Rodrigo Duterte arrestado: La sombra de la Corte Penal Internacional sobre el expresidente filipino

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Manila el martes, tras una orden de la Corte Penal Internacional (CPI). La detención se produjo en relación con una investigación por crímenes contra la humanidad vinculados a la brutal campaña antidrogas llevada a cabo durante su mandato.

La controversial guerra contra las drogas

Rodrigo Duterte gobernó Filipinas de 2016 a 2022 con una retórica dura contra el crimen y las drogas. Su administración fue marcada por una política de mano dura que, según organizaciones de derechos humanos, dejó miles de muertos, muchos de ellos en ejecuciones extrajudiciales.

La Corte Penal Internacional inició su investigación sobre estos eventos en 2018. Se calcula que la guerra antidrogas ordenada por Duterte dejó entre 6,000 y 30,000 muertos, dependiendo de la fuente consultada. Mientras que el gobierno filipino sostiene que la cifra es mucho menor, ONG como Human Rights Watch han reportado que la mayoría de las víctimas eran personas de bajos recursos vinculadas al pequeño tráfico o consumo de drogas.

Salida de Filipinas de la CPI y su reactivación

En un intento por evadir cualquier posible responsabilidad, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, evitando así la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la CPI dictaminó que seguía teniendo autoridad para investigar crímenes cometidos cuando Filipinas aún era miembro activo.

Aunque Duterte y su administración intentaron frenar las investigaciones argumentando que Filipinas estaba investigando por su cuenta, la CPI retomó el caso en 2023 al determinar que las pesquisas nacionales no estaban siendo efectivas.

El arresto en el aeropuerto de Manila

Duterte fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino al regresar de un viaje a Hong Kong. Las autoridades policiales cumplimentaron una notificación oficial de la CPI, lo que generó caos en la terminal aérea, con abogados y aliados de Duterte protestando por lo que llamaron una “violación de sus derechos constitucionales”.

El senador Bong Go, uno de los más acérrimos defensores del expresidente, denunció que se les impidió acercarse a Duterte después de su arresto. La escena fue caótica, con agentes de policía resguardando al político mientras sus seguidores intentaban intervenir.

¿Dónde está ahora Duterte?

Tras su arresto, no quedó claro de inmediato a dónde había sido trasladado Duterte. Según el comunicado oficial del gobierno, el exmandatario de 79 años se encontraba en buen estado de salud y fue examinado por médicos oficiales.

El siguiente paso será determinar si Duterte es extraditado a La Haya, donde se encuentra la sede de la CPI, o si las autoridades filipinas intentarán impedir que el expresidente enfrente el proceso en el tribunal internacional.

Posibles repercusiones políticas

El arresto de Duterte pone a prueba la postura del actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr. Este ha mantenido una relación tensa con su predecesor y ha optado por no reincorporarse a la CPI. Sin embargo, la administración de Marcos Jr. ha indicado que cumplirá con cualquier solicitud de cooperación de la Corte Penal Internacional.

Este es un hito significativo tanto para la política interna de Filipinas como para la justicia internacional. Si Duterte es entregado a la CPI, marcaría un precedente clave en la lucha contra la impunidad de líderes políticos que aplican medidas represivas bajo el pretexto de combatir el crimen.

Reacciones internacionales

Diferentes organismos de derechos humanos y líderes internacionales han reaccionado al arresto de Duterte. Amnistía Internacional celebró la detención y enfatizó que las víctimas del régimen de Duterte merecen justicia. La ONU ha reiterado su apoyo a la CPI y ha pedido que Filipinas garantice un debido proceso.

Mientras tanto, seguidores del expresidente han convocado a manifestaciones en Manila para protestar contra lo que consideran una persecución política. La situación sigue evolucionando y definirá el futuro judicial de uno de los líderes más polémicos de las últimas décadas en Asia.