Corrupción y negligencia en programas para personas sin hogar: El talón de Aquiles de California

Una crisis que no para de crecer

La ciudad de Los Ángeles enfrenta una de las crisis de personas sin hogar más alarmantes del mundo desarrollado. Según una encuesta de 2024, más de 75,000 personas viven en situación de calle en el condado de Los Ángeles. Eso representa casi un tercio de toda la población sin techo de Estados Unidos. La situación no solo se ha mantenido en niveles críticos durante años, sino que va en aumento pese a los millonarios esfuerzos económicos para combatirla.

Fondos millonarios... ¿y resultados?

Durante la última década, California ha invertido miles de millones de dólares en programas para asistir a su población sin hogar. El problema: no hay claridad sobre en qué se ha gastado ese dinero ni quién lo ha administrado.

La Agencia de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, conocida como Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA), ha estado en la mira por gastos irresponsables, opacidad en su gestión y falta de resultados tangibles. La situación llegó a un punto crítico cuando auditorías internas revelaron una combinación peligrosa de gastos descontrolados y resultados ineficaces.

El 75% del presupuesto de LAHSA proviene de fondos federales y estatales. En 2023, LAHSA gestionó más de $800 millones, entre contrataciones con organizaciones sin fines de lucro, servicios de salud mental, y programas de vivienda temporal. Sin embargo, Skid Row, el epicentro de la crisis en el centro de Los Ángeles, sigue igual de saturado de pobreza y abandono.

El hartazgo ciudadano y un cambio de gestión

Ante el escándalo, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles decidió hace unas semanas quitarle a LAHSA el control de más de $300 millones anuales, reasignándolos a una nueva dependencia dedicada exclusivamente a manejar de forma más eficiente la emergencia habitacional.

Tras conocerse esta decisión, Va Lecia Adams Kellum, directora ejecutiva de LAHSA, presentó su renuncia al cargo, argumentando que la remoción del presupuesto socavaba las funciones del organismo. No obstante, muchos vieron esto como una consecuencia directa de una gestión fallida que, durante años, fue incapaz de hacer frente a la mayor crisis social del estado más rico del país.

El gobierno federal toma cartas en el asunto

El nuevo fiscal federal para la región del sur de California, Bill Essayli, ha decidido pasar de la preocupación a la acción. En una declaración contundente, anunció la creación de la Fuerza Especial de Fraude y Corrupción en Programas para Personas sin Hogar.

El objetivo: investigar posibles delitos vinculados a la mala utilización de fondos federales para programas de asistencia a las personas sin hogar en siete condados, incluyendo Los Ángeles. También evaluarán fraudes cometidos con donaciones privadas destinadas a dicha población vulnerable.

"Los contribuyentes merecen respuestas sobre dónde y cómo se ha gastado su dinero", declaró Essayli. "Si los gobiernos locales no pueden proveer la supervisión adecuada, lo haremos nosotros".

Esta medida de intervención federal no solo es inusual, sino también un fuerte llamado de atención a las autoridades estatales sobre la gravedad del problema.

Una ciudad doblemente rota: institucional y socialmente

Las calles del centro de Los Ángeles cuentan otra historia, más cruda y visible. Skid Row, el histórico distrito donde se concentra la mayor cantidad de personas sin hogar, se ha convertido en un verdadero símbolo de un sistema que no funciona.

Cortinas improvisadas, carpas rotas, colchones mojados y estructuras sin cimientos se entremezclan con ratas y desechos humanos. Y mientras tanto, más de 70 agencias gubernamentales y privadas reciben fondos para "resolver" esta situación. ¿Dónde está el dinero?

La sensación generalizada entre los ciudadanos es de desconfianza e impotencia. De hecho, según una encuesta del Los Angeles Times, el 68% de los residentes considera que la crisis de personas sin hogar ha empeorado en los últimos tres años, pese al aumento del presupuesto destinado al problema.

¿Qué es la justicia restaurativa aplicada en el gobierno?

En paralelo al caso de LAHSA, el sistema judicial de Nueva York dio un giro inesperado cuando la concejala Susan Zhuang, acusada de morder a un jefe policial durante una protesta contra un albergue para personas sin hogar, fue absuelta tras completar un proceso de justicia restaurativa.

Este proceso, destinado a promover el diálogo, la rendición de cuentas y la sanación, se llevó a cabo con el consentimiento de la víctima del incidente. "Esto es exactamente lo que la justicia restaurativa busca: abordar el daño, fomentar la comprensión y apoyar un camino hacia adelante", declaró el vocero del fiscal de distrito de Brooklyn.

Pero, ¿puede este tipo de resolución alternativa ser implementada a nivel institucional ante el uso indebido de recursos públicos? La diferencia aquí es clara: Zhuang representaba un incidente aislado, mientras que la corrupción en la gestión de fondos para la vivienda en ciudades como Los Ángeles constituye una estructura fallida sistemática.

Un problema nacional, no solo angelino

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., más de 580,000 personas están sin hogar en el país. De ellas, cerca del 30% viven en California. Estados como Nueva York, Texas y Florida también enfrentan desafíos importantes, pero ninguno como los vistos en Los Ángeles.

Las causas son múltiples: falta de viviendas asequibles, aumento del costo de vida, desempleo, adicciones, problemas de salud mental, y políticas de vivienda inadecuadas. Pero a esto se suma otro factor clave: la corrupción o mala gestión de los recursos existentes.

La esperanza puesta en la transparencia y la reforma

La creación de la nueva Fuerza Especial Federal podría marcar un antes y un después si realmente logra identificar responsables y cambiar el paradigma de asistencia social. Pero más allá de castigar irregularidades del pasado, la gran tarea es rediseñar estructuras más eficaces, fiscalizables y humanas.

Como expresó la supervisora del condado, Kathryn Barger, "la creación de esta fuerza especial de auditoría era algo urgentemente necesario. No podemos seguir tolerando un modelo donde los recursos no llegan a quienes más los necesitan".

¿El principio del fin de la impunidad?

En un contexto global en el que las ciudades buscan volverse más resilientes, sostenibles e inclusivas, la situación que vive Los Ángeles es vergonzosa. Y no por la presencia de personas sin hogar en sí misma, sino porque existen los recursos para cambiar la historia, pero no la voluntad política ni la capacidad administrativa para canalizarlos correctamente.

Lo que empezó como una crisis social hoy también es una crisis institucional. Pero si la presión pública continúa y las nuevas auditorías federales hacen su trabajo, puede que finalmente se estén sentando las bases de una transformación necesaria.