La lucha de los sobrevivientes del incendio Eaton: ¿un sistema de seguros fallido frente a una crisis ambiental?

En medio del caos que dejó el incendio Eaton en el área de Los Ángeles, miles de residentes están librando una nueva batalla. Esta vez no contra el fuego, sino contra el sistema de seguros, la falta de respuesta gubernamental y los riesgos ambientales escondidos en el aire, las paredes y los techos de sus hogares.

Un apocalipsis silencioso tras el fuego

El incendio Eaton, que arrasó con más de 9,000 estructuras y cobró la vida de 18 personas, dejó tras de sí un escenario postapocalíptico. Pero más allá de los escombros y el dolor, surgió una amenaza menos visible, pero igualmente peligrosa: la contaminación ambiental generada por el humo y los materiales quemados.

Estos incendios de alta temperatura no solo destruyen edificaciones; también liberan una peligrosa mezcla de metales pesados como plomo, amianto y sustancias químicas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), presentes en electrodomésticos, vehículos y materiales de construcción modernos. Respirar estos elementos puede conllevar graves riesgos para la salud —desde enfermedades respiratorias hasta cáncer— y aún así, las aseguradoras insisten en que los hogares "no tocados por las llamas" están a salvo.

Dr. Nicole Maccalla: Ciencia al servicio de la comunidad

Una de las voces más firmes frente a esta situación ha sido la de la Dra. Nicole Maccalla, científica de datos y sobreviviente del incendio. Su residencia en Altadena resultó con más de la mitad del techo consumido, ventanas dañadas y habitaciones cubiertas en ceniza y escombros. Aún así, su compañía aseguradora rechazó cubrir los análisis ambientales porque, según ellos, "su casa no sufrió daños estructurales suficientes".

“Cada ítem es una pelea”, relata Maccalla. “Es un juego de negaciones y apelaciones. Pasan semanas sin una sola respuesta.”

Ante la falta de respuestas, Maccalla y otros residentes crearon Eaton Fire Residents Unite, una red de cooperación ciudadana que empezó a recopilar y publicar en un mapa interactivo los resultados de los análisis ambientales. Hasta ahora, los 81 hogares que se han testeado presentan niveles elevados de plomo.

El poder de los datos comunitarios

Lejos de ser solo una herramienta informativa, ese mapa comunitario ha tenido impacto real. “Ya hay múltiples personas que me han dicho: gracias por subir esos datos, lograron que mi aseguradora cambiara de parecer”, afirma Maccalla. Su conocimiento en ciencia de datos ha sido esencial para garantizar la privacidad y la veracidad de los análisis compartidos allí.

Aún así, muchos residentes deben pagar los análisis de su bolsillo. El precio de los estudios para detectar plomo, amianto u otras sustancias puede superar los $5,000, cifra inalcanzable para muchas familias afectadas.

Un sistema de seguros que juega a la confusión

En teoría, todas las pólizas de seguro cubren daños por incendio. Pero en la práctica, hay una batalla creciente entre lo que se entiende por "daño". Las aseguradoras como USAA, Farmers y State Farm han desarrollado políticas muy restrictivas, donde la contaminación por humo no cuenta como daño a menos que sea visible a simple vista.

“El daño no es por humo; es contaminación tóxica”, aclara el abogado Dylan Schaffer, quien lidera una demanda colectiva contra el FAIR Plan, el plan estatal de seguros para quienes no pueden acceder a compañías privadas. Desde 2017, esta entidad niega cualquier reclamo si el daño no es físicamente visible, lo cual excluye automáticamente los elementos microscópicos y peligrosos en el aire.

“Lo hacen complejo porque los beneficia financieramente”, acusa Schaffer. A su clientela no le ayuda que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) haya anunciado que no tiene planes para realizar pruebas ambientales masivas. Incluso el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles ha dejado la mayoría de esos estudios en manos de académicos.

Los niños: los más vulnerables

Una de las mayores preocupaciones entre los residentes es la seguridad de los menores. Jane Lawton Potelle, fundadora del grupo comunitario, sintió los efectos tóxicos en su cuerpo días después de retornar a su vivienda. A pesar de utilizar mascarilla, su pecho le dolía y su voz se volvía ronca al pasar unas horas en casa. “Si yo volví y terminé así… ¿cómo estaría mi hija de 11 años?”, se pregunta.

En otro caso, la familia de Stephanie Wilcox decidió pagar estudios por su cuenta después que Farmers Insurance rechazara repetidamente su reclamo. El pediatra de su hijo pequeño recomendó una evaluación ambiental, y el resultado fue claro: la casa no era habitable sin antes realizar una remediación que costaría más de $12,000.

¿Dónde está el gobierno?

A pesar de la tragédia, la intervención del gobierno ha sido tibia y burocrática. En marzo, el Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, emitió un boletín indicando que las aseguradoras deben investigar reportes de daños por humo antes de rechazarlos. Pero sin mecanismos específicos para garantizarlo, los afectados siguen enfrentando rechazos masivos.

“Las compañías deberían tener ya un protocolo elaborado”, afirma Zach Bailey, otro residente cuya casa milagrosamente quedó de pie en medio de un vecindario destruido. Tras meses de presión, logró que State Farm aprobara las pruebas de plomo y asbesto basándose en regulaciones federales de seguridad para trabajadores. “No debería haberme tomado tanto tiempo ni tener que aprender leyes federales”, lamenta.

Medicamentos contra incendios en manos de la política

El caso del FAIR Plan saca a la luz un problema mayor: la distancia creciente entre lo que prometen las aseguradoras, lo que exige la ley y lo que ocurre en la calle. El ex comisionado de seguros Dave Jones no duda: “Estas pruebas deberían estar cubiertas. Estamos hablando de incendios catastróficos. Cualquier persona tiene derecho a verificar si su casa es saludable”.

Pese a ello, la única iniciativa legislativa concreta ha sido la firma de una orden para revisar cómo se manejan los reclamos por humo. Hasta que no haya reformas legales que obliguen a las compañías a cubrir la contaminación ambiental como "daño directo", muchos californianos seguirán desamparados.

El precedente que puede cambiarlo todo

Los datos reunidos por residentes como Maccalla podrían cambiar el panorama. Si logran demostrar que zonas completas no son aptas para la vida humana, no sólo presionarán a las compañías, sino también al gobierno estatal y federal para que intervengan.

En palabras de Lawton Potelle: “Esto no es sólo por mi hogar, es por toda mi comunidad”.

El incendio Eaton ha demostrado que más allá del peligro de las llamas, el verdadero riesgo comienza cuando todos creen que ya pasó. En esa nueva realidad contaminada pero invisible, solo la organización vecinal, los datos públicos y la persistencia comunitaria parecen estar dando algún tipo de esperanza.