La polémica campaña publicitaria del DHS: propaganda o una necesidad urgente
El Departamento de Seguridad Nacional otorgó contratos multimillonarios a dos firmas vinculadas a republicanos sin un proceso de licitación competitivo.
Un contrato de $200 millones con tintes políticos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha desatado controversia al otorgar los primeros contratos de un gasto proyectado de $200 millones para una campaña televisiva que promueve las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Lo que ha llamado la atención no solo es el contenido de los anuncios, sino la forma en que se adjudicaron los contratos.
Contrario a lo que se declaró inicialmente, el DHS no llevó a cabo una licitación completamente abierta. En su lugar, apeló a la “urgencia inusual y apremiante”, un mecanismo legal que permite saltarse los procedimientos competitivos normales en contrataciones gubernamentales. La justificación: la declaración de emergencia nacional en la frontera con México realizada bajo la administración Trump.
Las empresas detrás del proyecto
Las compañías beneficiadas fueron People Who Think, LLC, propiedad de Jay Connaughton, exasesor de la campaña de Trump en 2016, y Safe America Media, LLC, una empresa registrada en Delaware días antes de la adjudicación del contrato, con vínculos a otro consultor republicano, Mike McElwain.
Los contratos ya han generado desembolsos millonarios. Por ejemplo, Safe America Media ha recibido $16 millones por la compra de espacios publicitarios.
¿Campaña informativa o publicidad política?
Los anuncios, que presentan a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con un fondo de banderas estadounidenses, han sido criticados por su tono político. En los videos, Noem advierte directamente a los inmigrantes: “Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos y te deportaremos. Nunca regresarás”.
Además, las imágenes muestran a Trump firmando órdenes ejecutivas e imágenes dramatizadas de migrantes cruzando el Río Bravo, mezcladas con sirenas policiales. Este enfoque ha sido percibido por algunos analistas como una táctica más propia de una campaña electoral que de una política pública.
Inversión en medios: un sesgo evidente
Un análisis de AdImpact reveló que la mayor parte del presupuesto publicitario se ha destinado a canales de televisión en inglés, sumando más de $2 millones. En contraste, solo $360,000 se han gastado en medios en español, una cifra llamativamente baja si el objetivo real era disuadir la inmigración ilegal.
Reacciones políticas y legales
Mientras el DHS insiste en que la contratación fue “competitiva” y supervisada por funcionarios de carrera, la decisión de evitar un proceso de licitación abierto sigue generando críticas. Legisladores demócratas han pedido investigar la validez del contrato y si incumple normas sobre el uso de fondos públicos para fines políticos.
Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Noem reveló que Trump influyó en el marco narrativo de la campaña. Según ella, el expresidente le ordenó: “Quiero el primer anuncio, y quiero que me des las gracias. Quiero que me des las gracias por cerrar la frontera”, a lo que Noem accedió.
El impacto en la percepción pública
Más allá de las implicaciones legales y éticas, el despliegue de estos anuncios podría influir en la opinión pública y en la narrativa sobre inmigración en un año electoral clave. Con una inversión publicitaria estratégicamente ubicada en mercados clave como Phoenix, Boston, Los Ángeles, Nueva York y Dallas, la campaña tiene el potencial de reforzar el discurso anti-inmigración entre votantes indecisos.
En última instancia, queda la pregunta: ¿es este un legítimo esfuerzo de disuasión inmigratoria o una costosa estrategia de propaganda con tintes de campaña electoral? La respuesta dependerá de quién la analice y qué intereses estén en juego.
