Una regresión en los derechos: La retirada de guías ADA y el retroceso en la fluorización del agua en EE.UU.

En una serie de movimientos recientes que han hecho sonar las alarmas en los sectores de salud pública y defensa de derechos civiles, la administración del expresidente Donald Trump retiró varias guías claves relacionadas con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y está impulsando un cambio drástico en la política de fluorización del agua.

Estos cambios no han sido menores. Por un lado, once documentos de orientación esenciales para la implementación voluntaria de la ADA fueron retirados por el Departamento de Justicia, y por otro, se busca borrar décadas de políticas de salud dental preventiva, lideradas por el Secretario de Salud de ese momento, Robert F. Kennedy Jr.

Una revisión ideológica: ¿Qué se eliminó realmente?

Los documentos retirados abarcan temas simples pero fundamentales: cómo mantener espacios de estacionamiento accesibles, instrucciones a hoteles sobre cómo acomodar a huéspedes con discapacidades, o incluso cómo responder a necesidades de comunicación en hospitales durante la pandemia de COVID-19. Cinco de estas guías estaban directamente relacionadas con el contexto pandémico.

Una de las más relevantes era una “lista de mantenimiento” para tiendas minoristas, enfocada en garantizar que pasillos, entradas, elevadores y baños fueran accesibles. También se incluyó la eliminación de sugerencias para estaciones de gasolina de autoservicio que explicaban cómo asistir a personas con discapacidad que no podían usar las bombas.

Según Marc Dubin, abogado y consultor de ADA, estas guías si bien no eran vinculantes legalmente, ayudaban enormemente a prevenir demandas costosas y promovían el cumplimiento voluntario.

¿Una estrategia pro-empresa o un retroceso en derechos civiles?

Estas acciones fueron justificadas por el Departamento de Justicia como un modo de “reducir la carga regulatoria sobre las empresas”. El entonces Subsecretario Adjunto de Estado, Mac Warner, argumentó que esto permitiría a las empresas ahorrar dinero que podrían reinvertir en la economía.

Sin embargo, organizaciones como el National Council on Independent Living lo ven diferente. Su director, Theo Braddy, fue tajante: “Cuando tu negocio es accesible, las personas con discapacidades vendrán y gastarán su dinero”. También advirtió que la retirada de las guías era equivalente a enviar un mensaje de que no es necesario cumplir con todo lo que estipula la ADA.

Impacto empresarial: ¿Realmente es caro cumplir la ADA?

Una pregunta válida que se hacen los empresarios es si adaptar sus instalaciones representa una gran inversión. La respuesta es: depende. Renovaciones mayores como agregar rampas o modificar baños pueden tener un costo elevado, pero muchas de las recomendaciones eliminadas eran de bajo costo, como despejar entradas u organizar bien los objetos en una habitación de hotel.

A pesar de los costos, expertos sostienen que el cumplimiento es una inversión a largo plazo. Según investigaciones de la Reserva Federal (2020), las empresas accesibles tienen un 15% más de probabilidad de atraer nuevos clientes. Además, evitan riesgos legales y mejoran su imagen pública.

En paralelo: Un ataque a la fluorización del agua

La ofensiva contra las políticas de salud pública alcanzó también a la política de fluorización del agua potabilizada, promovida en EE.UU. desde 1950 como una de las medidas de salud dental más exitosas del siglo XX. Según los CDC, la fluorización ha reducido en más del 25% la incidencia de caries en niños y adultos.

Pero Robert F. Kennedy Jr. —para ese momento Secretario de Salud— lanzó su ofensiva personal contra esta práctica. Denunció públicamente el flúor como “una neurotoxina peligrosa” y una “basura industrial”, y prometió formar un equipo para recomendar al CDC que deje de promoverla.

¿Qué dice la ciencia sobre el fluoruro?

La versión oficial del CDC recomienda un nivel de 0.7 mg de flúor por litro de agua. Sin embargo, estudios realizados en México, Irán y China, citados por el Programa Nacional de Toxicología de EE.UU., encontraron que niveles superiores a 1.5 mg/l están asociados con menor coeficiente intelectual en niños.

El juez de distrito Edward Chen, en una sentencia de 2023, obligó al gobierno a revaluar la regulación de flúor, dejando claro que si bien no hay certeza absoluta del daño, hay “un riesgo irrazonable” que debe tomarse en cuenta.

Decisión sin consenso científico

Expertos como Lawrence Gostin, de la Universidad de Georgetown, explican que aunque el secretario de salud tiene autoridad para cambiar las recomendaciones del CDC, hacerlo sin previo análisis científico erosiona la confianza pública: “Si realmente vas a tomarlo en serio, convocas a la Academia Nacional de Ciencias y sigues sus indicaciones”.

Pero Kennedy anunció la creación de un grupo interno sin aclarar quién lo integrará ni con qué metodología evaluará la evidencia científica existente.

¿Qué está pasando en los estados?

Utah fue el primer estado en eliminar oficialmente la fluorización del agua en 2024. En Mississippi, más del 20% de los sistemas hídricos dejaron de aplicar flúor. Durante la pandemia, escasez de suministros químicos llevó a permitir su suspensión “temporal”, pero muchas comunidades nunca reiniciaron el proceso.

Según la Asociación Americana de Planificadores del Agua, fluorar el agua cuesta entre $1 y $2 por persona al año. Erie, Pensilvania, por ejemplo, fluoriza el agua para 220.000 personas por $35,000 a $45,000 anuales, pagado íntegramente mediante tarifas de agua locales.

Sin embargo, los recortes generalizados impulsados por Trump también eliminaron departamentos enteros del CDC, incluyendo la División de Salud Oral de 20 personas. Aunque el Congreso había asignado explícitamente fondos para salud dental, la administración Trump argumentó limitaciones presupuestarias.

Un brote que prueba la importancia de la salud pública

En paralelo, un brote de sarampión en Texas alcanzó 481 casos confirmados a principios de abril de 2025. Tres personas murieron, incluidos dos niños. Un caso se extendió rápidamente en una guardería del condado de Lubbock con más de 200 niños expuestos. Las autoridades locales han cambiado protocolos de vacunación, adelantando la primera dosis de los 12 meses a los 6 meses en ese condado.

El brote se extendió a Kansas, Oklahoma, Nuevo México e incluso México, y refleja lo rápido que se puede perder terreno en salud pública cuando decae la vacunación o se atacan programas preventivos como la fluorización.

¿Estamos retrocediendo décadas?

Para muchos defensores de derechos y salud, estos cambios no son coincidencias aisladas, sino parte de un patrón ideológico. Desde retirar apoyos a personas con discapacidad hasta desechar políticas preventivas en salud pública, la administración de Trump ha mostrado una tendencia clara a reducir el papel del Estado en garantizar mínimos estándares de acceso, salud y equidad.

Como dijo con firmeza Chai Feldblum, exvicepresidenta de la Comisión AbilityOne bajo la presidencia de Biden: “Nada sustituye a un Departamento de Justicia firme y comprometido. No tener eso tendrá consecuencias sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Hoy más que nunca, los expertos y defensores de derechos civiles coinciden: eliminar guías y programas puede parecer una forma de desregulación burocrática, pero tiene un costo humano real y duradero.