Embrión, feto y justicia: la nueva ola legislativa que redefine los derechos prenatales en EE. UU.

Una nueva frontera en la legislación estatal

En las últimas semanas, se han aprobado o impulsado nuevas leyes en estados como Kansas y Florida que, según sus impulsores, buscan proteger los derechos de los padres y madres desde el momento de la concepción. Sin embargo, organizaciones por los derechos reproductivos y expertos legales advierten que se trata de un movimiento estratégico para instaurar protecciones legales absolutas a los fetos. ¿Estamos ante una redefinición de los derechos civiles en Estados Unidos?

Kansas impone obligaciones desde la concepción

El 4 de abril de 2025, la legislatura de Kansas —controlada por mayorías republicanas— anuló el veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly para aprobar una ley que, entre otras cosas, establece:

• La obligación de pagar manutención infantil desde la concepción.
• Deducciones fiscales en casos de embarazos y partos mortinatos.

El objetivo declarado por los legisladores republicanos es brindar apoyo económico a mujeres embarazadas, especialmente a aquellas que enfrentan la maternidad en solitario. "Este proyecto es una forma de ser compasivos con las mujeres embarazadas", comentó la representante estatal Susan Humphries.

Florida busca permitir demandas por muerte injusta de fetos

En paralelo, una propuesta legislativa en Florida permitiría presentar demandas civiles por la muerte injusta de un embrión o feto durante cualquier etapa del embarazo. Bajo esta ley, sería posible recibir compensaciones económicas por salarios futuros que el feto podría haber generado.

La senadora estatal Erin Grall, principal promotora del proyecto, subrayó: "No se trata del aborto. Se trata de ofrecer paridad en nuestro sistema civil de justicia".

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara baja y cuenta con el respaldo de dos comités del Senado, aunque todavía resta una última votación para su aprobación definitiva.

¿Hacia una “constitucionalización” de los derechos fetales?

Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis y autora de seis libros sobre legislación relativa al aborto, considera que estas leyes estatales siguen un patrón previsto en un plan mayor:

"Se están creando precedentes en un contexto para transferir esos derechos al ámbito constitucional", explicó. Ziegler advierte que la progresiva aprobación de leyes que otorgan derechos legales a fetos pretende, a la larga, justificar una prohibición nacional del aborto.

Un contexto post-Roe v. Wade

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló Roe v. Wade en su fallo de 2022 (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization), los estados han recuperado la potestad de legislar sobre el aborto. Esto ha generado una verdadera "carrera legislativa" en algunas jurisdicciones para desarrollar normas que fortalezcan el reconocimiento legal de fetos y embriones.

Según la organización Pregnancy Justice, al menos 17 estados ya cuentan con leyes que conceden ciertos derechos a los fetos en contextos criminales o civiles. Por ejemplo:

• Se permiten cargos criminales contra personas (excepto en abortos) que causen la muerte de un feto.
• Georgia y Utah también otorgan deducciones fiscales por embarazos.

Preocupaciones por implicaciones en tecnologías de fertilidad e interrupción legal del embarazo

Una de las principales preocupaciones de los críticos de estas leyes es el potencial impacto en la práctica médica reproductiva, especialmente en procedimientos como la fertilización in vitro (IVF). Vale recordar que en 2023, un fallo del Tribunal Supremo de Alabama calificó a los embriones congelados como "niños", provocando una paralización temporal de las clínicas de fertilidad en el estado.

La representante demócrata Allison Tant lo ilustra con su propia experiencia: "Los embarazos por IVF son frágiles y de alto riesgo. Esta ley expone a familias como la mía a litigios injustos".

Posibles efectos colaterales para profesionales médicos

La Asociación de Aseguradoras de Responsabilidad Médica en Florida ha expresado temores sobre un aumento en la amenaza legal hacia obstetras, médicos y clínicas ante posibles denuncias por pérdidas gestacionales.

También existe inquietud de que estas leyes puedan ser usadas para perseguir a profesionales que ofrecen servicios de aborto legal o incluso a familiares y amistades que acompañan o apoyan a mujeres en el acceso a estos servicios.

¿Una puerta abierta al castigo de comportamientos durante el embarazo?

Otro de los grandes riesgos de estas legislaciones es su uso como herramienta legal para fiscalizar y sancionar a las propias gestantes. En varios estados con normas similares, se ha intentado criminalizar a mujeres por:

• Consumo de ciertas sustancias durante el embarazo.
• Actividades físicas consideradas “riesgosas”.
• Decisiones personales o médicas que terminan en pérdida gestacional.

El senador republicano Tom Leek, en desacuerdo con parte del proyecto en Florida, expresó: "Me preocupa que esta ley pueda ser usada como arma contra mujeres que sufren pérdidas espontáneas".

Una estrategia legislativa escalonada

La proliferación de iniciativas similares en distintos estados refuerza la percepción de un esfuerzo estratégico para construir un marco legal que valide derechos fetales en múltiples niveles. Este año, se han presentado propuestas dentro de este espectro en:

• Texas
• Misuri
• Montana
• Pensilvania
• Virginia

En Texas, por ejemplo, un hombre intentó demandar por homicidio culposo a tres mujeres que ayudaron a su exesposa a interrumpir un embarazo, aunque el caso fue finalmente desestimado.

Los peligros de legislar desde la percepción y no desde la ciencia

Según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), existe una tendencia alarmante a legislar sobre salud reproductiva ignorando evidencia científica. Las pérdidas gestacionales son más comunes de lo que se piensa: entre el 10% y el 20% de los embarazos conocidos terminan en aborto espontáneo natural, según los CDC.

"La ciencia debe guiar las políticas públicas, especialmente en temas tan delicados", subraya ACOG en múltiples pronunciamientos.

¿Hacia dónde va la nación?

Con estados como Kansas otorgando deducciones fiscales por embarazos y Florida contemplando compensaciones económicas por la muerte de embriones, vemos un desplazamiento preocupante del eje legal desde la protección de derechos de las personas existentes al de derechos en gestación.

Este movimiento, impulsado con perspectiva legal a largo plazo, podría sentar las bases para redefinir los límites del aborto, el IVF, e incluso los derechos de autonomía corporal de mujeres y personas gestantes.

Más allá del debate ideológico, lo que está en juego es el modo en que Estados Unidos definirá quién tiene derechos y desde cuándo. Y en esa discusión, tanto la ciencia como la ética deberán —o deberían— tener la palabra final.