El oscuro choque entre terratenientes y los megaproyectos del cambio climático en EE.UU.

Una noche inesperada en Dakota del Sur

Jared Bossly, un agricultor de 43 años de edad, se encontraba plantando soya una noche de primavera de 2023 en su finca de 2,000 acres ubicada en Mansfield, Dakota del Sur, cuando notó la presencia inusual de un vehículo del sheriff aparcado en la esquina de su propiedad. Lo que parecía al principio una simple ronda policial, resultó ser el inicio de una de las batallas legales más polémicas sobre el uso de tierras privadas en Estados Unidos bajo la justificación del bien común.

El oficial no venía a socializar, sino a entregarle documentos judiciales. Bossly fue informado de que la empresa Summit Carbon Solutions pretendía utilizar su terreno como parte de un proyecto multimillonario para el transporte y almacenamiento de dióxido de carbono, lo cual requería iniciar un proceso de expropiación forzosa –también conocida como eminent domain.

¿Qué es el proyecto de Summit Carbon Solutions?

Summit Carbon Solutions propone construir un oleoducto de dióxido de carbono de casi $9 mil millones de dólares que pasará por cinco estados del Medio Oeste: Dakota del Sur, Dakota del Norte, Iowa, Minnesota y Nebraska. El objetivo del proyecto es capturar el gas de efecto invernadero emitido por diversas instalaciones agrícolas e industriales, transportarlo a través de una red de ductos y almacenarlo de manera subterránea –una técnica conocida como captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés).

Esta tecnología pretende mitigar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones contaminantes antes de que lleguen a la atmósfera. En teoría, representa una solución de vanguardia para los desafíos ambientales contemporáneos. Sin embargo, en la práctica, ha enfrentado una feroz oposición local, debido al posible impacto social, económico y legal sobre comunidades rurales y propietarios individuales.

232 demandas contra propietarios: una ofensiva legal sin precedentes

Según una revisión conjunta de Lee Enterprises, Summit Carbon Solutions ha iniciado 232 demandas contra propietarios de tierras, en su mayoría en Dakota del Sur, Dakota del Norte e Iowa. De estas, al menos 156 casos correspondieron al uso de expropiación forzosa en Dakota del Sur.

En un hecho abrumador, en tan solo dos días de abril de 2023, la empresa presentó 83 demandas de eminent domain en Dakota del Sur. Estas acciones judiciales no solo tomaron por sorpresa a los granjeros y terratenientes, sino que también movilizaron a legisladores, activistas y residentes que comenzaron a cuestionar los límites entre el bien común y los derechos de propiedad privada.

El dilema legal del eminent domain

El eminent domain es una herramienta legal en Estados Unidos que permite a gobiernos –y, en ciertos casos, a empresas privadas– adquirir terrenos privados compensando al propietario, siempre y cuando se justifique como una causa de “utilidad pública”. Tradicionalmente, se ha invocado en la construcción de autopistas, líneas eléctricas, infraestructuras hidráulicas y, más recientemente, proyectos energéticos verdes.

Sin embargo, este recurso se ha convertido en un arma de doble filo que levanta serias interrogantes sobre justicia, derechos individuales y transparencia. ¿Vale más una promesa climática que la soberanía de un campesino sobre sus tierras? ¿Qué pasa cuando los afectados no creen en el beneficio común proclamado por las grandes corporaciones?

Protestas en el campo: resistencia organizada

La ofensiva legal desatada por Summit motivó una respuesta organizada por parte de las comunidades afectadas. Agricultores, rancheros e incluso partidos políticos comenzaron a exigir límites al uso del eminent domain para proyectos privados. La oposición creció tanto que en marzo de 2024, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, promulgó una nueva ley prohibiendo el uso del eminent domain para la construcción de oleoductos de dióxido de carbono.

Este acto legislativo fue celebrado como una victoria histórica por quienes ven el avance descontrolado de estas industrias como una amenaza existencial a sus estilos de vida. Incluso algunos defensores de la acción climática expresaron cautela, señalando que una política ambiental sin consenso social está destinada al fracaso.

¿Qué dicen los datos?

Sistemas de Carbon Capture and Storage ya existen en otras regiones del mundo. Noruega, por ejemplo, tiene operando desde 1996 el proyecto Sleipner, que almacena alrededor de 1 millón de toneladas de CO₂ por año sin mayores incidentes. Sin embargo, el contexto sociopolítico y geográfico del Medio Oeste estadounidense es muy diferente.

De acuerdo con estudios del IEA (Agencia Internacional de Energía), los proyectos de CCS son esenciales para alcanzar metas net-zero, pero requieren reglas claras, transparencia y participación comunitaria. La falta de consulta o consentimiento informado puede truncar incluso los planes más ambiciosos.

No es solo tecnología: es confianza

“Esto no es simplemente una lucha sobre tuberías, es una lucha sobre libertades individuales”, declaró en una audiencia pública uno de los granjeros demandados. Para muchos, el dilema gira en torno a la falta de confianza hacia las corporaciones que afirman proteger el clima mientras amenazan con quitarte tus tierras en nombre del progreso.

Summit Carbon Solutions insiste en que los propietarios recibirán compensaciones adecuadas y que el proyecto beneficiará a toda la región mediante empleos e innovación. No obstante, las consecuencias emocionales, económicas y políticas para quienes sienten haber sido automáticamente ignorados son profundas y duraderas.

Polarización rural y urbana: ¿quién decide el futuro verde?

La crisis provocada por este proyecto revela una división cultural creciente en Norteamérica: la visión urbanocéntrica del cambio climático** frente a la realidad cotidiana de quienes viven en zonas rurales. Mientras que en las ciudades muchos aplauden la tecnología CCS como un avance deseable, para quienes son llamados a hospedarla en sus tierras sin decir palabra, puede parecer una imposición elitista.

Este choque de perspectivas está generando nuevos alineamientos políticos. Sectores tradicionalmente conservadores se están redefiniendo no solo como protectores del medio ambiente, sino como defensores del acceso igualitario a decisiones ambientales. El llamado es a no sacrificar justicia social en el altar del progreso climático.

¿Tiempos más verdes o más grises?

Mientras el futuro del oleoducto de Summit permanece incierto –con rechazos en Dakota del Sur y permisos todavía pendientes en otros estados–, una cosa parece clara: las políticas ambientales necesitarán ser tanto ecológicas como democráticas. Sin una visión inclusiva que integre ciencia, ley y comunidad, el camino hacia la sostenibilidad será tan tortuoso como las líneas que estas tuberías intentan trazar.

Llegó el momento de un nuevo paradigma donde el medioambiente no se imponga desde arriba, sino que se construya desde abajo, con todas las voces en la mesa.