De Combatiente a Desactivadora de Minas: El Doloroso Camino hacia una Sri Lanka Libre de Explosivos

Por décadas, Sri Lanka fue el escenario de una de las guerras civiles más sangrientas del sur de Asia. En medio del conflicto, miles de personas, especialmente de la minoría tamil, quedaron atrapadas entre la violencia, la pobreza y el olvido. Hoy, aunque la guerra ha terminado, las secuelas de los combates siguen presentes — enterradas, literalmente, bajo tierra en forma de minas antipersonales.

De guerrillera a heroína silenciosa

Thavarathnam Pushparani conoce la guerra de cerca. No solo perdió a su esposo, a su padre y a dos hermanos combatiendo junto a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), sino que fue combatiente ella misma desde su adolescencia. Hoy, su lucha es muy distinta: se enfrenta al legado de la guerra, arriesgando la vida para desactivar minas en antiguos campos de batalla.

Después del fin de la guerra en 2009, Pushparani encontró en el desminado una forma de ganarse la vida y reconstruir su familia. “El motivo por el que elegí esta labor no fue solo la pobreza. Tengo un deseo profundo de ver esta tierra libre de bombas”, dice con firmeza. Su historia refleja la resiliencia de una población que, a pesar de sus heridas, está decidida a sanar.

Un compromiso internacional en peligro

El proceso de desminado en Sri Lanka comenzó formalmente en 2002, durante un cese al fuego. Desde entonces, ha sido sostenido gracias al apoyo económico de once países, con los Estados Unidos como el mayor donante, aportando hasta el 45% de los 250 millones de dólares recibidos hasta la fecha. Pero ese respaldo está en riesgo.

La administración de Donald Trump suspendió temporalmente parte de esa ayuda, lo que ha puesto en jaque los objetivos del país. Según el National Mine Action Center de Sri Lanka, todavía quedan por limpiar unos 23 de los 254 kilómetros cuadrados contaminados por artefactos explosivos.

Ananda Chandrasiri, responsable de una de las cuatro principales organizaciones de desminado del país, afirmó: “Si la financiación no continúa, será imposible alcanzar el estatus de país libre de minas para 2028, como exige el Tratado de Ottawa”.

Víctimas silenciosas de la paz

En zonas rurales como Mankindy, los vestigios de guerra siguen costando vidas. Dinojan Kumarakulasingham, de 15 años, perdió la mano izquierda a los 9 años tras manipular un objeto metálico que encontró en el bosque, pensando que era un envase de polvo perfumado. La explosión también hirió a su hermano mayor.

“Mi abuela fue a buscar leña y nosotros la seguimos. No sabíamos sobre los peligros escondidos”, recuerda Dinojan. Su historia no es única. Tras la guerra, comunidades desplazadas regresaron a tierras aún marcadas por explosivos sin detonar. En muchos casos, la necesidad y la ignorancia llevaron a los pobladores a manipular estos artefactos para pescas ilegales o incluso con fines de reventa.

Según datos de Naciones Unidas, más de 100,000 personas murieron durante el conflicto. Tras el armisticio, nuevas víctimas comenzaron a contarse entre quienes buscaban reconstruir sus vidas entre ruinas potencialmente mortales.

Democratizar la paz a través del trabajo

Casi 3,000 personas trabajan actualmente en el desminado en Sri Lanka. Muchos son excombatientes o familiares de víctimas de la guerra, contratados por organizaciones como MAG (Mine Advisory Group) o Delvon Assistance for Social Harmony.

Vilvaraj Vinothan, hermano de Dinojan, decidió unirse al esfuerzo tras lo ocurrido en su familia. “Solo cuando trabajé desminando comprendí cómo tratar con estas armas. Me comprometí porque sabía que ayudaría a toda la comunidad”, comentó.

Gracias a su empleo, Pushparani pudo financiar la educación universitaria y el matrimonio de una de sus hijas. Pero también debe cuidar a su madre anciana y a otra hija herida por fuego cruzado. “Lucho no solo por mi familia, sino por la nación entera”, asegura.

El desafío humanitario y legal

Sri Lanka es signataria del Tratado de Ottawa desde 2017, comprometiéndose a eliminar las minas antes de 2028. Pero expertos como Vidya Abhayagunawardena insisten en que el país también debe ratificar el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra y promulgar leyes que aseguren derechos a las personas con discapacidad.

“El compromiso internacional debe ir acompañado de políticas internas robustas”, advirtió Abhayagunawardena. Mientras tanto, la mayoría de las iniciativas locales dependen casi exclusivamente de fondos internacionales.

¿Esperanza o resignación?

Aunque un reciente permiso provisional permite el uso de fondos estadounidenses hasta el 1 de mayo de 2025, su renovación sigue en evaluación. Si no llegan las ayudas necesarias, los líderes del sector prevén despidos masivos que detendrían el frágil proceso de recuperación humanitaria.

Los analistas advierten que el fracaso de esta tarea tendrá consecuencias no solo legales y económicas, sino profundamente sociales. Implicaría fallar a comunidades enteras que esperan retornar a una vida normal, libre del espectro de una guerra que debería haber terminado hace más de una década.

Un país atrapado entre escombros invisibles

La Sri Lanka de hoy es un país reconciliado en papel, pero aún fracturado en la práctica. El simbolismo de personas como Pushparani o Vinothan desactivando las armas de su pasado es poderoso, pero insuficiente ante las barreras del financiamiento y la apatía política internacional.

El desminado es más que una tarea técnica; es una labor de memoria, justicia y reconstrucción nacional. Cada mina eliminada representa una herida menos, una oportunidad más, una vida salvada. La pregunta que queda es si la comunidad internacional —especialmente Estados Unidos— seguirá apoyando este renacimiento o dejará que miles de bombas olvidadas determinen el destino de generaciones futuras.

“No quiero ver que nuestras generaciones futuras resulten heridas por la guerra. Llevo en mis hombros la carga de mi familia y del país”, concluye Pushparani.