Una bandera bajo vigilancia: Redes sociales, antisemitismo y una peligrosa frontera migratoria

El creciente ojo del Estado en las redes sociales

En una medida que ha encendido alarmas tanto entre defensores de derechos humanos como entre juristas constitucionales, la administración de Donald Trump, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), ha anunciado que comenzará a evaluar la actividad en redes sociales de los solicitantes de beneficios migratorios para detectar “actividades antisemitas”.

Esta decisión entra en vigencia de inmediato y forma parte de un endurecimiento más amplio impulsado por una orden ejecutiva del expresidente Trump, que busca identificar y negar beneficios migratorios a aquellos vinculados con acciones que puedan ser consideradas como promoción del antisemitismo.

¿Qué implica esto para los inmigrantes?

Los grupos afectados abarcan desde estudiantes internacionales, personas afiliadas a instituciones educativas y solicitantes de residencia permanente hasta individuos ya dentro del país bajo algún estatus legal.

En declaraciones emitidas por el gobierno, se menciona que USCIS utilizará evidencias de redes sociales para identificar apoyo, promoción o defensa del terrorismo antisemita o de “organizaciones terroristas antisemitas” como Hamas, la Jihad Islámica Palestina y Hezbollah.

Sin embargo, lo más preocupante de la medida es la falta de una definición clara de antisemitismo, sobre todo en un contexto político y cultural sumamente polarizado, donde expresiones críticas hacia las políticas de Israel pueden ser malinterpretadas o manipuladas como antisemitismo.

Un terreno legal y ético resbaladizo

El uso de redes sociales como fuente para evaluar las credenciales migratorias no es nuevo. Desde la administración de Barack Obama ha habido una tendencia hacia una vigilancia estricta en espacios digitales. Pero bajo Trump, esta práctica ha escalado.

En 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a recolectar identificadores de redes sociales como parte del expediente migratorio, pero lo que ahora cambia profundamente es el foco ideológico sobre una causa específica: el supuesto antisemitismo.

Según el grupo ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), esto representa un peligroso precedente donde los derechos a la libertad de expresión y asociación pueden verse severamente vulnerados bajo pretextos de seguridad nacional.

¿Qué es "antisemitismo"? ¿Y quién lo define?

Uno de los principales problemas reside en la falta de transparencia: el comunicado del USCIS no aclara qué publicaciones podrían considerarse antisemitas, ni qué instituciones educativas están siendo perfiladas como “asociadas” al antisemitismo.

Expertos como Kenneth Stern —autor de la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA)— han advertido que la sobregeneralización de esa definición puede ser utilizada para silenciar voces críticas, especialmente del movimiento pro-Palestina.

En particular, han aumentado los intentos de deportación contra estudiantes nacidos en el extranjero que participaron en protestas pro-palestinas. El caso reciente de Mahmoud Khalil, estudiante detenido por expresar apoyo a Gaza, ha sido presentado como evidencia de un uso represivo del sistema migratorio.

El fantasma del "enemigo ideológico" en Estados Unidos

La historia de EE.UU. está marcada por momentos en los que ideologías percibidas como "enemigas" del Estado fueron motivo de represión sistemática: desde el macartismo de los años 50, pasando por la vigilancia a musulmanes posterior al 11-S, hasta el monitoreo del movimiento Black Lives Matter.

Este tipo de políticas despiertan ecos preocupantes de esas épocas. La medida anunciada por USCIS representa, para muchos, una forma moderna de persecución ideológica basada no en acciones concretas, sino en simpatías políticas o afiliaciones percibidas.

Cuando la vigilancia digital se convierte en arma política

Vivimos en una era donde los perfiles sociales son ventanas abiertas a nuestras ideas, emociones y posicionamientos políticos. Que el Estado emplee esa información como criterio para otorgar derechos pone en juego principios fundamentales como el debido proceso, libertad de pensamiento y privacidad.

Pero el impacto no se detiene allí: las instituciones educativas podrían también estar bajo escrutinio. Universidades con historial de crítica al gobierno israelí o con asociaciones estudiantiles pro-palestinas podrían ver su reputación afectada, y sus estudiantes, aun los internacionales, podrían sufrir represalias migratorias.

Los efectos colaterales: discriminación y silencio

El temor a ser etiquetado como antisemita puede provocar un efecto paralizador, especialmente entre inmigrantes, donde la expresión crítica podría considerarse un lujo arriesgado. El miedo puede llevar a la autocensura, debilitando el debate público, la crítica política legítima y la defensa de derechos humanos, como el del pueblo palestino.

Además, esta norma podría ampliar las razones para negar beneficios migratorios, añadiendo un componente subjetivo que depende de la interpretación de publicaciones y su “intención”.

¿Una fotografía compartida? ¿Un video de una manifestación? ¿Una publicación con una bandera palestina? ¿Puede eso ser suficiente para considerar a alguien un simpatizante de actividades terroristas antisemitas?

Un puente muy delgado entre antisemitismo y activismo

Nadie cuestiona que el antisemitismo es una forma inaceptable de odio y violencia que debe ser combatida. Pero cuando la definición se estira hasta convertir cualquier crítica a la política del Estado de Israel en antisemitismo, el concepto pierde valor, y quienes verdaderamente luchan contra el antisemitismo corren el riesgo de ser ignorados en medio de una tormenta política ideológica.

Michael Sfard, abogado de derechos humanos en Israel, lo expresó así en una entrevista: “Convertir el antisemitismo en un arma política no solo socava la justicia a nivel global, sino que trivializa el antisemitismo real”.

¿Qué puede suceder ahora?

Esta política aún podría enfrentar desafíos legales, especialmente si organizaciones de derechos civiles argumentan que viola la Primera Enmienda y el debido proceso de los inmigrantes, quienes son garantizados ciertos mínimos legales aún sin ser ciudadanos.

Abogados como Hassan Ahmad, especialista en derecho migratorio, han advertido que el sistema migratorio ya es opaco y discrecional, y que agregar variables ideológicas sólo hará que personas inocentes sufran consecuencias desproporcionadas.

¿Y si esta política se perpetúa?

Un riesgo no menor es que futuras administraciones, republicanas o demócratas, decidan continuar o expandir esta política, aplicándola a otras causas ideológicas como el feminismo, el ecologismo o movimientos antiimperialistas. La normalización de la vigilancia política colocaría a EE.UU. en una postura autoritaria alarmante.

Como planteó la representante demócrata Pramila Jayapal en el Congreso: “Si no quieren ordenes judiciales que los limiten, simplemente no hagan cosas ilegales o inconstitucionales”.

Una frase que también podría aplicarse a políticas migratorias que vulneran libertades fundamentales tras una máscara de seguridad nacional.