La batalla por las armas y los derechos: Nueva York, el Departamento de Justicia y el nuevo enfoque del gobierno Trump

El debate en torno al uso de armas y los derechos civiles ha entrado nuevamente en una etapa crítica en Estados Unidos. Desde Nueva York hasta Maine, pasando por la capital federal, las decisiones judiciales, los actos del Departamento de Justicia y las acciones del nuevo gobierno del presidente Donald Trump están creando olas que podrían transformar el paisaje legal del país en cuestiones clave: control de armas, derechos LGBT, y separación de poderes.

La Corte Suprema y las leyes de armas en Nueva York

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar un caso que cuestionaba las leyes de armas en Nueva York. La decisión dejó en pie una sentencia de un tribunal de apelaciones que permite al estado continuar limitando el porte de armas en lugares sensibles como transporte público, hospitales y escuelas, y seguir evaluando el carácter moral de los solicitantes de licencias para portar armas.

Estos requerimientos fueron parte de una ley que los legisladores de Nueva York aprobaron como respuesta al fallo de la Corte Suprema de 2022 en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, que invalidó la exigencia de mostrar una necesidad especial para portar armas en espacios públicos. La nueva legislación abrió el camino para obtener licencias, pero a la vez impuso restricciones específicas sobre dónde se pueden portar armas.

La gobernadora demócrata Kathy Hochul aplaudió la decisión del máximo tribunal: “Las leyes de seguridad con armas en Nueva York salvan vidas”, afirmó en un comunicado.

¿Qué se cayó y qué quedó?

El tribunal de apelaciones que revisó el caso original permitió que sobrevivan los siguientes aspectos de la ley:

• Zonas sensibles donde está prohibido portar armas: transporte público, hospitales, escuelas, etc.
• Evaluaciones de “buena conducta moral” para dueños de armas.

Pero también bloqueó elementos que consideró excesivos:

• La obligación de proporcionar cuentas de redes sociales para obtener una licencia.
• La criminalización de portar armas ocultas en propiedades privadas sin consentimiento explícito del propietario.

Erich Pratt, vicepresidente senior de Gun Owners of America, grupo defensor del porte armamentístico, lamentó que la Corte no tomara el caso: “Nunca dejaremos de luchar para defender los derechos de los dueños de armas en todo el país”.

Fuego cruzado en el Departamento de Justicia

Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Justicia bajo la nueva presidencia de Donald Trump se ha visto envuelto en una controversia alrededor del despido de su abogada de indultos, Liz Oyer. La funcionaria fue cesada el mes pasado luego de negarse —según su versión— a recomendar que se le devolvieran los derechos de armas al actor Mel Gibson.

Oyer fue convocada por el Congreso para testificar en una audiencia conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado sobre posibles abusos o interferencias dentro del Departamento de Justicia. Sin embargo, el gobierno intentó impedir su testimonio alegando “privilegio ejecutivo”.

Según su abogado, Michael Bromwich, incluso se enviaron oficiales armados a su domicilio para entregarle una carta que limitaba su capacidad de testificar. Él calificó el gesto como “un incidente deplorable e inapropiado”.

“Es un paso altamente inusual que agentes del orden armados se dirijan a la casa de una exfuncionaria sin acusación alguna de mal comportamiento”, escribió.

En el núcleo del asunto está una pregunta: ¿está utilizando Trump el aparato judicial para proteger sus decisiones ejecutivas o para castigar a disidentes internos?

Maine vs Trump: educación, deportes y derechos LGBTQ+

Mientras tanto, el estado de Maine ha iniciado una batalla judicial contra el gobierno federal. ¿La causa? El Departamento de Agricultura decidió suspender fondos educativos debido a que el estado, controlado por demócratas, no acató una orden ejecutiva presidencial que prohíbe la participación de atletas transgénero en deportes escolares.

La Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que Maine viola el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por género en programas educativos que reciben fondos federales. Según el gobierno de Trump, permitir que personas trans participen en deportes femeninos es una violación de los derechos de las atletas cisgénero.

El fiscal general de Maine, Aaron Frey, presentó una demanda en un tribunal federal alegando que “el presidente y sus secretarios no están por encima de la ley. Maine no será intimidado para violarla”.

Frey detalló que la suspensión de fondos afecta principalmente al programa de nutrición infantil del estado, el cual da de comer a niños en escuelas, centros infantiles y programas extracurriculares. La suma en juego: más de $5 millones entre fondos actuales, retenidos y futuros.

Antecedentes de una batalla jurídica

Esta no es la primera vez que Trump enfrenta conflicto legal con estados por sus políticas federales. Durante su primer mandato, varios estados lo desafiaron por temas como inmigración, derechos ambientales e incluso el manejo de la pandemia.

Ahora, en su segundo mandato, estos enfrentamientos parecen recrudecerse aún más rápido y con más fuerza. A solo meses de iniciar su nuevo mandato, Trump ya ha sido desafiado por múltiples frentes: el Congreso, organismos estatales y jueces independientes.

El arma como símbolo cultural y político

En el fondo, la controversia armamentística no sólo es sobre seguridad pública: es una lucha simbólica entre visiones ideológicas sobre la libertad individual y la autoridad del Estado.

Históricamente, las armas han sido percibidas en EE.UU. como una extensión de la soberanía personal. La Segunda Enmienda es utilizada por grupos conservadores para reafirmar valores de autosuficiencia y resistencia ante un gobierno centralizador.

Pero los adversarios ideológicos argumentan que el fácil acceso a las armas ha desencadenado una crisis de violencia sin precedentes. Según Gun Violence Archive, en 2023 hubo más de 650 tiroteos masivos en EE.UU. Las muertes por arma de fuego superaron las 45,000 en 2022, un récord histórico.

La vuelta de Trump: ¿liderazgo o imposición?

La política de Trump no ha cambiado en su esencia: desafío frontal a los principios tradicionales de gobernanza federal, uso agresivo del poder ejecutivo, y movilización de su base conservadora mediante políticas que polarizan.

Pero sus decisiones ya empiezan a tener consecuencias institucionales. La idea de usar el Departamento de Agricultura para castigar políticas sociales de un estado, o usar la figura de “privilegio ejecutivo” para silenciar testimonios ante el Congreso, plantea una tensión directa con la doctrina de pesos y contrapesos del sistema democrático estadounidense.

El nuevo paisaje en el horizonte

Estos últimos acontecimientos caminan por un filo: enfrentamientos judiciales, tensiones políticas y movimientos sociales intensifican el debate nacional mientras Estados Unidos redefine los límites entre libertad individual, bienestar colectivo y autoridad gubernamental.

La Corte Suprema, la prensa libre, y el activismo político y judicial serán fundamentales para determinar hacia dónde se inclina la balanza. Mientras tanto, como dice el refrán, la pólvora legal está lista para estallar.