¿Problemas reales o fantasmas políticos? La lucha por el derecho al voto en EE.UU. bajo el lente del SAVE Act

Una nueva cruzada política: el SAVE Act

En un ambiente político cada vez más polarizado, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos impulsan con fuerza una de las prioridades electorales del expresidente Donald Trump: el proyecto de ley conocido como Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE Act), que busca exigir prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar en elecciones federales.

Aunque lo presentan como un esfuerzo para blindar la integridad electoral, sus críticos –incluidos demócratas, defensores del derecho al voto y expertos legales– lo califican como una amenaza significativa al ejercicio democrático que podría excluir a millones de ciudadanos estadounidenses del proceso electoral.

Entonces, ¿estamos ante una reforma necesaria o frente a una maniobra política motivada por desinformación electoral?

¿Qué propone el SAVE Act?

El SAVE Act establece que cualquier ciudadano que solicite registrarse para votar utilizando el formulario federal debe presentar prueba documental de ciudadanía, ya sea en persona o mediante documentación específica como:

• Pasaporte estadounidense vigente
• Documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno junto a un acta de nacimiento certificada

Este requisito complicaría, según sus opositores, el acceso al voto para millones de ciudadanos quienes, por diversas razones, no tienen esos documentos a la mano.

Votar siendo extranjero: ¿problema real o mito?

Los promotores del SAVE Act afirmaron que existe una amenaza latente en la participación de votantes no ciudadanos. Pero diferentes estudios y estadísticas demuestran que se trata de un problema marginal.

Según el Brennan Center for Justice, una influyente organización no partidista dedicada a fortalecer la democracia, el fraude electoral por parte de extranjeros es casi inexistente.

“Lo que esto hace es aprovecharse del miedo, un miedo construido sobre una mentira”, dijo Adrian Fontes, secretario de Estado de Arizona, respecto al proyecto de ley. “Y la mentira es que hay muchos no ciudadanos votando. Eso no es verdad”.

Un informe del Pew Research Center indica que más del 96 % de las denuncias por fraude electoral involucran errores administrativos o irregularidades menores, y no personas votando ilegalmente.

Las cifras alarmantes del impacto potencial

De acuerdo con estimaciones del Brennan Center en 2023, cerca del 9% de ciudadanos estadounidenses en edad de votar —es decir, más de 21 millones de personas— carecen de prueba de ciudadanía fácilmente disponible.

Para poner esto en perspectiva:

• Menos del 50% de los estadounidenses posee un pasaporte
• Los ciudadanos mayores o que viven en áreas rurales tienen menos acceso a documentos gubernamentales
• Las mujeres que han cambiado su nombre por matrimonio o divorcio se ven especialmente afectadas

Un ejemplo concreto ocurrió recientemente en New Hampshire. Durante unas elecciones locales, una mujer divorciada no pudo votar porque no tenía el certificado de matrimonio de hace décadas que demostrara su cambio de nombre. Un caso entre muchos.

¿Lecciones del pasado?

Esta no es la primera vez que se intenta implementar medidas similares. En 2011, Kansas aprobó una ley que exigía prueba de ciudadanía. El resultado fue nefasto:

• Más de 31.000 registros de ciudadanos estadounidenses fueron bloqueados
• Un tribunal federal declaró la ley inconstitucional en 2018

Es decir, no sólo no solucionó un problema inexistente, sino que también creó barreras reales y sustanciales para el ejercicio del derecho al voto.

El argumento republicano

Desde la bancada republicana, el SAVE Act es visto como un paso necesario para restaurar la confianza en las elecciones y evitar lo que perciben como una vulnerabilidad en el sistema electoral.

El representante Bryan Steil, presidente del Comité de Administración de la Cámara, afirmó:

“Si un no ciudadano vota en una elección, eso anula el voto de un ciudadano legal”.

Y su colega Chip Roy, representante republicano de Texas, agregó:

“A quienes ya están registrados se les seguiría permitiendo votar según su registro actual (...) estamos dando a los estados mecanismos y flexibilidad”.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con los datos sobre incidencias de votos ilegales –prácticamente insignificantes– y los profundos problemas logísticos que enfrentaría la ciudadanía con esta legislación.

¿Retroceso en derechos civiles?

Las críticas al SAVE Act no solo se centran en sus efectos prácticos, sino en el trasfondo ideológico. Se percibe como parte de un movimiento más amplio contra la diversidad, equidad e inclusión (DEI) impulsado por sectores conservadores.

Este movimiento ha dado lugar a la eliminación de iniciativas orientadas a corregir disparidades históricas en distintos espacios, incluido el sistema educativo y los procesos electorales.

Casos como el de NDN Collective en Dakota del Sur —donde se anuló un acuerdo que buscaba frenar discriminaciones hacia estudiantes indígenas— ilustran una tendencia preocupante: la eliminación sistemática de políticas restitutivas bajo el pretexto de “neutralidad” o “legalismo”.

¿Qué dicen los expertos constitucionalistas?

Expertos en derecho electoral como Rick Hasen, profesor en la Universidad de California, han advertido que implementar este tipo de requisitos podría tener consecuencias legales y sociales graves.

No solo puede aumentar el número de ciudadanos injustamente inhabilitados para votar, sino que también puede allanar el camino para generaciones futuras cada vez más excluidas del sistema democrático.

“Están rompiendo algo que siempre ha funcionado razonablemente bien, solo para arreglar un problema que no existe”, concluyó Hasen.

El factor racial e histórico

Algunos activistas han expresado que exigir estos documentos impactará desproporcionadamente a comunidades de color y a personas de bajos ingresos, quienes históricamente han enfrentado más dificultades para reunir documentación oficial por razones estructurales.

En Dakota del Sur, Darren Thompson, portavoz del Sacred Defense Fund, recordó que muchos nativos americanos tienen apellidos como “Black Elk” que los vuelven objeto de discriminación, y que muchas veces carecen de actas de nacimiento con nombres coincidentes frente a los utilizados en documentos escolares u oficiales.

¿Un obstáculo electoral en modo encubierto?

La legislación, presentada como una herramienta de garantía electoral, podría ser en realidad una vía para limitar la participación ciudadana, especialmente en comunidades que tienden a votar por el Partido Demócrata.

No sería la primera vez que se utiliza una legislación supuestamente neutral para afectar indirectamente a determinados grupos de votantes, una táctica conocida como “voter suppression” o supresión del voto.

¿Qué pasará en el Senado?

Pese a su aprobación en la Cámara baja, el futuro del SAVE Act es incierto. El Senado —controlado por los demócratas— probablemente detendrá la propuesta, ya que se necesitarían 60 votos para superar un posible filibusterismo.

Esta es la segunda vez que se presenta el proyecto. Y al igual que en el pasado Congreso, se espera que muera en comisión o sea frenado durante la votación plena.

Conclusión informal para el lector

Las democracias más sanas son aquellas que se esfuerzan por ampliar, no restringir la participación ciudadana. Mientras los republicanos insisten en que el SAVE Act busca proteger el voto, los datos y la experiencia histórica demuestran otra cosa: este tipo de medidas tienden a obstaculizar más que a proteger.

Cuando millones de ciudadanos pueden quedar fuera del proceso electoral por no tener en su cajón un papel que prueba algo que ya saben —que son tan estadounidenses como cualquiera— es momento de preguntarse si la verdadera amenaza a la democracia no viene del exterior, sino de dentro del propio sistema legislativo.