¿Revolución o caos? Lo que realmente implica el histórico acuerdo de $2.800 millones en el deporte universitario de EE. UU.

Por primera vez en más de un siglo de historia, las universidades de Estados Unidos podrán pagar directamente a sus atletas. A partir del 1 de julio de 2025, si el acuerdo recibe la aprobación final, se pondrá en marcha una reestructuración sin precedentes: los principales programas deportivos universitarios destinarán hasta el 22% de sus ingresos a compensar a sus deportistas. ¿Estamos ante una victoria sin precedentes para los atletas o ante el inicio del colapso del modelo tradicional del deporte universitario?

El origen: ¿Qué es el acuerdo "House"?

El llamado acuerdo House debe su nombre a Grant House, un nadador de Arizona State que, junto con otros atletas, demandó a la NCAA y a las cinco conferencias deportivas más poderosas de EE. UU. (SEC, Big Ten, Big 12, Pac-12 y ACC). El argumento era claro: los atletas generan miles de millones de dólares para sus universidades, pero no podían recibir ni un centavo directamente por su uso comercial en medios, entradas o patrocinios.

Tras años de litigios, el acuerdo propone un nuevo paradigma: las universidades podrán pagar directamente a los estudiantes-atletas por el uso de su nombre, imagen y semejanza, comúnmente conocido como NIL (Name, Image, Likeness).

El fin del amateurismo como lo conocíamos

Por décadas, la NCAA ha defendido el concepto del “amateurismo”. En esencia, los deportistas recibían becas que cubrían matrícula, alojamiento y alimentación, a cambio de representar a su escuela en deportes televisados, patrocinados y de gran rentabilidad. Pero la balanza de ingresos y beneficios siempre estuvo desproporcionada.

El año 2021 marcó un punto de inflexión cuando se permitió a los atletas recibir pagos de terceros por NIL. Sin embargo, las universidades seguían sin poder pagar directamente. Ahora, esa barrera ha caído.

¿Cuánto dinero se moverá con este nuevo sistema?

Las cifras son monumentales. En el primer año, hasta 20.5 millones de dólares podrían repartirse por universidad entre los atletas. Esta suma representa un 22% de los ingresos anuales por derechos televisivos, venta de entradas y patrocinadores. Y aunque esta cifra puede incrementarse, también hay incertidumbre sobre su sostenibilidad.

Greg Byrne, director atlético de Alabama, alertó al declarar en el Congreso que “esos recursos no existen”. Para cubrir los nuevos gastos, algunas escuelas están elevando tarifas estudiantiles, subiendo precios de concesionarios y creando nuevos “cargos por talento” que pagan los aficionados.

Los ganadores: ¿quién recibirá más dinero?

No es ninguna sorpresa que fútbol americano y baloncesto masculino concentren la mayor parte del dinero. Estos deportes generan la mayoría de los ingresos. De hecho, la NCAA suele depender del March Madness (torneo de baloncesto universitario) para financiar su presupuesto anual.

Sin embargo, esta concentración puede generar tensiones en otras disciplinas e incluso riesgos legales bajo la ley federal de equidad de género, conocida como Título IX. ¿Qué pasará si las deportistas femeninas reciben menos?

¿Título IX en problemas?

Algunos juristas anticipan litigios. Aunque las nuevas directrices del gobierno de Trump sugerían que los pagos por NIL no contaban en los cálculos del Título IX, muchos abogados argumentan que distribuir más dinero a hombres que a mujeres abre la puerta a demandas por discriminación.

Sin embargo, el acuerdo House no pretende resolver esta cuestión. Ni abogados demandantes ni defensores de la NCAA han querido incluir el debate de género en su resolución.

El factor retroactivo: miles de millones en juego

Uno de los grandes logros del acuerdo es el fondo de compensación retroactiva de $2.800 millones que se pagará a atletas que compitieron entre 2016 y 2024. Estos deportistas no pudieron beneficiarse de NIL, ya que estaba prohibido.

El dinero saldrá principalmente del reparto reducido del financiamiento de eventos como March Madness. Eso significa que, en los próximos años, las universidades recibirán menos fondos de la NCAA, lo que puede impactar sus operaciones y programas secundarios.

¿Qué cambia para becarios y walk-ons?

Uno de los cambios más profundos será la eliminación del límite tradicional de becas, reemplazándolas por límites de plantillas. En teoría, todos los deportistas serían elegibles para recibir una beca. Pero la reducción en el número de plazas crea ganadores y perdedores.

Esto pone en peligro a los walk-ons, aquellos atletas sin beca que integran plantillas y muchas veces llegan a destacar. Además, los deportes de bajo perfil —como gimnasia, natación o esgrima— podrían desaparecer del mapa si se redirigen recursos a deportes rentables.

Un paraíso para influencias externas: ¿Fin del control?

Con el auge de las colectividades de donantes y acuerdos NIL con marcas, algunos críticos afirman que este nuevo modelo no es más que un “pago por jugar” disfrazado.

Por ejemplo, Cooper Flagg, estrella de baloncesto en Duke, ya obtiene aproximadamente $4.8 millones de acuerdos NIL, aunque esos pagos vienen de grupos afiliados al programa o externos.

El acuerdo incluye la creación de una entidad de verificación para asegurar que cada trato por más de $600 represente el “valor justo de mercado”, pero muchos temen que este sistema colapse en medio de lagunas legales y corrupción.

¿Y si alguna universidad incumple? ¿Habrá sanciones?

La respuesta corta es: aún no lo sabemos. A diferencia de ligas profesionales, la NCAA no cuenta con un órgano regulador con dientes. Se discuten opciones como un “comité de cumplimiento independiente” o un sistema de auditorías, pero cada conferencia maneja sus finanzas de forma distinta, lo que complica la supervisión.

A falta de reglas claras, el escenario está abierto para que futuras demandas llenen los tribunales. De hecho, la NCAA está buscando urgentemente una exención antimonopolio del Congreso para evitar que otras oleadas de juicios la asfixien financieramente.

El Congreso interviene, pero ¿a favor o en contra?

Charlie Baker, actual presidente de la NCAA (ex gobernador de Massachusetts), ha intensificado sus gestiones frente al Congreso de EE. UU., solicitando una legislación que limite futuras demandas colectivas contra el deporte universitario.

Sin embargo, esto ha dividido a los legisladores. Algunos apoyan una normativa unificadora, mientras que otros, especialmente Demócratas progresistas y Republicanos libertarios, acusan a la NCAA de intentar instaurar una “zona libre de demandas” sin antes garantizar condiciones laborales ni derechos sindicales para los atletas.

¿Podrían los atletas convertirse en empleados?

Ese es el gran fantasma que ronda a las universidades. Organizaciones como National College Players Association abogan por el reconocimiento laboral de los atletas. Eso significaría seguro médico, pensiones y cláusulas fiscales, pero también derechos sindicales y negociaciones colectivas.

Es un tabú que ni la NCAA ni la mayoría de las instituciones desean enfrentar por ahora. Aceptar eso sería aceptar el fin del deporte universitario tal como lo conocemos.

Una transformación en marcha, con muchas preguntas sin responder

“Tendremos un plan para el 1 de julio, pero probablemente pasemos el próximo año modificando sobre la marcha”, admitió Scott Stricklin, director atlético de Florida.

De hecho, 18 personas testificarán ante la jueza Claudia Wilken durante la última audiencia antes de su decisión final. Entre ellos está Olivia Dunne, la famosa gimnasta de LSU e influencer, que cuenta con millones de seguidores y contratos publicitarios importantes.

La expectativa es que Wilken apruebe el acuerdo, pero no se descarta que modifique ciertas condiciones o incluso que lo rechace. Hasta ese momento, las universidades están en una carrera contrarreloj para adaptarse a un futuro que ya es prácticamente inevitable.

El futuro es hoy. La vieja promesa del deporte universitario como un peldaño académico ha dado paso a una realidad que combina contratos millonarios, agentes, cláusulas legales y repartos de dinero al estilo profesional. Queda por ver si esto garantiza mayor equidad, o si simplemente legaliza las desigualdades que ya existían bajo la mesa.