TPS bajo amenaza: cómo la comunidad venezolana en EE.UU. enfrenta una nueva ola de incertidumbre migratoria

La comunidad venezolana en Estados Unidos se encuentra en estado de alerta tras una serie de medidas gubernamentales impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump y respaldadas parcialmente por el Tribunal Supremo. A pesar de victorias legales parciales, la tensión es palpable en ciudades como Doral, Florida, considerada el corazón de la diáspora venezolana en el país.

Una ley del siglo XVIII que regresa con fuerza

El detonante de la más reciente controversia migratoria ha sido la aplicación de la Alien Enemies Act, una ley originada en 1798, creada en tiempos de guerra para permitir la deportación de ciudadanos de países enemigos. La Corte Suprema permitió su uso en determinadas circunstancias para deportar a migrantes acusados de ser miembros de pandillas, como Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional nacido en Venezuela.

Donald Trump celebró la decisión como una “gran victoria para la justicia en América”, mientras que abogados y asociaciones de derechos civiles alertaron sobre el peligro de usar legislación de tiempos de guerra sin pruebas sustanciales contra individuos que muchas veces ni están involucrados con bandas criminales.

¿Quiénes están en riesgo?

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, más de 700,000 venezolanos han podido residir en EE.UU. bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). Cerca de 350,000 todavía gozan de protección gracias a recursos judiciales pendientes, pero otros miles perdieron el amparo legal cuando Trump eliminó programas como DED y decisiones previas sobre TPS.

En Doral, Florida, estas cifras no son números lejanos; son vidas, familias, empleos, niños en escuelas y sueños truncados.

El espejo de Doral: retrato de una comunidad al borde

Cerca del 50% de la población de Doral tiene origen venezolano, y caminar por sus calles es como hacerlo por una ciudad de Venezuela asentada en suelo americano. Restaurantes como “Sabor Venezolano”, dirigido por migrantes que ahora ofrecen empleo a sus compatriotas, tienden a representar historias de éxito dentro de una comunidad que llegó huyendo del autoritarismo y la miseria económica.

Gabriela Osuna, una joven de 23 años con TPS, cofundó un colectivo artístico que organiza eventos culturales. “Esta comunidad no solo es trabajadora, también crea cultura, aporta al país. No merecemos vivir con miedo cada día”, comenta mientras retrata momentos cotidianos en uno de los bares que frecuenta con su pareja.

Muchos residentes en Doral reportan vivir bajo una ansiedad constante. “Tenemos el TPS, pero sentimos que puede desaparecer de un día a otro”, dice María, migrante que vive con su esposo ciudadano estadounidense y sus dos hijas estadounidenses protegidas bajo el mismo programa.

El laberinto legal: entre jueces, deportaciones y confusión jurídica

Un aspecto crítico del fallo reciente es que no autoriza deportaciones inmediatas. La Corte dictaminó que las personas primero deben recibir una notificación y tener oportunidad de defenderse ante un juez. El detalle es importante: permite retrasar las deportaciones mientras los acusados preparan su defensa legal.

Pero la batalla legal será desigual. Muchos están detenidos en centros migratorios de Texas, lejos de sus familias y sin acceso adecuado a asesoría legal. Cada proceso debe presentarse individualmente y en la jurisdicción donde el detenido se encuentra, lo que complica aún más la organización de sus abogados.

Mientras tanto, la American Civil Liberties Union (ACLU) ya ha presentado demandas para proteger a inmigrantes acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas. En un caso sonado, Kilmar Abrego García fue deportado erróneamente a una prisión en El Salvador y el gobierno estadounidense ha declarado que “no tiene forma” de traerlo de vuelta, lo que hizo estallar las alarmas sobre la irreversibilidad de estos actos.

Un caso que rompe la separación de poderes

La situación ha escalado a tal punto que el juez federal James Boasberg no descartó sancionar al gobierno por desacatar órdenes judiciales. Boasberg denunció una posible “mala fe” detrás de los intentos por acelerar deportaciones antes de que los tribunales pudiesen intervenir.

El propio Trump apeló al impeachment del juez, lo cual provocó una rara respuesta del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien defendió la independencia judicial y señaló que los desacuerdos no deben manejarse por vías políticas.

La política migratoria como arma electoral

Muchos analistas ven en estas medidas un esfuerzo por fortalecer narrativas de “mano dura contra el crimen”, utilizadas ya en ciclos electorales previos, como en 2016. En ese entonces, la agresiva retórica antimigrante sirvió como plataforma principal del entonces candidato republicano.

Pero la realidad es mucho más compleja: los venezolanos han huido de la violencia, inseguridad alimentaria e inestabilidad política de su país para enfrentarse ahora a nuevas amenazas en Estados Unidos, país que durante años los consideró como un “grupo de protección especial”.

Voces desde dentro: la lucha por los derechos sin perder la esperanza

Desde sectores religiosos hasta organizaciones civiles, se multiplican los llamados a la conciencia social. La Iglesia Católica ha manifestado su rechazo a las deportaciones sin debido proceso. Grupos como UnidosUS y RAICES ofrecen asistencia legal gratuita o de bajo costo ante una avalancha de necesidades.

“Debemos recordar que detrás de cada TPS hay una historia, un rostro, una familia. No estamos hablando de números ni de estadísticas, sino de seres humanos”, expresó Yrene Bruno, empleada y franquiciada de un negocio de comida que ha dado trabajo a decenas de migrantes.

También los jóvenes alzan su voz. Reinaldo Schanz, ciudadano estadounidense de 19 años y oriundo de Venezuela, cuenta cómo su familia apoya sancionar a quienes tienen antecedentes penales, pero se ha sorprendido al ver que personas trabajadoras bajo programas legales como TPS también han sido blanco de procedimientos migratorios.

Doral no será silenciada

Bajo una atmósfera de incertidumbre y resistencia, la comunidad venezolana sigue organizándose para defender sus derechos. Iniciativas como “Teleport to Venezuela”, un innovador documental en realidad virtual, busca conectar emocionalmente a quienes jamás han conocido el país, especialmente a las generaciones nacidas en EE.UU. o que emigraron siendo bebés.

Con casi medio millón de personas aún protegidas por litigios en curso, el futuro de miles de familias venezolanas dependerá no solo de decisiones judiciales, sino de la voluntad política del próximo ciclo presidencial. La lucha apenas comienza.