La gran polémica del flúor: ¿Medida sanitaria o experimento político?

El regreso de una vieja controversia

En Estados Unidos, un país donde el agua fluorada ha sido sinónimo de prevención de caries por más de 70 años, la reciente decisión de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, de ordenar a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) detener la recomendación de añadir flúor al agua ha reabierto una guerra cultural, científica y política que parecía resuelta.

Este anuncio se produjo durante una conferencia de prensa conjunta con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en Salt Lake City. Ahí también se celebró la ley firmada por el gobernador de Utah, Spencer Cox, el mes pasado, que convierte a Utah en el primer estado en prohibir legalmente la fluoración del agua pública.

¿Qué es el flúor y por qué se añade al agua?

Desde 1950, tras décadas de investigación, las autoridades federales recomendaron añadir flúor al agua potable como una forma sencilla y rentable de reducir las caries dentales. En 1962, se establecieron guías sobre cuánto flúor debía añadirse y, desde entonces, más del 60% de la población estadounidense ha recibido agua fluorada. La recomendación actual del CDC es de 0,7 miligramos por litro.

Una gran parte de la comunidad médica considera esta política como uno de los logros más significativos de la salud pública del siglo XX.

Las críticas de Kennedy: ¿Ciencia o política?

Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura crítica ante varias vacunas y políticas de salud pública, califica el flúor como un "neurotóxico peligroso". Ha señalado su posible relación con enfermedades como artritis, roturas óseas y trastornos de tiroides, apoyándose en algunos estudios que muestran una correlación entre niveles altos de flúor y diversos problemas de salud.

Entre las investigaciones citadas por grupos como el National Toxicology Program, resaltan estudios provenientes de Canadá, China, India, Irán, Pakistán y México, los cuales indican que concentraciones superiores a 1.5 mg/l podrían estar asociadas con una reducción del IQ infantil. Sin embargo, los detractores de esta política señalan que estos niveles son sustancialmente más altos que los permitidos en EE.UU. (4 mg/l como máximo permitido por EPA), y que muchos de estos trabajos tienen baja calidad metodológica o no han sido replicados.

Utah: del oeste hacia la punta de lanza del movimiento antiflúor

El estado de Utah, liderado por una legislatura republicana, decidió actuar rápidamente con la prohibición de la fluoración. Esta medida fue impulsada por preocupaciones de salud y desconfianza hacia las recomendaciones federales. La ley establece que todas las plantas de tratamiento de agua deben cesar la fluoración antes del 7 de mayo de 2025.

"Estoy muy, muy orgulloso de este estado por ser el primero en prohibirlo, y espero que muchos más lo hagan", declaró Kennedy.

Algunos líderes estatales consideran que los beneficios del flúor han sido exagerados o incluso manipulados por intereses dentales y farmacéuticos. Se posicionan como protectores del derecho de las comunidades a decidir sobre su propia salud.

Las alarmas desde la comunidad médica

La respuesta de expertos en salud fue inmediata. Lorna Koci, presidenta de la Utah Oral Health Coalition, lamentó la decisión estatal y llamó a resistir movimientos similares en otras partes del país. Según Koci:

“Esto parece menos sobre el flúor y más sobre el poder y la política. Preveo que los niños tendrán más caries como consecuencia.”

La preocupación no es infundada. Diversos informes del CDC y la American Dental Association han vinculado la implementación de flúor con una notable reducción en la incidencia de caries en niños de bajos ingresos. El editor de la revista médica "The Lancet" incluso calificó la fluoración del agua como uno de los mayores avances en salud pública.

Cortes presupuestarios y señales confusas

Paralelamente, el cierre de la División de Salud Oral del CDC, producto de recortes federales, ha aumentado la preocupación ante una debilitación institucional en el frente dental. Esta unidad de 20 personas otorgaba subvenciones a agencias locales para promover la salud bucal e implementar la fluoración del agua.

El momento del cierre ha llevado a algunos a preguntarse si hay un esfuerzo más amplio por desmantelar los pilares de la salud preventiva en EE.UU.

¿Ciencia o pseudociencia?

Los científicos están divididos. Algunos aseguran que hay una base científica suficiente para revisar los estándares actuales. Otros insisten en que la evidencia sobre efectos negativos solo aparece en lugares que exceden las recomendaciones, o cuando el flúor proviene de fuentes no controladas.

La American Academy of Pediatrics, la World Health Organization y la International Association for Dental Research apoyan firmemente la fluoración del agua como medio seguro y eficiente para prevenir caries.

No obstante, hasta dentro de la comunidad científica existen matices. Estudios recientes han vinculado niveles elevados de flúor con anomalías dentales (como manchas blancas en los dientes), impactos en la glándula tiroides y, en estudios animales, deterioro neurológico.

Pero el problema sigue siendo la extrapolación: ¿puede un estudio hecho en zonas rurales de Asia aplicarse a contextos urbanos con control regulado como EE.UU.?

Un movimiento de desconfianza institucional

El auge de políticas como la eliminación del flúor está conectado con un clima de creciente desconfianza en las instituciones federales, especialmente en salud pública. La pandemia de COVID-19 exacerbó esa desconfianza. En este sentido, el movimiento antiflúor se suma a la resistencia a las vacunas, a las medidas de confinamiento y, en general, a toda intervención estatal que afecte la libertad individual.

Para algunos, retirar el flúor es empoderar a las comunidades; para otros, es una forma de abandonar a los más vulnerables, ya que los niños de bajos ingresos serán los primeros en ser afectados si desaparece esa línea básica de prevención dental.

¿Qué podemos esperar a largo plazo?

La decisión de Kennedy y el ejemplo de Utah podrían marcar el inicio de una ola de leyes similares en otros estados conservadores. Mientras tanto, organizaciones médicas y dentales están movilizándose para mantener vigente la fluoración donde todavía existe.

Por su parte, la EPA ha iniciado una revisión científica de todos los estudios actuales sobre fluoruro. Esta revisión podría alterar el estándar actual de 4 mg/l si se concluyeran mayores riesgos.

Sea cual sea el desenlace, el caso del flúor se convertirá en una de las batallas simbólicas clave en la reconfiguración del rol del gobierno en la salud pública post-pandemia.

Resulta paradójico que una medida que se concibió para igualar oportunidades de salud dental y ahorrar miles de millones en tratamientos, ahora esté siendo arrastrada al tornado político de la era Kennedy-Trump.

Un debate más allá del agua

El verdadero peso de este debate no está solo en el flúor sino en lo que representa: ¿Debe el Estado protegernos incluso sin nuestro consentimiento explícito? ¿Cuánta evidencia es suficiente para determinar políticas públicas de salud? ¿Y cuándo las decisiones científicas empiezan a convertirse en maniobras políticas?

Mientras tanto, millones de padres en Estados Unidos comienzan a preguntarse si deben aplicar barnices fluorados a sus hijos, volver a los suplementos dentales o simplemente esperar a que sus legisladores decidan por ellos.

En la intersección entre la ciencia y la política, el debate sobre el flúor ha vuelto a bullir, y promete ser uno de los campos de batalla más tensos del nuevo paradigma de salud pública estadounidense.