Crisis en Maryland: abuso sexual infantil, justicia y los límites del Estado

Por décadas, el abuso sexual en centros de detención juvenil e instituciones religiosas en Maryland permaneció en la oscuridad. Hoy, esa herida abierta exige justicia.

Una ley con buenas intenciones, consecuencias inesperadas

En el año 2023, el estado de Maryland promulgó una ley histórica: la Child Victims Act, que eliminó el estatuto de limitaciones para denunciar casos de abuso sexual infantil. Esta medida fue vista como un paso necesario para obtener verdad y justicia para las miles de víctimas cuyos casos habían prescrito, en su mayoría, relacionados con los horrores cometidos dentro de la Arquidiócesis de Baltimore.

Sin embargo, este acto legislativo ha tenido repercusiones impensadas. Desde su aprobación, unas 1,500 demandas ya han sido presentadas y otras 4,500 están por venir. El volumen de víctimas, sumado a la expectativa legítima de indemnización, ha generado una crisis sin precedentes no solo ética y legal, sino también presupuestaria para el estado.

Un sistema colapsado: ¿justicia frente al colapso fiscal?

Según estimaciones de Will Smith, senador demócrata y presidente del Comité Judicial del Senado, el estado podría enfrentar responsabilidades por un monto de entre $3 mil millones y $4 mil millones. Para poner esto en perspectiva, el déficit presupuestario del estado en 2025 es de $3 mil millones. Tal como señaló el senador republicano Justin Ready, "un solo acuerdo judicial podría tragarse todo el presupuesto".

En respuesta, la Asamblea General de Maryland aprobó una reforma en abril de 2025 que reduce drásticamente los límites de compensación para estos casos:

• Para instituciones públicas: de $890,000 a $400,000.
• Para instituciones privadas: de $1.5 millones a $700,000.

Además, se impide que las víctimas reciban múltiples compensaciones por distintos incidentes, limitando cada reclamo a un único pago.

¿Retroceso en los derechos adquiridos?

Esta medida correctiva no ha estado libre de críticas. El senador Chris West expresó dudas sobre su constitucionalidad, anotando que los derechos adquiridos por las víctimas en virtud de la ley de 2023 podrían haber sido "ya consolidados" legalmente. Basándose en fallos anteriores de la Corte Suprema estatal, West augura una larga batalla legal para defender la constitucionalidad de limitar las compensaciones.

La propia Corte Suprema de Maryland ya validó la Child Victims Act en febrero de 2024 con una votación dividida de 4-3. Lo que está por verse es si esta enmienda posterior será compatible con ese precedente.

Detrás de las cifras, vidas quebradas

Más allá de los tecnicismos legales o presupuestarios, los números esconden tragedias humanas. Según el informe del fiscal general de 2023, más de 600 menores fueron abusados solo en el ámbito de la Arquidiócesis de Baltimore desde 1940 hasta los años 2000, en una red de encubrimiento que incluyó a 156 sacerdotes.

El caso de los centros de detención juvenil del estado es aún más complejo. Son muchas las víctimas que hoy, adultos con vidas profundamente marcadas, han acudido a los tribunales buscando reparación moral y económica. En palabras de una sobreviviente de un centro estatal en los años 80: "Nadie nos creyó entonces. Ahora el Estado no puede permitirse no creer."

¿Quién debe pagar la cuenta?

Una pregunta inevitable: si el Estado habilitó estos centros, o si supervisó a estas instituciones religiosas sin actuar, ¿no debe ahora responder plenamente? Pero también, razonablemente, ¿puede un presupuesto estatal asumir la reparación integral de miles de casos?

Es aquí donde entra el debate sobre justicia restaurativa versus justicia retributiva. Para algunos legisladores, el acuerdo colectivo o un fondo de indemnización administrado por el fiscal general podría ofrecer una solución más equitativa frente a los múltiples juicios individuales que podrían arruinar financieramente al Estado.

“Estamos esperando que el fiscal general y los demandantes lleguen a un acuerdo. Esa es la solución óptima”, declaró el senador Will Smith.

El papel de la Iglesia: víctima o encubridora

La Arquidiócesis de Baltimore, al ver la avalancha de demandas, presentó una declaración de bancarrota en septiembre de 2023. Su objetivo fue proteger sus activos y evitar una avalancha de fallos judiciales. Aunque este movimiento fue legalmente permitido, desató indignación entre las víctimas, quienes lo consideraron un abandono adicional.

Este patrón se ha repetido en otras diócesis de Estados Unidos, como las de Boston y Los Ángeles. Desde 2001, la Iglesia Católica ha pagado más de $3 mil millones en acuerdos legales solo en EE.UU., según datos del Bishop Accountability.

¿Y los abogados?

Otro punto candente en el nuevo proyecto aprobado es el límite a los honorarios legales. Se estipula un máximo de:

• 20% del total en acuerdos extrajudiciales
• 25% en acuerdos obtenidos tras procedimientos judiciales

Esto, aunque protege los fondos de las víctimas, ha generado quejas en la comunidad legal. Para algunos defensores, estos límites disuaden a los abogados a tomar casos complejos que requieren años de trabajo y que solo podrían verse compensados con cifras mayores.

El futuro de la justicia para víctimas en Maryland

La ley ahora pasa a manos del gobernador Wes Moore, quien enfrenta una difícil decisión: ratificar una ley que limita indemnizaciones a quienes han sufrido abusos atroces, o permitir que el sistema judicial maneje caso por caso a un costo desbordante.

Más de una decena de estados han emprendido reformas similares a la de Maryland desde el escándalo de abuso clerical que sacudió a la Iglesia en Boston en 2002. Pero pocos han vivido una explosión de denuncias como ahora ocurre aquí.

Un sistema que traicionó a los menores

Maryland es hoy punta de lanza de una crisis nacional de responsabilidad institucional. En palabras del senador Ready: "Nos enfrentamos a una realidad ineludible: fue el sistema el que falló. No estamos aquí por hechos aislados sino por una cultura donde el silencio fue ley".

Las leyes no deben existir solo en papel. Este proceso es una prueba de fuego sobre si una sociedad puede mirar su pasado con honestidad, reparar sus errores con justicia y hacerlo sin comprometer su viabilidad financiera.

El dolor de miles de víctimas no puede cuantificarse. Pero minimizarlo por razones económicas es abrir la puerta a una nueva traición. Le toca a Maryland decidir qué tipo de precedente quiere dejar al resto del país.