Los Comuneros del Sur: ¿la primera luz auténtica en el plan de Paz Total de Colombia?
La entrega de armas de esta facción ex-ELN marca un hito histórico, pero también revela los desafíos estructurales del proceso de paz colombiano.
PASTO, Colombia — Una nueva esperanza ha surgido en el complejo panorama del conflicto colombiano. El grupo armado Comuneros del Sur, disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), comenzó la entrega de sus armas al gobierno colombiano como parte de los diálogos de paz liderados por el presidente Gustavo Petro. ¿Es este un paso hacia la anhelada 'Paz Total' o solamente un oasis en medio del desierto de violencia y fracturas territoriales en Colombia?
Un momento histórico en Pasto
La escena fue simbólica: ante la mirada de delegados del gobierno, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y representantes de los Comuneros del Sur, se entregaron minas antipersonales, granadas y cohetes a una unidad del ejército en Pasto, Nariño. "Es un momento histórico", declaró Sánchez. “Los campesinos podrán caminar sin temor a encontrarse con un campo minado”. La entrega se enmarca en un proceso de desarme que busca culminar con la reincorporación a la vida civil de unos 250 combatientes.
¿Quiénes son los Comuneros del Sur?
Esta facción surgió de la escisión del ELN en mayo de 2024, cuando un grupo rompió con la dirección nacional y optó por negociar directamente con el gobierno. Si bien son apenas una fracción marginal dentro del universo de grupos armados colombianos, su decisión de desmovilizarse representa hasta ahora el único éxito palpable del plan de Paz Total impulsado por el gobierno de Petro.
Petro y el proyecto de Paz Total
El presidente Gustavo Petro, quien en su juventud militó en el M-19, ha apostado por un enfoque ambicioso de negociación simultánea con múltiples grupos armados: guerrillas, bandas narcotraficantes y organizaciones criminales. En total, son nueve los procesos de diálogo en marcha. Sin embargo, la mayoría ha mostrado resultados escasos en términos de reducción de la violencia o desarme efectivo.
“Los Comuneros del Sur son apenas uno de nueve problemas”, explicó Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz. “Y sólo representan una parte marginal de los grupos armados en Colombia”.
Lecciones del pasado: el legado de los Acuerdos con las FARC
La historia reciente ofrece lecciones valiosas. En 2016, el Estado firmó un tratado de paz con las FARC, el grupo rebelde más numeroso en ese momento. Más de 13.000 combatientes entregaron sus armas. Pero lejos de pacificar el territorio, ese proceso dejó vacíos de poder en zonas rurales estratégicas —como el Catatumbo, Guaviare o Tumaco—, lo que permitió la entrada acelerada de nuevos actores armados en lucha por el control del narcotráfico y recursos naturales.
De hecho, según cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno de la ONU, más de 50.000 personas fueron forzadas a desplazarse solo en el primer trimestre de 2025. Este fenómeno se agravó tras ataques del ELN en comunidades que consideraban aliadas de otros grupos.
La guerra por el territorio: ¿qué sigue para Nariño?
La provincia de Nariño, frontera con Ecuador, se ha convertido en epicentro estratégico para el tráfico de drogas y la minería ilegal. Autoridades locales, como Giovanny Cárdenas —funcionario de derechos humanos en Samaniego—, han afirmado su preocupación por lo que ocurrirá cuando los Comuneros se desmovilicen completamente.
“Sería trágico si este grupo se desmoviliza y otro llega para continuar la misma guerra”, dijo Cárdenas.
Es una preocupación legítima. En otras regiones con experiencias similares, la retirada de un actor armado ha sido reemplazada por luchas internas entre facciones más violentas, como los disidentes de las FARC o carteles locales.
Una paz que debe blindarse
El verdadero desafío para el gobierno colombiano no es sólo el desarme de los Comuneros, sino la construcción de un entorno sostenible para la paz en la región. Eso implica:
- Mayor presencia estatal en seguridad, salud y educación.
- Proyectos productivos alternativos al cultivo de coca.
- Procesos judiciales claros para víctimas.
“Hay todavía vacíos sobre cómo las víctimas accederán a justicia y reparación”, advirtió Arias. Y sin esa dimensión, el proceso podría perder legitimidad ante la sociedad.
Del entusiasmo a la cautela
Mientras tanto, el gobierno continúa en diálogo con otros grupos —como el ELN, con quienes las conversaciones fueron recientemente suspendidas tras los abusos cometidos en el Catatumbo— y otros actores armados involucrados en el narcotráfico, como el Clan del Golfo o bandas de las disidencias de las FARC.
Incluso con los Comuneros, la situación aún es delicada. El proceso requiere construir confianza en cada fase: desde el cronograma de entrega de armas hasta los mínimos compromisos de no reincidencia y garantías de seguridad para excombatientes.
Pese a todo, este primer paso marca un hito. Es una oportunidad que el Estado colombiano no puede desperdiciar si aspira a convertir la retórica de la Paz Total en una realidad sólida para las generaciones futuras.
