Expulsiones, tatuajes y una ley del siglo XVIII: el inquietante caso de los venezolanos deportados a El Salvador

En una serie de movimientos polémicos, la administración de Donald Trump usó una ley de 1798 para deportar a más de 130 ciudadanos venezolanos desde EE. UU. hacia una muy cuestionada prisión en El Salvador. Entre ellos, algunos no tenían antecedentes y fueron incriminados por aspectos tan triviales como tatuajes culturales. Este artículo ofrece un análisis detallado de este asunto que mezcla derecho, inmigración, relaciones exteriores y derechos humanos.

Un traspié judicial con consecuencias humanas

Kilmar Abrego Garcia fue deportado erróneamente pese a tener protección migratoria concedida por un juez en 2019. Su situación captó rápidamente la atención pública luego de que fuera enviado a la tristemente célebre prisión CECOT en El Salvador —un lugar señalado por organismos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La jueza federal Paula Xinis ordenó el regreso de Abrego, pero el Departamento de Justicia apeló, alegando que el poder judicial no puede “comandar” al Poder Ejecutivo a negociar con gobiernos extranjeros. Según los abogados federales, esto equivaldría a exigirle al gobierno “poner fin a la guerra en Ucrania” o “recuperar a los rehenes de Gaza”.

Una ley imperial: la Alien Enemies Act

El detonante legislativo de esta controversia fue la Alien Enemies Act, una ley firmada por John Adams en 1798. El presidente Trump la invocó el 14 de marzo, argumentando una emergencia nacional derivada de una “invasión” criminal de migrantes. Antes, esta ley solo se había utilizado durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Lo más polémico fue la deportación de 137 venezolanos en menos de 24 horas. Muchos habían sido etiquetados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua sin evidencia clara.

¿Tatuajes = criminales?

Uno de los aspectos más alarmantes fue el uso de tatuajes como criterio decisivo para determinar afiliaciones criminales. Según documentos judiciales presentados por la ACLU, identificadores como camisetas de los Chicago Bulls, ropa urbana costosa y tatuajes de coronas, estrellas y relojes, fueron considerados pruebas de membresía en bandas.

El caso más emblemático fue el de Andry José Hernández Romero, un maquillador venezolano que emigró tras ser víctima de homofobia y violencia laboral. En la frontera de San Diego fue interrogado por sus tatuajes —dos coronas con las palabras “Mom” y “Dad”— que, según su abogado, simbolizan tradiciones navideñas de su comunidad natal. Poco después, Romero fue detenido y deportado.

Operativo relámpago y logística sombría

La maquinaria de deportación se activó velozmente. Dos días antes del operativo, ICE comenzó a trasladar migrantes desde distintos centros de detención a El Valle Detention Facility, cerca del aeropuerto de Harlingen, Texas. El sábado 16 de marzo, 261 personas fueron deportadas: 137 bajo la Alien Enemies Act, 101 bajo otras regulaciones migratorias y 23 como presuntos miembros de la MS-13.

Tom Cartwright, analista de vuelos de la ONG Witness at the Border, detectó dos vuelos programados a El Salvador en sábado—algo inusual. Abogados y defensores activaron recursos judiciales de emergencia, y el juez James Boasberg intentó frenar las deportaciones con una orden de restricción temporal. Pero los aviones, ya en tránsito, no regresaron.

Desobediencia judicial y tensiones diplomáticas

A pesar de la orden judicial, los vuelos siguieron su curso. Al día siguiente, el presidente salvadoreño Nayib Bukele tuiteó sarcásticamente una portada del New York Post titulada “El juez ordena a ICE cancelar vuelos de deportación”. Con emoji llorando de risa, escribió: “Oopsie... Too late”.

Este episodio coloca a la administración Trump y al sistema judicial de EE. UU. en un conflicto institucional sin precedentes respecto a la autoridad presidencial en tiempos de 'guerra'.

El contexto Trump: terrorismo, migración y 2024

Esta movida coincide políticamente con una narrativa de campaña: Trump ha calificado repetidamente a grupos como Tren de Aragua como “organizaciones terroristas extranjeras” y ha prometido deportaciones masivas si es reelegido en 2024.

La designación de estos grupos como terroristas le otorgó al gobierno poderes extraordinarios. Bajo la Alien Enemies Act, no se requiere proceso judicial para expulsar a no ciudadanos de países “enemigos” durante un conflicto declarado.

Doble vara: ¿por qué El Salvador?

El Salvador es un escenario singular. En lugar de repatriar a los venezolanos, fueron enviados a una cárcel salvadoreña de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque, según expertos, EE. UU. y El Salvador mantienen acuerdos informales sobre seguridad. Además, el presidente Bukele ha promovido su cruzada contra las pandillas como modelo regional.

Pero la transferencia de migrantes entre terceros países sin debido proceso plantea violaciones al principio de no devolución del derecho internacional, que impide retornar a una persona a un país donde corre peligro de persecución.

Voces disidentes y resistencia legal

Organizaciones como la ACLU y Democracy Forward lograron frenar legalmente futuras deportaciones bajo esa ley —por ahora. Pero no han conseguido revertir las ya ejecutadas. Algunos abogados piden cargos de desacato contra funcionarios que ignoraron la orden del juez Boasberg.

“Han pasado muchas ruedas de prensa, muchos tuits, pero ni un solo paso concreto para corregir el error cometido”, declaró el abogado de Abrego Garcia, Simon Sandoval-Moshenberg.

Impacto humano: de la esperanza a la pesadilla

Los deportados incluyen hombres homosexuales, artistas y trabajadores con permiso de residencia y empleo. Al llegar a CECOT, pierden comunicación con sus familias y acceso a defensores legales. A eso se suma el riesgo de alojarse junto a reos peligrosos sin proceso previo ni vínculos comprobados con el crimen organizado. Simplemente, están ahí por un tatuaje.

La comunidad responde

Docenas de personas se han movilizado en Maryland, donde residía Abrego, acompañando a su esposa ciudadana estadounidense en las audiencias judiciales. Aplaudieron cuando la jueza dictó el regreso de Kilmar, aunque hasta hoy no se ha concretado.

Políticos y analistas comparan este episodio con los peores excesos del Patriot Act tras el 11-S. Y señalan un regreso a políticas de “culpa por asociación” sin derecho a defensa.

Una historia en desarrollo

Mientras la administración Trump apuesta por reactivar las deportaciones, los jueces evalúan sanciones. Los defensores de los derechos humanos continúan apelando, y más deportados están compartiendo sus casos con la esperanza de revertir las medidas.

El resultado de este caso servirá como precedente sobre hasta qué punto puede llegar el poder ejecutivo en situaciones migratorias extraordinarias —y cuánto puede resistir el sistema judicial.

“Lo que comenzó con un tatuaje, terminó con un destierro ilegal. Y quizás, con una batalla legal que defina el rumbo del derecho migratorio estadounidense en el siglo XXI.”