Nueva York desafía a Trump y defiende el peaje de congestión: ¿justicia ambiental o golpe al bolsillo?

NUEVA YORK – Mientras miles de automóviles ingresan diariamente a Manhattan, una silenciosa batalla política y legal se libra en los tribunales y en la opinión pública en torno al peaje de congestión o congestion pricing. A pesar de las amenazas de la administración de Donald Trump y la controversia que ha desatado la medida, los neoyorquinos podrían seguir pagando al menos hasta el otoño por ingresar al centro de la Gran Manzana.

¿Qué es el peaje de congestión y por qué se implementó?

La idea de un peaje por congestión no es nueva. Ciudades como Londres, Estocolmo o Singapur lo han implementado con cierto nivel de éxito. En Nueva York, esta tarifa —de $9 por día para la mayoría de los vehículos— comenzó a cobrarse el 5 de enero de este año y aplica a todos los conductores que cruzan al sur de Central Park (calle 60), con el objetivo de reducir el tráfico vehicular, disminuir la contaminación y recaudar fondos para el deteriorado sistema de transporte público.

Desde que se comenzó a hablar del proyecto, la Metropolitan Transportation Authority (MTA), junto con grupos ambientalistas y algunas autoridades locales, lo ha defendido como una solución innovadora a problemas crónicos de la ciudad. Según estudios del propio organismo, la medida podría aportar $1,000 millones de dólares anuales y contribuir a financiar actualizaciones y mantenimiento del metro y autobuses urbanos, que transportan a millones de personas cada día.

Trump contra el peaje: una postura ideológica

El drama político se intensificó cuando el presidente Trump, tan pronto como volvió al poder en enero, se manifestó en contra del programa. Uno de los motivos más comentados: sus propiedades, incluyendo la Torre Trump, se encuentran dentro de la zona afectada.

Su secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el cobro como “una bofetada para la clase trabajadora y los pequeños empresarios.” En abril, el Departamento de Transporte (DOT) exigió a Nueva York que eliminara la medida antes del 20 de abril, o de lo contrario se retendrían fondos federales destinados a proyectos de infraestructura.

Sin embargo, Nueva York no cedió. La MTA y el estado, respaldados por múltiples autoridades locales, respondieron con una demanda federal para evitar que se revoque la aprobación previa del peaje. Hasta ahora, los tribunales han permitido que el programa continúe mientras el caso sigue su curso. Las partes involucradas acordaron un calendario que podría extenderse hasta octubre con presentaciones judiciales programadas, lo que implica que los $9 seguirán en pie al menos durante varios meses más.

¿Una solución progresiva o una carga regresiva?

Para algunos sectores, el programa representa un avance sustancial hacia una ciudad más verde y eficiente. “Menos coches significa un aire más limpio, calles más transitables y un transporte público más rápido y fiable”, señalan desde grupos como Transportation Alternatives y Riders Alliance.

No obstante, la crítica persistente radica en que el peaje, si bien beneficioso para el medio ambiente, podría ser regresivo, afectando en mayor medida a quienes no tienen alternativa más que conducir debido a trabajos nocturnos o necesidades familiares.

De acuerdo con un estudio del Citizens Budget Commission, solo el 4% de los trabajadores del área metropolitana conducen desde suburbios lejanos directamente al centro de Manhattan. Sin embargo, ese pequeño porcentaje tiende a estar compuesto por personas de ingresos medios o bajos que carecen de alternativas eficientes de transporte.

Un conflicto que va más allá de Nueva York

Este conflicto entre los gobiernos locales y federales refleja una tendencia creciente en la política estadounidense: los estados y ciudades demócratas están empujando su propia agenda progresista en temas como cambio climático, educación y equidad social, mientras que la administración Trump busca frenar o revertir esas políticas.

De hecho, el intento de eliminar el peaje coincide con otras recientes acciones del gobierno de Trump contra iniciativas progresistas. La Corte Suprema falló a favor del gobierno para impedir la reincorporación temporal de empleados federales despedidos masivamente, restauró recortes de fondos para programas educativos y suspendió deportaciones controladas por jueces federales. Incluso dentro del propio Departamento de Justicia se ha desacelerado el enfoque en delitos de criptomonedas, en un giro de prioridades que muchos consideran preocupante.

¿Puede el gobierno federal eliminar el peaje de congestión?

Técnicamente, el programa requiere una autorización ambiental previa del gobierno federal debido a su posible impacto económico y social. En 2022, durante la administración Biden, esa aprobación fue otorgada. La nueva administración intenta ahora revertirla alegando insuficiencia en los estudios de impacto sobre trabajadores de clase media y transportistas.

Pero revertir esta decisión no es un proceso sencillo. De hecho, el principio legal conocido como la “doctrina de arbitrariedad” impide que una agencia como el DOT pueda anular una política existente sin ofrecer una nueva base racional sólidamente documentada.

Además, Nueva York sigue argumentando que el Congreso federal le ha dado desde hace décadas autoridad sobre políticas locales de movilidad.

La ciudadanía habla (y reacciona)

Mientras la lucha se libra en declaraciones judiciales e informes técnicos, los neoyorquinos han comenzado a vivir directamente el impacto. Algunos aplauden la descongestión visible durante las horas pico y reportan que el metro parece más rápido. Otros, especialmente repartidores, conductores de Uber y trabajadores que viven en suburbios, dicen estar sintiendo el golpe en sus bolsillos.

“Yo trabajo de noche repartiendo en zonas donde no hay tren. Antes me salía a cuenta, ahora con este cobro me está comiendo la ganancia”, comenta Luis Hernández, residente de Queens que maneja su propio auto cada noche hacia el centro.

Por otro lado, Martha Liu, una residente de Harlem que trabaja en Midtown, dice que ha notado un cambio. “El autobús llega más rápido, ya no se atasca en la Quinta Avenida. Claro que hay que ajustarse financieramente, pero no podemos seguir igual cuando nos estamos ahogando en humo de escape.”

Una lucha que definirá el futuro urbano en EE. UU.

Lo que está en juego con la disputa del congestion pricing va mucho más allá de las fronteras de Nueva York. Ciudades como San Francisco, Boston e incluso Chicago están observando atentamente cómo se desarrolla el caso. Algunos alcaldes ya han expresado interés en copiar el modelo si las cortes lo ratifican como legal y factible.

De materializarse como política permanente, este tipo de programa podría marcar el inicio de una nueva etapa en la gestión ambiental, económica y urbana de las grandes ciudades estadounidenses, en un momento donde la agenda climática choca cada vez más con intereses políticos tradicionales.

Como resumen, este peaje se ha convertido no solo en un instrumento financiero, sino en un estandarte ideológico: representa uno de los grandes campos de batalla del federalismo contemporáneo en Estados Unidos. ¿Podrá David vencer a Goliat una vez más? Nueva York parece determinada a intentarlo.