Hungría y la ofensiva de Orbán: ¿Cómo la represión del Orgullo LGBTQ+ revela una democracia en declive?

En las últimas semanas, miles de ciudadanos húngaros han tomado las calles de Budapest para alzar su voz contra una ley que ha encendido las alarmas dentro y fuera del país: la prohibición de eventos LGBTQ+, incluyendo las celebraciones del Orgullo, para menores de 18 años. Las protestas no sólo representan la indignación ante una legislación considerada discriminatoria, sino que también evidencian una deriva autoritaria liderada por el primer ministro Viktor Orbán.

Un puente simbólico, una batalla por derechos

El epicentro de estas manifestaciones ha sido el puente Erzsébet, una arteria vital de la capital húngara que cruza el Danubio. Allí, por cuarta semana consecutiva, los manifestantes se congregaron con pancartas coloridas y consignas de libertad, desafiando órdenes policiales y arriesgándose a sanciones. Se han propuesto bloquear los cinco puentes centrales del Danubio como muestra de desobediencia civil.

Esta ola de manifestaciones ha sido impulsada principalmente por juventudes LGBTQ+, activistas de derechos humanos y sectores opositores. Una de ellas, Viktória Vajda, expresó en medios locales: “Si no defendemos los derechos de las minorías hoy, ¿quién lo hará cuando vengan por nosotros?”

¿Qué dice la nueva ley?

Impulsada por Fidesz, el partido ultranacionalista de Orbán, la legislación fue aprobada en marzo de forma acelerada. Bajo el pretexto de proteger a los menores, la norma prohíbe eventos como el Orgullo LGBTQ+, y cualquier acto o contenido que “muestre la homosexualidad” a personas menores de 18 años. Esto incluye mensajes en televisión, literatura, publicidad e incluso películas.

Las autoridades, además, han anunciado el uso de herramientas de reconocimiento facial para identificar a quienes participen en estos eventos prohibidos. Las multas por asistir o promover actos de este tipo pueden ascender hasta los 200,000 forintos (aproximadamente 545 dólares).

La semana siguiente a la entrada en vigor de la norma, se supo que el Parlamento busca ampliar esta legislación mediante una enmienda constitucional que consagre la prohibición de eventos LGBTQ+ en espacios públicos. También se evalúa legislación paralela para criminalizar bloqueos de tráfico como forma de protesta.

El patrón ruso: la homosexualidad como herramienta política

Comparaciones con Rusia no se han hecho esperar. En 2013, el Kremlin aprobó una ley similar que prohibía la “propaganda homosexual” hacia menores. Aquella ley fue utilizada como instrumento represivo contra activistas, organizaciones y medios de comunicación. En Hungría, el patrón parece repetirse.

Orbán incluso ha justificado las restricciones y vigilancia digital alegando que se trata de proteger a la infancia de la “propaganda sexual”, un argumento calcado del utilizado por Vladimir Putin desde hace más de una década.

Tal como señala Human Rights Watch, estos marcos legales infringen directamente los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular la protección de la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación.

Orbán y su estrategia populista en año electoral

Más allá del contenido explícito de la ley, los analistas coinciden en que se trata de una estratagema política: revitalizar a su base conservadora mediante la creación de un enemigo común. Para Orbán, ahora es la “ideología de género”.

Con elecciones nacionales programadas para el próximo año, su partido Fidesz ha ido en declive en las encuestas. Esta ofensiva contra los derechos LGBTQ+ no es un hecho aislado, sino parte de una serie de maniobras destinadas a reafirmar su capital político entre el electorado ultranacionalista, rural y religioso.

No es la primera vez que esto ocurre. En 2021, se aprobó en Hungría la ley de “protección infantil”, que prohíbe el contenido LGBTQ+ en educación y medios accesibles a menores. Ese año, 13 países de la Unión Europea emitieron una carta conjunta en condena, liderada por Países Bajos y Bélgica.

Una deriva democrática: autocracia dentro de la Unión Europea

El caso húngaro ha sido uno de los más notorios en cuanto al retroceso democrático dentro de la Unión Europea. Orbán ha sido acusado de copar las instituciones judiciales, modificar las reglas electorales, promover leyes contra los medios de comunicación y suprimir fondos a universidades consideradas ideológicamente contrarias.

Organismos como el Parlamento Europeo han llegado incluso a declarar que Hungría ya no puede considerarse una democracia plena. En una resolución de septiembre de 2022, los eurodiputados mencionaron “un régimen híbrido de autocracia electoral”.

A pesar de ello, Orbán sigue impulsando referendos populistas, reformas constitucionales polémicas e incluso ha amenazado con eliminar las garantías básicas para organizar manifestaciones.

El peso del Orgullo: historia, visibilidad y resistencia

El Budapest Pride no es simplemente una fiesta. Desde su primera edición en 1997, ha sido uno de los símbolos de la resistencia cívica en Hungría. Con más de 35,000 asistentes en su última edición, es actualmente uno de los eventos pro derechos humanos más importantes del país centroeuropeo.

La nueva legislación pone en peligro su existencia: los organizadores no pueden obtener permisos legales si hay posibilidad de que menores estén presentes en áreas públicas durante las marchas.

“El Estado se vuelve juez moral, decide qué valores son adecuados y cuáles no, y eso contradice los principios más fundamentales de una democracia liberal”, señaló János Stummer, parlamentario opositor del partido Momentum, durante su presencia en las protestas.

Una respuesta europea tímida pero creciente

La comunidad internacional ha comenzado a responder. Desde Bruselas se barajan medidas para congelar fondos estructurales a Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado: “La ley húngara es una vergüenza”.

También organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras han advertido que Hungría está desarrollando un sistema de represión digital que podría ser replicado por otros países del bloque.

Y sin embargo, entre la burocracia europea y la relación estratégica de Orbán con líderes euroescépticos de Polonia, Eslovaquia e Italia, no se han aplicado por ahora sanciones definitivas. El delicado equilibrio de poder en el Parlamento Europeo limita la capacidad de presión.

¿Qué viene después? El papel de la ciudadanía

Lo que sí es claro es que la ciudadanía húngara ha decidido tomar cartas en el asunto. Ya no se trata solo de una pelea de la comunidad LGBTQ+. En las calles de Budapest, se han visto también estudiantes, docentes, sindicalistas y familias demostrando una notable interseccionalidad en la defensa de libertades fundamentales.

Así se planta la semilla de una oposición civil más amplia que busca defender no solo los derechos individuales, sino el corazón institucional de Hungría como república democrática.

En palabras de Viktória Vajda, la joven manifestante: “Hemos llegado a un punto en el que ya no se trata solo de quién puede amar a quién. Se trata de si vamos a continuar siendo una sociedad libre o vamos a aceptar vivir bajo un régimen que decide por todos”.

El puente Erzsébet en Budapest se ha convertido no solo en un campo de protesta, sino en un símbolo de la encrucijada que enfrenta la Hungría contemporánea: elegir entre el autoritarismo encubierto en valores nacionales o recomponer su frágil democracia bajo los principios del pluralismo y la dignidad humana.