¿Derechos o deportación? El polémico caso de Mahmoud Khalil y la criminalización de la protesta

Un juicio que despierta controversias

El caso del estudiante palestino Mahmoud Khalil, graduado en asuntos internacionales por la Universidad de Columbia, ha puesto en la mira no solo a las políticas migratorias de Estados Unidos bajo el actual gobierno de Donald Trump, sino también a los límites de la libertad de expresión para los residentes legales no ciudadanos.

El pasado viernes, un juez de inmigración ordenó su deportación, alegando que su presencia en suelo estadounidense podría generar “consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país”. Una determinación basada en su participación pública en protestas dentro y fuera del campus universitario contra la ofensiva militar israelí en Gaza, sin que Khalil tenga acusaciones penales ni haya infringido ley alguna.

¿Estamos ante una interpretación peligrosa y desproporcionada de los derechos constitucionales? ¿O hay justificación en la decisión judicial basándose en un contexto geopolítico delicado? En este artículo analizaremos el trasfondo legal, político y social del caso Khalil, y lo que dice sobre el momento que vive la democracia estadounidense.

¿Quién es Mahmoud Khalil?

Mahmoud Khalil, de 30 años, es residente legal en los Estados Unidos y ha estado estudiando en la Universidad de Columbia, donde se graduó en asuntos internacionales. Fue una figura visible en las protestas estudiantiles que estallaron en 2023 contra las acciones militares de Israel en Gaza, especialmente tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de ese año.

A diferencia de otros manifestantes, Khalil actuó como vocero y negociador, interactuando abiertamente con los medios y utilizando su nombre real, lo que lo convirtió en blanco evidente de críticas y posteriormente, de la maquinaria legal del gobierno.

¿Por qué fue detenido?

El 8 de marzo, agentes federales detuvieron a Khalil en el vestíbulo de su apartamento —propiedad de la universidad— sin previo aviso y lo trasladaron a un centro de detención migratoria en Jena, Luisiana, a miles de kilómetros de su esposa embarazada y de su equipo legal en Nueva York. No enfrentaba cargos penales; su "crimen" fue participar en protestas estudiantiles contra la política israelí.

Este fue el primer arresto de su tipo bajo la renovada administración Trump en su represión contra estudiantes que rechazan la intervención israelí en la Franja de Gaza.

Una acusación sin pruebas: ¿es Khalil un simpatizante de Hamás?

Una de las bases más polémicas del caso fue la acusación pública de la Casa Blanca de que Khalil estaba "del lado de los terroristas", sin que hasta el día de hoy hayan presentado pruebas contundentes que lo vinculen con Hamás o cualquier grupo catalogado como terrorista.

El motivo legal alegado se basa en una norma poco utilizada que permite la deportación de no ciudadanos si existe riesgo de daño a la política exterior estadounidense. Esta cláusula, utilizada por el Secretario de Estado Marco Rubio, ha sido calificada por expertos legales como vaga y propensa al abuso político.

“Hoy vimos nuestros peores temores hechos realidad: Mahmoud fue sujeto a una farsa de debido proceso, una violación flagrante a su derecho a un juicio justo, y una instrumentalización de la ley migratoria para suprimir la disidencia”, dijo su abogado, Marc Van Der Hout.

¿Libertad de expresión solo para ciudadanos?

Khalil no participó en la ocupación de edificios administrativos ni fue arrestado durante las manifestaciones en Columbia. Su caso se construye exclusivamente sobre su libertad de expresión: asistir a protestas, hablar con periodistas y expresar opiniones sobre un conflicto político internacional.

En teoría, la Primera Enmienda protege a toda persona dentro del territorio estadounidense contra restricciones gubernamentales a la libre expresión, sin importar nacionalidad. Pero el gobierno actual parece haber reinterpretado esa premisa.

“No ha quebrantado ninguna ley estadounidense”, insisten sus defensores. “Su deportación es un castigo ideológico”.

Precedentes peligrosos y una cacería selectiva

El caso Khalil no es aislado. Otras acciones recientes incluyen la deportación de una profesora de Brown University señalada por asistir al funeral de un líder de Hezbollah, o la cancelación de visas estudiantiles por asistir a protestas. Asimismo, un académico de Georgetown fue arrestado por criticar a Israel en redes.

Estos hechos sugieren una tendencia preocupante: usar la ley de inmigración como herramienta de represión política.

En palabras de Hugh Handeyside, abogado senior de la ACLU, “el gobierno está enviando un mensaje a todos los no ciudadanos: si hablan, pueden ser deportados. Es una forma de censura indirecta, pero efectiva.”

Impacto en el activismo estudiantil

Desde la guerra en Gaza, muchas universidades estadounidenses han visto campamentos de protesta, manifestaciones y tensiones entre grupos pro-palestinos y pro-israelíes. Las reacciones institucionales han oscilado entre tolerancia y represión abierta, como en el caso de Columbia, donde la policía fue llamada por la administración para evacuar un campamento estudiantil.

Khalil se convirtió en figura central no solo por su activismo, sino por su perfil: educado, articulado, no violento y dispuesto al diálogo. Es decir, el tipo de activista que una democracia debería escuchar, no detener.

Represalia o jurisprudencia?

La decisión de la jueza de inmigración Jamee E. Comans ha sido criticada abiertamente. Según documentos del tribunal, el gobierno dijo que la sola presencia de Khalil en EE.UU. generaba problemas para la política exterior. No presentó evidencias de amenazas, espionaje o contacto con grupos irregulares.

La defensa aún tiene recursos: apelarán ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y buscarán que se le otorgue asilo. También pueden pedir una exención antes del 23 de abril.

Sin embargo, el caso sienta un precedente escabroso: que una opinión impopular puede ser causal de deportación en un país que históricamente se ha vanagloriado de proteger las libertades civiles.

Un país dividido, una ley ambigua

La regla por la que Khalil es acusado se remonta a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que permite al gobierno deportar individuos cuya presencia sea “contraria al interés público, o conduzca a consecuencias adversas en la política exterior”.

El problema está en su amplia interpretación. Decide el Ejecutivo qué es “conveniente” para la política exterior, sin pasar por un escrutinio judicial riguroso. En tiempos polarizados, eso puede significar deportar amenazas reales... o simplemente opositores incómodos.

¿Qué sigue para Khalil?

Mientras sigue su batalla legal, Khalil permanece detenido lejos de sus familiares. Su esposa —ciudadana estadounidense— espera su primer hijo en las próximas semanas, mientras la deportación pende como espada sobre sus vidas.

Incluso si triunfa en la apelación, es posible que tarde meses en salir del centro de detención. En el peor de los casos, será enviado a un país que hoy vive bajo bombardeos y donde corre riesgo real por haber ganado visibilidad pública.

“Ese es el verdadero peligro de criminalizar la disidencia”, afirma su abogado. “El sistema termina no solo castigando ideas, sino destruyendo vidas”.

El caso de Mahmoud Khalil es una advertencia de hacia dónde se dirigen las libertades civiles en un país que alguna vez fue símbolo de refugio. Su lucha es también, de alguna manera, la lucha por el alma democrática de Estados Unidos.