La libertad de expresión bajo fuego: el caso de Mahmoud Khalil y la ofensiva ideológica en las universidades

La controversia tras la detención de Mahmoud Khalil

El caso de Mahmoud Khalil, activista palestino y estudiante en la Universidad de Columbia, ha encendido una alarma sobre el uso del aparato migratorio estadounidense para silenciar la disidencia política en el ámbito académico. Khalil fue arrestado el 8 de marzo en Nueva York bajo acusaciones vagas y sin respaldo probatorio de estar vinculado con actividades relacionadas con Hamas, aunque el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha presentado ninguna prueba concreta en su contra.

La única documentación que el gobierno ha presentado hasta ahora es un memorado de dos páginas firmado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, en el que se esgrime que la presencia de Khalil en EE. UU. “daña los intereses de la política exterior estadounidense”. Nada de conducta ilegal. Simplemente sus opiniones sobre Palestina y sus críticas al accionar de Israel.

El argumento del gobierno es que permitir que Khalil permanezca en el país socava la lucha contra el antisemitismo, además de presuntamente representar una amenaza para estudiantes judíos. El memo no incluye pruebas, pero menciona una carta del DHS y un “perfil del sujeto”, documentos que tampoco han sido entregados al tribunal migratorio.

Según sus abogados, Marc Van Der Hout y Johnny Sinodis, esto representa un intento flagrante de criminalizar la libertad de expresión. “No hay ni una sola prueba de que la presencia de Mahmoud en EE. UU. represente una amenaza”, afirmaron. De hecho, Khalil está casado con una ciudadana estadounidense a punto de dar a luz, y acaba de completar sus estudios de posgrado en la renombrada escuela de asuntos internacionales de Columbia.

Cuando el activismo estudiantil se convierte en blanco del gobierno

El caso no es aislado. Forma parte de una oleada de políticas agresivas por parte de la administración Trump para castigar a voces críticas de Israel y, en general, del statu quo político estadounidense en Medio Oriente. En los últimos meses, el gobierno ha retirado miles de millones de dólares en financiamiento para universidades y sistemas hospitalarios afiliados, con el argumento de combatir el antisemitismo. Sin embargo, detrás de esta narrativa emerge una peligrosa tendencia: censurar el activismo universitario y restringir la libertad de opinión.

La administración también ha iniciado la revocación de visas a estudiantes internacionales que critican a Israel. A pesar de las protestas, las expulsiones se ejecutan sin garantías judiciales ni evidencias claras. Cualquier crítica se interpreta como antisemitismo, una equivalencia cuestionable y con implicaciones escalofriantes en términos de derechos civiles.

La nueva censura encubierta en Texas

Paralelamente, el Senado de Texas avanza con el controvertido Proyecto de Ley 37 (SB 37), que, en su versión revisada, busca transformar radicalmente el currículo universitario en el estado. Este proyecto ha sido calificado como un intento de limitar la enseñanza de temas sobre raza, género, historia y desigualdad.

De ser aprobado, SB 37 obligaría a los consejos de regentes de las universidades públicas a revisar cada cinco años los cursos para asegurar que:

• No distorsionan hechos históricos significativos.
• No afirman que una raza sea superior o responsable colectivamente de acciones pasadas.
• No promueven teorías sobre racismo, sexismo o privilegios como estructuras inherentes al sistema estadounidense.

En la práctica, académicos señalan que esta ley impediría abordar con profundidad temas como la esclavitud, el movimiento por los derechos civiles, el feminismo o el racismo sistémico. Lauren Gutterman, profesora de historia en la Universidad de Texas en Austin, expresó en un testimonio que la ley es tan vaga que podría "censurar cualquier discusión sobre derechos de las personas LGBTQ o sobre feminismo".

Una ofensiva coordinada: académicos bajo vigilancia

Además del control sobre los programas académicos, el proyecto SB 37 contempla una estructura de vigilancia y denuncia. Establece un ombudsman dentro de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas encargado de recibir y procesar quejas sobre supuestas violaciones de esta ley, y permite que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, incluso sin pertenecer al mundo académico.

Neal Hutchens, experto en educación del College of Education de la Universidad de Kentucky, advierte que esto puede provocar una “avalancha de quejas sin mérito” y fomentar una caza de brujas contra profesores por razones ideológicas. Lo compara con la legislación impulsada por el gobernador Ron DeSantis en Florida, la famosa “Stop the WOKE Act”.

Facultades de universidades públicas podrían ver cómo se cancelan carreras que no se alineen con “valores fundacionales”, lo que pondría en peligro programas de humanidades como filosofía, sociología o estudios de género.

¿Qué está en juego?

En una declaración al medio The Texas Tribune, Angie Hill Price, portavoz del senado académico de la Texas A&M University, advirtió sobre las implicaciones de SB 37: “Estamos funcionando bien y no necesitamos una reforma drástica. Nuestro modelo ha contribuido al hecho de haber superado los mil millones de dólares en gastos de investigación el año pasado”.

La legislación también exige evaluar programas académicos según su retorno de inversión medido en el mercado de trabajo. De acuerdo con Josh Wyner, del Aspen Institute, esta visión tecnocrática de la educación ignora que “un título en filosofía no significa que alguien aspire a ser filósofo, sino que puede convertirse en abogado, periodista o trabajador social”.

Un patrón preocupante: autoritarismo soft en nombre de la política pública

Lo que une ambos casos —el de Mahmoud Khalil y el avance legislativo en Texas— es una política pública que utiliza mecanismos institucionales para imponer una narrativa oficial y silenciosamente perseguir a quienes la contradicen. El peligro es doble: se desmantela la libertad académica bajo la apariencia de eficiencia educativa, mientras se criminaliza la disidencia como una amenaza a la seguridad nacional.

Este fenómeno no es nuevo en la historia de EE. UU. Basta recordar el macartismo de los años 50, cuando cientos de académicos, intelectuales y artistas fueron perseguidos y censurados por sospechas de comunismo. Hoy, los instrumentos son diferentes, pero la lógica es similar: asociar ciertas ideas con amenazas y justiciar su exclusión o castigo como medida de protección nacional.

Libertad de expresión, o el fin del disenso

¿Qué significa estar en una democracia si un residente legal puede ser deportado por sus opiniones políticas? ¿Si un profesor puede ser destituido por enseñar sobre racismo institucional? ¿Si programas de arte o filosofía desaparecen por no generar empleabilidad inmediata?

Mientras el caso de Mahmoud Khalil se convierte en un símbolo de esta lucha, universidades de todo el país enfrentan un dilema: doblegarse ante una visión gubernamental restrictiva, o resistir en nombre de la autonomía, el saber crítico y los derechos humanos.

La encrucijada está ya sobre la mesa. Y el futuro de la educación —y de la democracia misma— podría depender de las decisiones que se tomen en los próximos meses.