¿Prueba de ciudadanía para votar?: El nuevo frente en la batalla electoral de EE.UU.

Una medida controversial en el corazón del debate electoral

La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar una legislación que, de avanzar en el Senado, sacudiría los cimientos del sistema electoral estadounidense. Se trata del SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility Act), un proyecto de ley que exigiría prueba documental de ciudadanía a toda persona que desee registrarse para votar.

Este impulso legislativo, promovido por los republicanos y respaldado por Donald Trump, busca evitar que personas no ciudadanas participen en elecciones federales. Sin embargo, no ha tardado en desatar fuertes críticas de parte de grupos de derechos civiles, expertos en políticas públicas e incluso algunos funcionarios electorales estatales, quienes advierten que millones de ciudadanos estadounidenses podrían ser desenfranchisados injustamente.

¿Qué propone exactamente el SAVE Act?

El proyecto de ley, impulsado por el congresista republicano Chip Roy de Texas, establece que ningún estado podrá aceptar una solicitud de inscripción electoral si no va acompañada de una prueba documental de ciudadanía estadounidense.

Entre los documentos aceptables se encuentran:

• PASAPORTE estadounidense válido.
• Licencia de conducir REAL ID que indique ciudadanía (lo cual es extremadamente raro actualmente).
• Carnet militar con registro de nacimiento en suelo estadounidense.
• Certificados de nacimiento y otros documentos como actas de matrimonio para validar cambios de nombre.

Toda persona que se registre por correo deberá presentar estos documentos en persona en su oficina electoral local.

Una solución para un problema casi inexistente

Los republicanos argumentan que quieren proteger la integridad del voto y evitar “injerencias extranjeras” en las elecciones. Pero los datos apuntan a un fenómeno marginal: en Míchigan, una revisión reciente identificó a solo 15 personas posibles no ciudadanas entre los más de 5.7 millones de votos emitidos en la elección general de 2024. Thirteen of them were referred for potential criminal charges.

“Esta mínima fracción de posibles casos no justifica las barreras masivas que este proyecto impondría”, dijo la Secretaria de Estado de Míchigan, Jocelyn Benson, en un comunicado.

Votar sin ser ciudadano ya es ilegal bajo leyes federales, y puede conllevar penas graves, incluyendo la deportación. ¿Es realmente necesaria esta legislación?

¿Qué pasa con los votantes ya registrados?

Oficialmente, la ley no afectaría a quienes ya están registrados. Sin embargo, sí impactaría en personas que cambien de domicilio o actualicen sus datos. En esos casos, deberían volver a validar su ciudadanía con documentos adicionales.

Esto podría afectar de manera desproporcionada a:

• Personas de bajos ingresos que no tienen fácil acceso a documentos oficiales.
• Mujeres cuyos documentos no reflejan el mismo nombre actual debido a matrimonios o divorcios.
• Habitantes de zonas rurales que viven lejos de oficinas electorales o dependencias gubernamentales.

Todo esto va en contra de las prácticas de registro automático y registro en línea que varios estados han implementado con éxito para facilitar la participación democrática.

Los obstáculos documentales: ¿quién tiene los papeles?

Según datos del Departamento de Estado y el Censo, menos del 50 % de los ciudadanos estadounidenses tiene pasaporte, y muchos carecen de licencias REAL ID o certificados de nacimiento de fácil acceso.

Además, aunque los documentos aceptables incluyen combinaciones como identificación con foto + acta de nacimiento, no todos los estados tienen procedimientos claros o uniformes. De hecho, solo 5 estados ofrecen una versión del REAL ID que indica ciudadanía: Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington.

La falta de estandarización abre la puerta a un caos administrativo al momento de verificar documentos y podría derivar en una aplicación desigual entre estados.

¿Qué pasaría el día de las elecciones?

En los estados con registro el mismo día de las elecciones, las personas deberían presentar pruebas de ciudadanía ese mismo día, en escritorio electoral, antes de recibir su boleta. Si no llevan los documentos, serían rechazadas.

En las zonas más alejadas, como áreas rurales o comunidades indígenas, esto representa una enorme barrera logística. Ni hablar de los votantes con discapacidades o retos de movilidad.

Una medida que recuerda a leyes de supresión histórica

Varios grupos de derechos civiles alertan que esta legislación tiene ecos de la Jim Crow era, donde se implementaban requisitos como pruebas de alfabetización y taxes para votar que afectaban negativamente a afroamericanos y otras minorías.

“Esta ley es simplemente una forma moderna de supresión del votante”, afirmó Andrea Senteno, del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF).

Para muchos, el SAVE Act es parte de una estrategia más amplia del Partido Republicano para controlar quién puede votar, especialmente a medida que la demografía del país cambia rápidamente a favor de las minorías raciales y étnicas.

El pulso político: Trump, 2026... y dinero

El contexto político no puede ignorarse. Donald Trump ha hecho de la lucha por la “integridad electoral” una pieza clave de su campaña y su narrativa tras las elecciones de 2020.

Por otro lado, en estados clave como Texas, este tipo de discurso resuena con una base republicana que se siente amenazada por el cambio demográfico y teme la pérdida de “control” sobre el electorado.

Las elecciones de 2026 podrían definirse por márgenes estrechos, y reducir el número de votantes en estados disputados puede inclinar la balanza. No es casualidad que Texas, Florida y Georgia —donde los republicanos dominan— estén entre los más interesados en implementar este tipo de medidas.

La resistencia desde la sociedad civil

Organizaciones como ACLU, League of Women Voters y Brennan Center for Justice ya han prometido batallas legales si la ley avanza también en el Senado y es firmada por el presidente, algo que aún parece poco probable.

Muchas de estas entidades también exhortan a ciudadanos a verificar su registro electoral regularmente y a informarse sobre qué documentos podrían necesitar.

Las campañas de información pública podrían convertirse en los próximos años en un campo de batalla crucial para garantizar que millones de estadounidenses no pierdan su derecho fundamental por burocracias mal implementadas.

¿Y ahora qué sigue?

El SAVE Act pasa ahora al Senado, donde se espera encuentre mayor resistencia, ya que los demócratas pueden usar el filibuster para frenarlo. Aun así, su aprobación en la Cámara ya marca un cambio en la estrategia electoral republicana de cara a los próximos ciclos.

Desde el punto de vista de los derechos civiles y la participación democrática, el proyecto provoca importantes preguntas: ¿Qué valor tiene la democracia si comenzamos a restringir el acceso al voto? ¿Hasta qué punto se puede proteger la integridad del sistema sin dañar la inclusión electoral?

La respuesta, quizás, determinará no sólo el futuro de las elecciones en EE.UU., sino también el balance de poder político durante la próxima década.