Albuquerque llama a la Guardia Nacional: ¿medida desesperada o solución viable al crimen desenfrenado?

Por décadas, Albuquerque ha luchado con índices de criminalidad que han expuesto profundas fallas estructurales, primero en la planificación urbana y luego en la respuesta institucional. Pero el reciente anuncio de la gobernadora Michelle Lujan Grisham de declarar estado de emergencia y desplegar a la Guardia Nacional dentro de la ciudad marca un nuevo capítulo: uno que reabre debates sobre militarización, gobernanza e incluso la justicia social.

Crimen en Albuquerque: un problema crónico

Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, no desconoce las amenazas del crimen persistente. Durante años ha encabezado listas de ciudades con altas tasas de delitos violentos. Según FBI Uniform Crime Reporting, en 2022 Albuquerque registró casi 1.000 delitos violentos por cada 100.000 habitantes, lo que la posicionó entre las principales ciudades en Estados Unidos con mayor nivel de violencia.

Las causas son múltiples: desigualdad socioeconómica, acceso libre a armas de fuego, un sistema judicial sobresaturado y una crisis persistente de adicciones, especialmente al fentanilo. Este último ha sido calificado como una epidemia por el mismo jefe de policía Harold Medina, quien atribuyó parte del colapso institucional al efecto devastador de esta droga sintética.

¿Por qué la Guardia Nacional?

El operativo, estimado para arrancar a mediados de mayo, implicará el despliegue de entre 60 y 70 soldados de la Guardia Nacional a lo largo del legendario corredor de la Ruta 66 (Central Avenue). Esta zona, conocida por su significativa carga histórica y actividad comercial, también ha sido un foco habitual de delitos violentos, disturbios y venta de drogas.

La lógica del despliegue es clara: al colocar a la Guardia Nacional en funciones de apoyo —resguardo de escenas del crimen, transporte de prisioneros, vigilancia por drones, asistencia humanitaria—, se libera al ya limitado cuerpo de policía para labores más directas de patrullaje y combate activo al crimen.

¿Precedente o patrón?

No es la primera vez que recursos estatales o federales se movilizan en la ciudad. En 2021, Lujan Grisham envió agentes estatales para frenar una ola de robos de automóviles, tráfico de drogas y delincuentes con órdenes de arresto. Y en 2020, el gobierno de Donald Trump también desplegó agentes federales como parte del Plan de Seguridad “Operation Legend”.

De hecho, la presencia de personal militar en contextos urbanos no es nueva en EE.UU. En Nueva York, por ejemplo, la Guardia Nacional fue desplegada en 2023 para patrullar sistemas de metro tras una serie de incidentes. A lo largo de los años, distintas ciudades como Portland o Chicago también han experimentado intervenciones con diferentes grados de éxito y controversia.

¿Qué dice la ley y la historia?

Según la Ley Posse Comitatus de 1878, el uso del Ejército o la Fuerza Aérea para hacer cumplir leyes domésticas está prohibido salvo excepción del Congreso o autorización constitucional. La Guardia Nacional, sin embargo, existe en una zona gris, ya que puede ser activada por los gobernadores y operar bajo autoridad estatal para tareas de apoyo civil.

Han sido frecuentes las críticas sobre la militarización de la seguridad pública en nombre de la ley y el orden. Instituciones como la ACLU han sostenido que el uso de personal militar en contextos civiles aumenta las tensiones, reduce la confianza comunitaria e incluso eleva el riesgo de violencia institucional.

Violencia juvenil y el cambio legal que no llega

Uno de los detonantes para la medida fue la carta de Harold Medina el 31 de marzo, en donde señaló el aumento de crímenes violentos cometidos por menores como una tendencia alarmante. Su llamado se dio justo después de que la Legislatura estatal cerrara el periodo ordinario sin aprobar reformas sustanciales sobre delitos juveniles, penas mínimas o control de fármacos.

La falta de acción legislativa ha hecho que tanto Medina como la gobernadora tomen estas medidas como último recurso. Aun así, Grisham ha indicado que convocará a una sesión especial para reevaluar y debatir propuestas de seguridad pública.

Estadísticas: ¿funcionan estas medidas?

Según datos policiales publicados en febrero de este año, hubo un descenso del 11% en agresiones agravadas respecto a 2023, y los homicidios disminuyeron por segundo año consecutivo. Alcalde Tim Keller afirmó en abril que “la ciudad ha doblado la esquina en varios rubros del crimen”.

No obstante, las cifras absolutas siguen siendo altas comparadas con promedios nacionales. El departamento de policía aún opera por debajo de la meta de 1.000 oficiales juramentados, otro factor que alimenta la necesidad de apoyo militar temporal.

Impacto en la población civil: entre el alivio y la ansiedad

La presencia de la Guardia Nacional puede tener efectos dispares entre la ciudadanía. Por un lado, algunos comerciantes de Central Avenue se han mostrado esperanzados de que este despliegue traiga tranquilidad a zonas violentas tras años de robos, amenazas y cierres a causa de la inseguridad.

Por otro lado, grupos de derechos civiles y líderes comunitarios han expresado preocupaciones sobre el uso de fuerza militar en comunidades ya afectadas por desigualdad racial y económica. El temor a redadas injustificadas o detenciones masivas no es infundado, considerando precedentes en otras ciudades.

El papel de la ayuda humanitaria

Un aspecto destacable es que los soldados no solo cumplirán tareas de seguridad, sino también de asistencia a poblaciones vulnerables: distribución de alimentos, resguardo a personas sin hogar y coordinación con otros servicios sociales.

Este enfoque integral puede ser un punto de innovación en la respuesta pública al crimen, siempre que se acompañe de transparencia, supervisión civil y coordinación con ONGs y proveedores de servicios sociales.

¿Reelección en juego?

El anuncio llega en momentos cruciales tanto para Michelle Lujan Grisham como para el alcalde Tim Keller, que busca la reelección. No es descabellado pensar que la medida también tiene un cálculo político, destinado a demostrar control, iniciativa y compromiso con los residentes preocupados.

Sin embargo, el éxito podría medirse tanto en cifras como en percepciones. Si la presencia militar resulta en colaboración efectiva sin excesos, podría fortalecer la imagen de ambos mandatarios. Pero si se percibe como un acto de desesperación sin resultados tangibles, la narrativa podría volverse en su contra.

¿Tiene futuro una solución militarizada?

Los expertos coinciden en que la militarización no es una solución a largo plazo. Es un parche, útil para ganar tiempo mientras se construyen soluciones estructurales: vivienda, salud mental, empleos dignos y educación preventiva.

En palabras de criminóloga y activista María Elena López, entrevistada por KUNM: “Las tropas pueden imponer orden por un momento, pero si regresan en seis meses y nada cambió, tendremos más frustración social, no menos.”

Así, la intervención de la Guardia Nacional podría ser el primer paso para algo mayor —o el último recurso en una batalla perdida. Todo dependerá de cómo se gestione, escale y evalúe esta intervención sin precedentes.