Esclavitud moderna en las salinas de Corea del Sur: El precio humano detrás de la sal gourmet

Una industria centenaria bajo el escrutinio internacional

La imagen bucólica de las tranquilas islas del condado de Sinan, situadas en la costa suroeste de Corea del Sur, ha sido mancillada por una verdad incómoda: bajo la superficie cristalina de sus salinas se esconde una historia de explotación humana, abuso sistémico y esclavitud moderna.

El 2 de abril de 2025, Estados Unidos dio un paso sin precedentes al vetar las importaciones de sal marina provenientes de la empresa coreana Taepyung Salt Farm. La aduana estadounidense, a través de su agencia Customs and Border Protection (CBP), emitió una orden de retención de productos debido a “indicaciones razonables del uso de trabajo forzado”.

Taepyung: el gigante de la sal en el centro de la tormenta

La empresa Taepyung no es una salinera cualquiera. Produce cerca de 16,000 toneladas de sal anuales, lo que representa alrededor del 6% de la producción nacional surcoreana. Su ubicación principal en la isla de Jeungdo la convierte en un proveedor clave para grandes empresas alimentarias del país.

Pero según CBP, su éxito ha sido empañado por prácticas inaceptables: abuso de vulnerabilidad, ocultamiento de documentos de identidad, condiciones laborales abusivas, jornadas excesivas, violencia física y amenazas.

El escándalo de las salinas de 2014: raíces profundas del problema

No es la primera vez que las salinas de Sinan aparecen en los titulares por motivos oscuros. En 2014, una operación encubierta de la policía de Seúl logró rescatar a decenas de trabajadores esclavizados en las islas. La mayoría eran personas con discapacidades traídas desde el continente bajo falsas promesas laborales y sometidas a una vida de encierro, maltratos y trabajo forzado sin salario.

De acuerdo con documentos judiciales y reportes posteriores, "cazadores de hombres" y intermediarios laborales operaban en coordinación con los granjeros propietarios de salinas, quienes encerraban a los trabajadores en sus casas, los golpeaban y los obligaban a jornadas agotadoras.

La información revelada por la prensa en ese entonces desnudó la pasividad institucional. Ningún oficial de policía ni funcionario local fue sancionado, a pesar de que existían indicios de connivencia con los productores de sal.

Una nueva ola de denuncias en 2021

El escándalo de 2014 hizo poco para erradicar la esclavitud en las islas. En 2021, nuevos casos de trabajadores forzados en Taepyung volvieron a atraer la atención pública. La mayoría había sufrido abusos similares: cobros indebidos, impago de nóminas, condiciones de vida insalubres y jornadas laborales sin descanso.

Organizaciones locales y abogados, entre ellos el activista Choi Jung Kyu, comenzaron a documentar casos y presionaron al gobierno surcoreano para que tomara medidas. En 2022, varios grupos civiles presentaron una petición formal a CBP para bloquear las exportaciones procedentes de las salinas de Sinan.

¿Por qué EE.UU. tomó acción?

La decisión de EE.UU. se justifica en el marco de una política internacional cada vez más consciente del trabajo forzado en las cadenas de suministro. Según CBP, se identificaron 11 indicadores clave de esclavitud moderna en su investigación, en línea con el Protocolo de Palermo de la ONU contra la Trata de Personas.

Además, EE.UU. cuenta con una sólida legislación al respecto. En virtud del Tariff Act de 1930, el país puede prohibir la entrada de productos hechos con trabajo forzado. Esta normativa ha sido invocada más activamente en los últimos años, particularmente bajo la presión de ONGs y organismos de derechos humanos.

En palabras de Choi Jung Kyu: “Nuestra esperanza es que el veto de EE.UU. obligue a las empresas a mejorar la debida diligencia sobre sus cadenas de suministro y contribuya a eliminar las violaciones de derechos humanos”.

La respuesta (o falta de ella) del gobierno surcoreano

Pese a la gravedad del veto, el Ministerio de Océanos y Pesca de Corea del Sur no reaccionó de inmediato. Esta inacción ha sido criticada incluso dentro del país, donde sectores progresistas y la prensa independiente han acusado al gobierno de falta de interés genuino en erradicar la esclavitud laboral en zonas rurales.

Una sentencia relevante de 2019 podría haber marcado un precedente: el Tribunal Supremo de Corea del Sur obligó al Estado a compensar a tres hombres esclavizados en granjas de sal del condado de Sinan, reconociendo la responsabilidad tanto del gobierno central como de las autoridades locales y fuerzas policiales por su negligencia.

Sociedad y medios: ¿indiferencia o impotencia?

Una parte significativa de la sociedad surcoreana desconoce las condiciones reales en las salinas. Según una encuesta del Instituto de Justicia Laboral de Corea realizada en 2021, el 68% de los encuestados no tenía conocimiento de los escándalos relacionados con trabajo forzado en Sinan durante la última década.

Además, el crecimiento de la gastronomía coreana a nivel mundial ha impulsado la demanda de sal marina artesanal, uno de los productos gourmet más vendidos en tiendas de alimentos premium internacionales. Esta presión económica ha generado un incentivo perverso para continuar una producción intensiva, incluso violando derechos laborales.

Las implicaciones del veto para la industria alimentaria global

Las consecuencias del bloqueo comercial aún están por verse, pero podrían afectar a importantes industrias dentro y fuera de Corea del Sur. Empacadoras de alimentos como CJ CheilJedang, Nongshim y Daesang se abastecen de sal coreana para sus productos derivados—como kimchi, salsas y conservas—destinados a mercados como EE.UU., Japón y Europa.

El impacto también podría sentirse a nivel nacional. Según informes del Korean Salt Producers Association, unas 1,150 salinas operan en el archipiélago de Sinan. Un arresto productivo general pondría en riesgo más de 3,000 empleos técnicos y logísticos.

Transparencia empresarial: el nuevo factor competitivo

Los consumidores globales ya no solo exigen sabor y calidad. La procedencia ética se ha convertido en un factor decisivo de compra. La consultora PwC encontró en su estudio de 2023 que el 79% de los consumidores de EE.UU. y Europa priorizan productos con trazabilidad ética, incluso si eso implica pagar más.

En consecuencia, gigantes de la industria alimentaria como Unilever y Nestlé han iniciado auditorías independientes de sus cadenas de suministro en Asia, África y Latinoamérica. Corea del Sur, que busca posicionarse como referente culinario mundial mediante su campaña K-Food, tendrá que demostrar que su prestigio no se construye sobre la explotación humana.

Del consumismo a la conciencia: el rol del ciudadano

En este contexto, la responsabilidad no es solo legal ni estatal. Los consumidores también pueden impulsar el cambio. Elegir productos con certificación ética, exigir transparencia a las marcas y apoyar organizaciones de derechos humanos son pasos clave. Como recordó la activista estadounidense Kerry Kennedy: “Cada dólar que gastamos es un voto por el mundo en el que queremos vivir”.

La sal, el ingrediente más elemental de nuestras cocinas, puede tener un sabor amargo si su origen está marcado por la injusticia. Hoy, más que nunca, es hora de preguntarnos: ¿qué historias hay detrás de lo que consumimos?