Avelo Airlines y los vuelos de deportación: ¿expansión comercial o decisión éticamente cuestionable?

Una aerolínea 'budget' que rompe el molde

La aerolínea de bajo costo Avelo Airlines ha entrado en una zona de turbulencias mediáticas y políticas tras firmar un polémico acuerdo para operar vuelos de deportación para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Este contrato, que comenzó a ejecutarse en mayo desde el Aeropuerto Mesa Gateway en Arizona, incluye vuelos domésticos e internacionales como parte de un programa de vuelos charter a largo plazo.

“Sabemos que este es un tema sensible y complicado”, expresó Andrew Levy, fundador y CEO de Avelo, en un comunicado. Según el ejecutivo, la medida fue tomada para apoyar la expansión de la empresa y preservar puestos de trabajo, aunque reconoció que la decisión puede generar controversia.

Pero, ¿es esta una decisión puramente estratégica o representa una toma de postura en un debate político cada vez más polarizado en Estados Unidos?

Un paso inusual para una aerolínea comercial

Lo que vuelve este caso particularmente llamativo es que, históricamente, las aerolíneas comerciales no solían involucrarse en estos vuelos. Tom Cartwright, analista de datos de vuelos de la organización Witness at the Border, declaró que en los últimos cinco años no ha visto que ninguna aerolínea comercial haya realizado estos vuelos, los cuales suelen estar en manos de compañías charter poco conocidas.

“Pueden operar vuelos llenos de migrantes expulsados hoy, y mañana llevar a fanáticos a un torneo de golf. No venden boletos de forma tradicional como lo hace Avelo,” afirmó Cartwright.

Los vuelos están siendo ejecutados con tres aviones Boeing 737-800, un modelo común en la industria para rutas de corto y mediano alcance. La implicación de Avelo, sin embargo, va mucho más allá del plano logístico: envuelve temas de responsabilidad social, imagen corporativa, política migratoria y presión comunitaria.

Nueva Haven responde con indignación

La gota que colmó el vaso para muchos residentes fue la noticia que Avelo, que se autodenomina como “la aerolínea de Nueva Haven”, comenzaría a participar en vuelos de deportación. La indignación fue inmediata.

El alcalde demócrata de New Haven, Justin Elicker, llamó por teléfono directamente a Levy para manifestar su oposición rotunda al acuerdo. En un comunicado contundente, expresó:

“La decisión de Avelo Airlines de fletar vuelos de deportación desde Arizona es profundamente decepcionante y perturbadora. Para una empresa que se promueve como la ‘aerolínea local de New Haven’, este acuerdo va en contra de nuestros valores”, dijo Elicker. “Viajar debería ser sobre unir a las personas, no separar familias.”

Además, grupos de derechos de los inmigrantes en la ciudad lanzaron una campaña de boicot contra la aerolínea, incluyendo una petición en línea para que se retracten del acuerdo.

¿Negocios o política?

Este caso representa un ejemplo perfecto del dilema ético que muchas empresas enfrentan hoy: la tensión entre el interés comercial y la responsabilidad social. Desde una perspectiva puramente empresarial, Avelo puede estar buscando una fuente de ingresos estable que le permita sostener su expansión en un mercado hipercompetitivo. Las aerolíneas de bajo costo operan con márgenes muy estrechos, y cualquier contrato fijo puede significar la diferencia entre cerrar el año en verde o en rojo.

Sin embargo, en el momento en que una empresa privada decide colaborar con políticas gubernamentales controvertidas —en este caso, la detención y deportación de migrantes—, ese paso adquiere una dimensión ética y política.

Un análisis de Pew Research Center de 2023 indicó que el 62% de los estadounidenses cree que el sistema migratorio está "roto" y necesita una revisión total. En ese contexto, asociarse con agencias como ICE no es una decisión inocente, especialmente cuando se administra en secreto o sin previa consulta con las comunidades afectadas.

Precedentes y el oscuro historial de vuelos de deportación

Aunque no es común que aerolíneas comerciales participen en estos operativos, los vuelos de deportación no son nuevos. Durante años, el gobierno estadounidense ha recurrido a alianzas con empresas privadas para manejar la logística de los traslados.

Según un informe del Migration Policy Institute, en 2022 se realizaron más de 150 mil vuelos de deportación desde EE.UU. hacia países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Estas operaciones llegaron a costar más de $6.4 millones semanales solo en transporte aéreo.

Organizaciones como Witness at the Border y Amnesty International han documentado vuelos en los que las condiciones de los migrantes eran extremadamente precarias, incluyendo falta de alimentación adecuada, revisión médica y medidas mínimas de respeto a los derechos humanos.

El dilema para los consumidores

El impacto de esta decisión también se traslada a los pasajeros. ¿Deberían los ciudadanos rechazar volar con una aerolínea que colabora activamente con las políticas de detención y expulsión del gobierno? ¿Pueden separar el servicio que reciben como consumidores de las implicaciones morales de las decisiones corporativas?

Muchos responden negativamente. En un clima donde las corporaciones son cada vez más percibidas como actores políticos, las decisiones estratégicas ya no se perciben como aisladas de los valores y principios que sostienen las comunidades a las que sirven.

Esto se suma a una tendencia social en auge. Un estudio de Edelman Trust Barometer (2023) encontró que el 76% de los consumidores esperan que las empresas tomen una postura pública clara sobre temas sociales importantes. Además, el 63% afirmó que dejaría de comprar un producto o servicio si la empresa violaba valores que consideran esenciales.

¿Qué sigue para Avelo?

La aerolínea ha optado por guardar silencio mediático tras las críticas iniciales. No está claro por cuánto tiempo continuará el contrato ni si habrá nuevas fases que consideren otras ubicaciones. Tampoco se ha confirmado si la empresa revisará su postura ante la presión social o si seguirá adelante tal como está planeado.

Lo que sí es seguro es que la imagen de Avelo como un actor amigable y comunitario ha quedado profundamente golpeada. Sus ambiciones de expansión nacional ahora podrían encontrarse con una resistencia creciente, no solo en las urnas políticas, sino también —y quizás más dolorosamente— en los mostradores de venta de boletos.

En tiempos en los que volar es más que un simple traslado y se ha convertido en una experiencia cargada de significado cultural y ético, decisiones como las de Avelo no pasan desapercibidas.

Y quizá ése es precisamente el punto de partida para una discusión nacional que, mientras gira en torno a una aerolínea de bajo costo, refleja las profundas divisiones sociales, políticas y éticas de un país que aún busca entender qué hacer con su población más vulnerable: sus migrantes.