Una estrategia mortal: el plan secreto de Trump para 'borrar' inmigrantes vivos y forzar su salida de EE. UU.

Una nueva táctica migratoria: vivos declarados muertos

La administración de Donald Trump ha implementado una medida sin precedentes en su ya extensa campaña contra la inmigración: clasificar a más de 6.000 inmigrantes vivos como fallecidos, eliminando sus números de Seguro Social y dejándolos excluidos del sistema laboral y financiero de los Estados Unidos.

Según fuentes cercanas al proceso, esta acción tiene como objetivo principal provocar la auto-deportación de los afectados, quienes enfrentarán grandes obstáculos para desenvolverse en la vida cotidiana sin el respaldo de su número de Seguro Social. Desde abrir una cuenta bancaria hasta contratar servicios básicos o trabajar legalmente, todo queda paralizado.

Quiénes son los afectados

Hasta el momento no hay claridad sobre cuál fue el criterio utilizado para seleccionar a estos más de 6.000 inmigrantes. Sin embargo, se sabe que muchos de los afectados entraron al país durante la administración de Joe Biden bajo programas humanitarios como el CBP One app, que permitió a más de 900.000 personas obtener una estadía temporal de dos años con autorización laboral.

El pasado lunes, el Departamento de Seguridad Nacional revocó el estatus legal de quienes ingresaron por esta vía.

Una base de datos para los muertos… y ahora para los vivos

Lo insólito del caso radica en que los inmigrantes han sido trasladados en el sistema federal a la base de datos de fallecidos que administra la Administración del Seguro Social (SSA). Esta base contiene información de más de 142 millones de personas desde 1899. Ser incluido en ella implica que una persona ha muerto oficialmente según los registros del Estado.

Esto representa un borrado administrativo que tiene profundas consecuencias: bancas, hospitales, empleadores y agencias públicas utilizan esta información para autorizar servicios y verificar identidad.

Cuando el número de Seguro Social se convierte en arma política

Desde una perspectiva política y legal, este movimiento representa una instrumentalización del aparato federal contra personas vivas que, en muchos casos, tenían su situación migratoria regularizada y pagaban impuestos.

De hecho, esta semana se conoció que el Departamento del Tesoro ha firmado un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional que le permitirá a ICE (Inmigración y Control de Aduanas) acceder a los registros fiscales de inmigrantes proporcionados por el IRS para cruzar información con listas de ciudadanos no autorizados.

Esto llevó a la renuncia de Melanie Krause, comisionada interina del IRS desde febrero, luego de expresar su desacuerdo con el uso de datos tributarios con fines de deportación.

Una historia que recuerda a décadas pasadas

Estas estrategias evocan periodos oscuros de la historia estadounidense. En los años 50, la operación "Wetback" expulsó a más de un millón de mexicanos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses. Hoy, con métodos más tecnológicos y sigilosos, la meta parece similar: reducir drásticamente la población migrante, incluso si eso implica violar el debido proceso.

Para Skye Perryman, presidenta del grupo de defensa Democracy Forward, esta es otra muestra de que "el presidente sigue cometiendo actos ilegales y abusando de los sistemas de control y equilibrio del gobierno".

Del Home Depot a la cárcel: el caso de Kilmar Abrego Garcia

Uno de los rostros humanos de esta política es el de Kilmar Abrego Garcia. Su caso da cuenta del impacto devastador que estas medidas tienen sobre individuos y familias enteras. Originario de El Salvador, Abrego Garcia llegó a Estados Unidos cuando tenía 16 años, huyendo de amenazas de las pandillas en San Salvador.

Su familia tenía un pequeño negocio de pupusas, en el que todos colaboraban. Sin embargo, las actividades delictivas del Barrio 18 llevaron a la familia a desmantelar su negocio y enviar a Kilmar a los Estados Unidos, como única esperanza de salvación. En Maryland, rehízo su vida: trabajó en construcción, se casó con una ciudadana estadounidense, y tuvo tres hijos —dos de ellos con autismo y uno con epilepsia.

Una acusación sin pruebas

En 2019, fue detenido por la policía del condado de Prince George's y acusado de ser parte de la pandilla MS-13, a pesar de que ni vivía en Nueva York (donde supuestamente pertenecía a una célula del grupo delictivo), ni había sido condenado por delito alguno. La acusación se basó en la palabra de un informante confidencial, que más tarde se comprobaría poco confiable.

Un juez negó inicialmente su petición de asilo, pero luego concedió protección contra deportación al reconocer que enfrentaba un temor real y justificado a la persecución en El Salvador. Fue liberado y recibió un permiso de trabajo. A lo largo de los años, cumplió con sus citas ante ICE y generó ingresos como aprendiz metalúrgico.

Una deportación “por error” y una batalla judicial sin tregua

El pasado mes, en medio de una campaña acelerada de deportaciones al designar a MS-13 como organización terrorista, Abrego Garcia fue detenido nuevamente.

Lo deportaron a El Salvador en contra de la orden de protección de un juez. La administración Trump alegó después que fue “un error administrativo.” Sin embargo, la Corte Suprema ordenó su regreso a EE. UU., asegurando que, además de no haber violado ninguna ley, ha sido víctima de una deportación injusta basada en información falsa y estereotipos.

En El Salvador, fue enviado a una prisión marcada por violaciones a los derechos humanos. Fue su esposa, Jennifer Vasquez Sura, quien lideró la lucha por revertir la injusticia, respaldada por organizaciones como CASA y otros defensores de derechos civiles.

El patrón más grande: una guerra contra los inmigrantes

Lo ocurrido a Abrego Garcia no es un caso aislado. Es parte de un patrón más amplio en el que la administración Trump ha buscado invalidar estatus legales, desacreditar casos de asilo, obstaculizar el acceso a servicios públicos y restringir caminos legales de regularización.

Desde el cierre de programas como DACA y TPS, hasta restricciones severas en la frontera con México y acuerdos bilaterales para detener solicitantes de asilo, las políticas migratorias han sufrido un giro drástico. Ahora, el uso de la tecnología para eliminar números de Seguro Social abre una nueva fase: la criminalización administrativa de la existencia misma.

¿Una estrategia efectiva o una violación legal?

Desde un punto de vista legal, muchas organizaciones apuntan a que la práctica de clasificar como fallecidos a inmigrantes vivos vulnera el debido proceso, la privacidad, y posiblemente la propia Constitución de EE. UU.. El acceso a bases de datos confidenciales del IRS también ha despertado el interés de defensores de derechos civiles, quienes cuestionan si la evidencia reunida cumple con criterios judiciales básicos.

Para los afectados, las implicaciones van desde la pérdida de trabajo hasta la separación familiar, detenciones arbitrarias y deportaciones injustas.

Un llamado a la resistencia y a la justicia

Frente a estos hechos, abogados como Skye Perryman, migrantes como Jennifer Vasquez Sura y organizaciones como CASA representan un frente de resistencia jurídica y moral que sigue luchando para desafiar lo que perciben como una política de odio y exclusión.

Con elecciones en el horizonte y nuevas administraciones que podrían revertir (o intensificar) estas medidas, el caso de Kilmar y los 6.000 inmigrantes “muertos en vida” seguirá generando debate sobre qué tipo de nación quiere ser Estados Unidos: una que protege a los vulnerables o una que los hace desaparecer de sus registros oficiales.