Trump, parques y educación: una ofensiva contra los pilares sociales de Estados Unidos
Del recorte de fondos para formación docente a la presión sobre los sistemas legales y las joyas naturales del país, el expresidente Donald Trump pone sobre la mesa una agenda disruptiva que preocupa a expertos y ciudadanos
Por estos días, el nombre de Donald Trump ha vuelto a liderar titulares. No porque se postule a una nueva elección, sino porque sus medidas en diferentes frentes del país —educación, medioambiente y justicia— están generando una ola de reacciones sin precedentes.
Lo más reciente ha sido la polémica decisión de la Corte Suprema de permitir temporalmente a su administración cortar cientos de millones de dólares destinados a programas de formación docente. Pero esta medida no está sola: se suma a una red de decisiones ejecutivas, recortes presupuestarios y amenazas institucionales que han puesto en jaque sectores clave del sistema estadounidense.
La educación como objetivo ideológico: ¿fin del avance en diversidad e inclusión?
En un fallo dividido (5-4), la Corte Suprema de EE. UU. allanó el camino para que la administración Trump pueda cortar más de 600 millones de dólares en subvenciones dedicadas a la formación de maestros, bajo el argumento de que estos programas eran parte de una supuesta «agenda woke» que debe ser desmantelada.
Las iniciativas afectadas —Teacher Quality Partnership y Supporting Effective Educator Development— han beneficiado históricamente a programas enfocados en áreas urgentes como matemáticas, ciencias y educación especial. Según los estados demandantes (California, Massachusetts, Nueva Jersey, entre otros), esta financiación ha demostrado mejorar la retención de docentes y garantizar que se mantengan en el puesto durante más de cinco años.
La jueza Elena Kagan expresó en su disenso: “No hay justificación para una intervención de emergencia (…) ni siquiera defienden la legalidad del corte”. Un detalle que resalta el carácter unilateral e ideológico de esta medida.
¿Desmantelar el Departamento de Educación?
Pero la historia no termina en un recorte. Trump ha firmado una orden ejecutiva que busca la eliminación completa del Departamento de Educación. Su administración ya ha anulado docenas de contratos y programas con el argumento de que eran “desperdicio woke”, lo que revela una intención sistemática por desarticular políticas de diversidad, equidad e inclusión adoptadas durante administraciones pasadas.
La desaparición de esta agencia afectaría no sólo la financiación de programas, sino también las bases regulatorias y administrativas del sistema escolar nacional.
Parques nacionales a la deriva: el costo ecológico de los recortes
La agenda anti-gobierno de Trump también ha golpeado a una de las joyas del orgullo estadounidense: los parques nacionales. Con la orden reciente firmada por el secretario del Interior, Doug Burgum, se exige a los parques «permanecer abiertos y accesibles» pese a los importantes recortes de personal.
Según Rick Mossman, presidente de la Association of National Park Rangers, el Servicio de Parques perdió cerca de 1.500 empleados permanentes en lo que va del año, cifra que podría aumentar. La falta de personal impacta directamente en la experiencia de los visitantes: cierres parciales, basura acumulada, baños sucios e incluso riesgos de seguridad y conservación.
“Es imposible mantener operaciones con calidad sin personal ni recursos suficientes”, afirmó Jennifer Rokala, directora del Center for Western Priorities. También criticó que las decisiones de horarios y accesibilidad se deleguen exclusivamente al Departamento del Interior sin participación pública ni del personal especializado.
En paralelo, se sabe que los parques recibieron más de 331 millones de visitantes el año pasado. Aun con voluntarios, mantener esta infraestructura sin planificación ni recursos es insostenible.
Trump contra los bufetes de abogados: un ataque al Estado de derecho
Por si fuera poco, una de las medidas más sorpresivas fue la serie de órdenes ejecutivas que buscan castigar a firmas legales estadounidenses, especialmente aquellas que han defendido causas contrarias a los intereses del expresidente.
Más de 500 bufetes de todo el país firmaron un escrito solicitando a un juez que impida la implementación de estas órdenes, que prevén desde la cancelación de contratos federales hasta la suspensión de credenciales de seguridad. Entre los afectados se incluye la prestigiosa firma Perkins Coie.
El documento advierte que estas medidas suponen una “grave amenaza al sistema constitucional” y crean un “clima de miedo” que puede disuadir la actuación libre de los defensores legales: “Nuestro sistema adversarial depende de abogados litigando con vigor cada lado”.
Algunos estudios jurídicos, como Paul Weiss y Skadden Arps, han aceptado acuerdos con la Casa Blanca para evitar sanciones, incluyendo donar hasta 40 millones de dólares en servicios legales pro bono a causas alineadas con la administración y aplicar políticas de contratación basadas en “mérito” en lugar de diversidad.
Un patrón sostenido: ideología sobre funcionalidad
Lo que une estas decisiones —educación, medioambiente y justicia— es un patrón claro: Trump parece priorizar una agenda identitaria y radical sobre la eficacia del aparato estatal y las necesidades sociales reales.
Desmantelar programas sin evaluar su impacto efectivo, despedir personal clave en áreas de conservación o perseguir firmas porque representan causas contrarias, no son síntomas de eficiencia. Son signos de una politización extrema del poder ejecutivo.
Y aunque estas medidas puedan encontrar victorias temporales ante una Corte Suprema de mayoría conservadora, el rechazo ciudadano y las demandas por justicia no se están haciendo esperar.
