado estatal aprobó recientemente una nueva legislación que permitiría demandar a gobiernos locales y funcionarios que incumplan la normativa. “El objetivo es que los ciudadanos afectados puedan tomar acciones legales contra quienes desobedezcan la ley de inmigración de Georgia”, explicó el senador republicano Blake Tillery.
Sin embargo, opositores advierten que esta medida podría forzar a las fuerzas del orden locales a detener inmigrantes por un tiempo excesivo, solo para evitar demandas legales en el futuro. “Estamos amenazando a nuestras fuerzas policiales locales, que ya hacen todo lo posible por mantener seguras nuestras comunidades”, criticó la senadora demócrata Nikki Merritt.
De manera similar, en Luisiana, la oficina del fiscal estatal demandó recientemente a la oficina del sheriff de Nueva Orleans, acusándola de violar las leyes estatales contra las políticas santuario. Actualmente, el condado solo colabora con solicitudes de retención de inmigrantes en casos de delitos graves como asesinato, violación o secuestro.
Trump y su guerra contra las políticas santuario
La administración de Donald Trump ha tomado un rol proactivo en demandar a ciudades y condados que, según ellos, obstaculizan las acciones de detención y deportación de inmigrantes indocumentados. El Departamento de Justicia presentó litigios contra Illinois, Chicago y el condado de Cook con el argumento de que están desobedeciendo la ley federal al negarse a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante su mandato y en su más reciente regreso a la política, Trump ha sido un fuerte crítico de las ciudades santuario, calificándolas como un riesgo para la seguridad pública y prometiendo medidas contundentes para eliminarlas. La directora general del ICE bajo Trump declaró en diversas ocasiones que estas políticas suponen “un obstáculo significativo” en los esfuerzos por hacer cumplir las leyes migratorias del país.
Las medidas más extremas: prisión y grandes multas
Algunos estados han llevado el castigo contra las políticas santuario a extremos nunca antes vistos. En Tennessee, los funcionarios locales que aprueben medidas contrarias a las directrices federales pueden enfrentarse a cargos por delitos graves, punibles hasta con seis años de prisión. Por su parte, en Wyoming, un proyecto de ley propone sanciones que incluyen penas de cárcel de cinco a diez años y multas de hasta $20,000 para quienes no cooperen con autoridades migratorias.
En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley que exige acción legal contra gobiernos locales que adopten políticas santuario. Los funcionarios que desobedezcan la ley voluntariamente podrían enfrentar multas de hasta $5,000.
¿Qué sigue en la batalla migratoria?
A medida que más estados avanzan con legislaciones punitivas contra las ciudades santuario, se prevé una oleada de disputas legales que podrían llegar hasta la Corte Suprema. Grupos defensores de los derechos de inmigrantes han advertido que muchas de estas leyes podrían ser inconstitucionales, al penalizar a funcionarios por ejercer la autonomía gubernamental garantizada en sus estados.
En el centro de esta batalla, los inmigrantes indocumentados siguen siendo los más afectados, con un creciente temor sobre su seguridad y el alcance de las intervenciones policiales bajo estas nuevas legislaciones. En Georgia, por ejemplo, activistas han reportado que familias temen denunciar delitos o incluso acudir a escuelas o iglesias por miedo a ser arrestadas.
Con las elecciones presidenciales en el horizonte, está claro que la inmigración seguirá siendo un tema candente, con Trump y sus aliados promoviendo medidas de mano dura, mientras que sectores progresistas buscan frenar el avance de leyes restrictivas.
