Nicaragua contra la fe: La despiadada persecución religiosa del régimen de Ortega

Por segunda vez consecutiva, las tradicionales procesiones de Semana Santa en Nicaragua han sido prohibidas. En lugar de los vibrantes desfiles de fe, los fieles enfrentan una nación envuelta en miedo, silencio y vigilancia. Lo que ocurre hoy en Nicaragua va más allá de una confrontación entre Estado e Iglesia; es una campaña sistemática para desmantelar uno de los pilares culturales e históricos más influyentes del país: el cristianismo.

Un Estado contra la espiritualidad

El gobierno liderado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha sido acusado por múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos —incluyendo la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional— de llevar a cabo una de las campañas más agresivas del mundo contra la religión institucionalizada.

En su informe anual de 2024, dicha comisión calificó la situación en Nicaragua como “abismal” y documentó la persecución, expulsión y criminalización de clérigos católicos, pastores evangélicos y miembros de iglesias indígenas. Un alto comisionado, Stephen Schneck, incluso afirmó: “La libertad religiosa es el canario en la mina de carbón de todos los derechos humanos. Su deterioro señala una amenaza totalitaria a gran escala.”

Más de 200 religiosos exiliados

Desde 2018, al menos más de 200 líderes religiosos han sido obligados al exilio, entre ellos obispos, sacerdotes, seminaristas y casi un centenar de religiosas. Muchos fueron detenidos, interrogados y condenados sin un debido proceso, mientras otros simplemente despertaron con órdenes de expulsión o se vieron obligados a huir para evitar represalias.

El caso más mediático es el del obispo Rolando Álvarez, apresado sin justificación formal durante más de un año hasta ser liberado en febrero de 2024 y enviado a Roma como parte de negociaciones secretas entre el Vaticano y el gobierno nicaragüense.

Procesiones prohibidas y homilías vigiladas

Incluso quienes permanecen en el país viven bajo una vigilancia orwelliana. Según testimonios de sacerdotes exiliados:

• Deben informar a la policía cada vez que desean visitar a un enfermo.
• Las homilías deben ser revisadas y aprobadas por autoridades civiles antes de ser pronunciadas.
• Las comunidades parroquiales enfrentan espionaje sistemático, con feligreses grabados en misa por presuntos informantes del régimen.

Las procesiones del Vía Crucis y el Domingo de Resurrección han sido particularmente atacadas. En 2023, para evitar su realización, el Estado desplegó miles de agentes antimotines. Únicamente se permitieron celebraciones dirigidas por clérigos considerados “alineados” con el gobierno.

Una Iglesia bajo asedio económico

Además del control físico y simbólico, el gobierno de Ortega-Murillo ha intervenido cuentas bancarias de las diócesis, confiscado propiedades e incluso ha obligado al cierre de instituciones católicas dedicadas a la educación y la asistencia social.

Una comisión independiente documentó más de 900 actos de agresión directa contra entidades religiosas entre 2018 y 2024. Entre ellos destacan:

• Incendios en templos (incluida la quema de un crucifijo de 400 años en Managua).
• Prohibiciones masivas a la entrada de naves misioneras.
• Cierre de estaciones de radio y canales católicos.

Los religiosos que aún operan dentro de Nicaragua carecen frecuentemente de medicamentos y alimentos básicos. Muchos dependen de redes clandestinas de la diáspora para sobrevivir.

El régimen y su intento de “iglesia oficial”

Félix Maradiaga, opositor nicaragüense y devoto católico, afirma que el gobierno actual está intentando emular el modelo de la Iglesia Patriótica en China: una jerarquía religiosa cooptada y controlada por el gobierno, sin vínculos con Roma ni autonomía espiritual.

“Los sandinistas llevan décadas intentando suplantar los símbolos de fe con una espiritualidad estatalizada. No les basta con la represión; buscan apropiarse del alma del pueblo”, declaró.

Maradiaga destaca que, durante las protestas de 2018, muchas iglesias se convirtieron en refugios improvisados para jóvenes heridos y perseguidos. Fue entonces que la Iglesia se ganó la etiqueta enemiga del régimen.

Miedo, pero fe persistente

Pese al clima de terror, la llama de la fe sigue viva. Aunque las ceremonias públicas se han reducido, miles de católicos continúan reuniéndose en casas privadas para rezar el rosario, asistir a misas secretas o compartir lecturas bíblicas.

La abogada y activista Martha Patricia Molina, desde su exilio en Estados Unidos, explica que el miedo ha forzado a la “Iglesia doméstica”:

“Hay sacerdotes que se niegan a oficiar una misa por un difunto por temor a represalias colectivas. Es una mezcla de dolor y resistencia silenciosa.”

Su propio padre falleció recientemente, y ningún clérigo en Nicaragua se atrevió a celebrar una misa por él, ni siquiera en privado. “Tengo la esperanza de poder regresar algún día y darle sepultura en nuestra tierra”, añade con nostalgia.

La reacción internacional

La administración de Estados Unidos, liderada por el Secretario de Estado Marco Rubio en visitas recientes a la región, ha dudado en calificar lo que sucede como un intento estatal por “eliminar por completo a la Iglesia Católica del ámbito público”.

Desde el Vaticano, el propio Papa Francisco ha emitido varios comunicados condenatorios, aunque el tono diplomático de la Santa Sede ha sido materia de debate. Durante la última solemnidad de la Inmaculada Concepción, el pontífice llamó a los nicaragüenses a no perder la fe en la misericordia divina.

¿Qué se juega aquí?

Nicaragua es una nación con profundas raíces religiosas. Más del 80% de su población se identifica como cristiana, dividida casi por igual entre católicos y evangélicos. Para muchos analistas, la persecución religiosa es apenas la punta del iceberg en una estrategia estatal de silenciar toda forma de disidencia y apropiarse del poder cultural.

La libertad de culto es un derecho fundamental, protegido por múltiples tratados internacionales firmados por Nicaragua. Su violación sistemática representa una señal de alarma para todo el hemisferio.

Hoy, mientras las campanas de las iglesias suenan más bajas en León, Granada y Managua, los corazones creyentes aún portan una promesa ancestral: que ni las cárceles, ni los exilios, ni los decretos logren apagar la esperanza de un pueblo cuya fe ha resistido dictaduras, terremotos y guerras civiles.