Derrames, despidos y discordia: el incierto destino de las políticas energéticas y medioambientales en EE.UU.

Una tormenta perfecta: medio ambiente, salud pública y políticas en crisis

Lo que parecía una serie de eventos aislados en Estados Unidos —un derrame de petróleo, despidos masivos en la FDA y el rechazo de una ley en California— se revela, al analizarlos juntos, como una señal de desorden institucional frente a desafíos críticos. El año 2025 se perfila como uno decisivo para el sector energético, la salud pública y la lucha contra el cambio climático. A continuación, ofrecemos un análisis integral desde una mirada crítica y conectada que une sucesos actuales, decisiones legislativas y consecuencias sociales, ambientales y económicas de gran impacto para los ciudadanos.

Derrame en Dakota del Norte: ¿otro "accidente" más?

El martes 8 de abril, el oleoducto Keystone tuvo una ruptura en el sureste de Dakota del Norte. El resultado: un estimado de 147,000 galones de crudo —unos 3,500 barriles— vertidos en la tierra agrícola cercana a Fort Ransom. Este no es un incidente aislado. De hecho, el analista ambiental Paul Blackburn denunció que el sistema Keystone ha tenido una tasa de derrames superior al promedio comparado con oleoductos similares como Dakota Access (4.5 millones de litros frente a 4,853 litros respectivamente).

Operado por South Bow, el Keystone transporta petróleo desde Canadá a refinerías en EE.UU., atravesando estados como Dakota del Norte y Nebraska. Desde su construcción en 2010, ha sido foco de protestas ambientales, en particular en su malogrado proyecto de expansión Keystone XL, cancelado tras años de luchas judiciales y sociales.

“La historia de este oleoducto está manchada no solo de petróleo, sino de negligencia”, comentó Blackburn. El área afectada ahora está llena de camiones, operarios, equipos de vacío y monitoreo de calidad del aire, mientras los residentes, como el agricultor Myron Hammer, resisten en medio del olor a crudo y la incertidumbre.

Consecuencias económicas: ¿subirá la gasolina?

Los expertos están divididos. Algunos afirman que la interrupción del abastecimiento a refinerías puede provocar incrementos en precios de gasolina, diésel y combustible para aviones. “Podría empujar el alza de precios por la menor disponibilidad de crudo”, advirtió Ramanan Krishnamoorti de la Universidad de Houston. Pero otros, como Mark LaCour del Oil and Gas Global Network, señalan que las refinerías tienen almacenaje suficiente para evitar un impacto inmediato, incluso ante una paralización de varias semanas.

Lo cierto es que los precios de combustible ya venían en alza por tercera semana consecutiva, y los conflictos comerciales internacionales y el precio global del barril de petróleo también juegan un papel.

FDA: despidos, caos interno y marcha atrás en el regreso a las oficinas

Paralelamente a esta crisis ambiental, el gobierno lanzó una reestructuración masiva del sistema de salud pública federal. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), pieza clave en la aprobación de medicinas, sufrió una purga sin precedentes: se despidió a más de 3,400 empleados, lo que equivale al 15% del personal.

Según fuentes internas, estas decisiones afectaron áreas como revisores de vacunas, dispositivos médicos, alimentos y productos de tabaco. Incluso el equipo de comunicaciones fue casi desmantelado. Como consecuencia, la agencia tuvo que revertir una de sus políticas más recientes: obligar a los empleados a retornar a oficinas físicas.

Ahora, los revisores y supervisores trabajarán al menos dos días a distancia. “Es una medida para evitar una fuga aún mayor de talento que pone en riesgo las funciones esenciales de la FDA”, comentó un funcionario anónimo.

Dr. David Kessler —excomisionado de la FDA— calificó las decisiones como “devastadoras, caóticas y carentes de sentido”. La medida tensiona aún más la relación entre funcionarios de carrera y la administración federal.

Presupuesto en jaque: ¿adiós a las tarifas privadas?

La FDA opera con un presupuesto de $7 mil millones anuales, de los cuales casi la mitad proviene de tarifas de usuario pagadas por industrias farmacéuticas, de dispositivos y tabaco. Por ejemplo, el 70% del programa de aprobación de medicamentos se financia con estas tarifas. Sin embargo, estas tarifas están condicionadas: si el presupuesto público disminuye demasiado, las compañías pueden dejar de pagar o incluso recuperar sus fondos.

Por eso, muchos alertan que los despidos y renuncias están poniendo en peligro un sistema que ha garantizado la rapidez en la aprobación de nuevos medicamentos. “Si las tarifas de usuario no son reautorizadas, se paraliza todo el engranaje regulador”, advirtió el abogado Michael Gaba, especialista en temas FDA.

El nuevo comisionado Marty Makary parece entender esta amenaza: su primera medida fue restaurar el teletrabajo para retener talento. “Debe reconstruir los equipos y recuperar la productividad”, dijo Steven Grossman, exfuncionario del HHS.

California: ley para responsabilizar petroleras es rechazada

Mientras tanto, en California, se intentó una respuesta legislativa al impacto climático de la industria petrolera. El senador estatal Scott Wiener impulsó una ley para que víctimas de incendios, inundaciones y huracanes pudieran demandar a empresas de combustibles fósiles por daños provienen directamente del cambio climático.

El proyecto contemplaba montos desde $10,000 en daños personales o a la propiedad, así como otorgaba a las compañías aseguradoras la posibilidad de reclamar indemnizaciones. Pero la ley fue bloqueada esta semana por el Comité Judicial del Senado, con varios demócratas absteniéndose. La propuesta podrá ser reconsiderada más adelante, pero su fracaso momentáneo es un revés para las políticas climáticas progresistas.

Wiener respondió con dureza: “Este rechazo es un golpe contra las víctimas de desastres climáticos. Solo quieren justicia tras décadas de mentiras de las grandes petroleras”. Según la NOAA, solo en 2023, EE.UU. tuvo 28 eventos climáticos con costos que superaron los $1,000 millones cada uno.

Entre los opositores estaba la senadora Anna Caballero, quien argumentó que la ley no haría que las personas reconstruyan sus hogares más rápido. “Esto es para los abogados, no para las familias que perdieron sus casas”, sentenció.

Débil liderazgo y tensiones con políticas federales

Este rechazo ocurre mientras California combate con la administración Trump, que volvió a impulsar decisiones que bloquean políticas ambientales estatales. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para identificar regulaciones estatales que, a su juicio, obstaculizan “el dominio energético estadounidense”.

California ha liderado históricamente leyes sobre emisiones, transporte limpio y salud ambiental. Pero con propuestas recientes del Congreso para frenar la venta de vehículos a gasolina para 2035 y la reducción de gases nitrosos en camiones, el reloj climático se retrasa aún más.

¿Qué tienen en común estos hechos?

El derrame en Dakota, los despidos en la FDA y la derrota legislativa en California son síntomas de una misma enfermedad sistémica: la falta de coordinación política y el debilitamiento institucional frente a problemas estructurales como el cambio climático, la salud pública y la regulación del sector energético.

Cuando las agencias pierden expertos, los responsables de los derrames quedan impunes y la legislación ambiental es bloqueada por miedo a efectos económicos, la salud del planeta y de sus ciudadanos se vuelve secundaria.

EE.UU., potencia mundial, enfrenta una cruda paradoja: quiere liderar en innovación y sostenibilidad, pero sus decisiones gubernamentales están desmantelando los propios cimientos que permiten tal liderazgo. Entre petróleo y medicamentos, lo que se derrama es también la confianza pública en sus instituciones.