Justicia ambiental en juego: El abandono de Lowndes County y la realidad de la desigualdad estructural
El Departamento de Justicia cierra su histórica investigación en Alabama mientras comunidades rurales continúan enfrentando peligros sanitarios
Por décadas, Lowndes County, en Alabama, ha sido símbolo de la lucha racial en Estados Unidos. Hoy, es también un ejemplo del abandono institucional que aún viven muchas comunidades negras en áreas rurales. En 2023, el Departamento de Justicia (DOJ) lanzó una histórica investigación por causas de justicia ambiental. Pero en un giro inesperado y controversial, la investigación ha sido cerrada abruptamente.
Lowndes County: tierra de historia, pobreza y aguas negras
Ubicada entre Selma y Montgomery, Lowndes County tiene profundas raíces en la historia de los derechos civiles. Aquí se gestaron marchas, luchas por el voto y resistencia. Sin embargo, poco ha cambiado en términos del bienestar básico para sus ciudadanos. Casi el 73% de la población del condado es afroamericana, y la pobreza afecta a más del 25% de los hogares, según datos del U.S. Census Bureau.
Uno de los mayores problemas: el sistema de aguas residuales, o más bien, la ausencia de uno que funcione.
El terreno del condado —rico en arcilla— impide la filtración natural, haciendo inútiles los sistemas sépticos tradicionales. Como consecuencia, decenas de casas descargan aguas negras directamente en el suelo, los patios y, a veces, incluso dentro de los hogares. Este problema sanitario afecta a generaciones y plantea graves riesgos a la salud pública.
La intervención federal: una nueva esperanza
En 2021, con la elección de Joe Biden y su enfoque en la justicia ambiental, el caso de Lowndes County obtuvo nueva atención. Fue la primera investigación del DOJ bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 centrada en condiciones ambientales. Tras una investigación exhaustiva en 2023, el DOJ concluyó que el estado de Alabama mostraba un patrón de inacción y negligencia sistemática frente a los riesgos del alcantarillado crudo, lo cual violaba los derechos civiles de sus residentes.
El acuerdo resultante obligó al Departamento de Salud Pública del estado a:
- Detener las multas contra quienes no podían costear sistemas sépticos adecuados
- Desarrollar un plan integral para sanear el condado
- Colaborar con residentes afectados y organizaciones comunitarias
Una administración, dos visiones: del compromiso a la cancelación
El panorama cambió drásticamente cuando en febrero de 2024, la administración del expresidente Donald Trump retomó posturas activas mediante una orden ejecutiva que prohíbe que agencias federales promuevan iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).
La nueva asistente del fiscal general, Harmeet K. Dhillon, emitió una declaración contundente: “El DOJ ya no impulsará la 'justicia ambiental' vista a través de un lente distorsionado de DEI.”
Esto canceló directamente el acuerdo con Alabama, dejando en el limbo los progresos alcanzados durante el gobierno anterior. La decisión ha provocado una ola de críticas, especialmente por parte de líderes demócratas y defensores de derechos humanos.
La congresista Terri Sewell, quien representa a Lowndes County, señaló:
“Se trataba de enfrentar una crisis de salud pública que ha obligado a generaciones de niños y familias a soportar los peligros de convivir cerca de aguas negras.”
El precio de vivir sobre arcilla: la paradoja del suelo
Lowndes County se encuentra sobre una zona geográfica conocida como la Cintura Negra (Black Belt), nombrada así originalmente por su suelo fértil y oscuro, pero también tristemente famosa por su pasado esclavista y segregacionista.
Ese mismo suelo fértil —rico en arcilla pesada— dificulta la instalación de tanques sépticos convencionales, pues impide que el agua percole. El resultado es un sistema de 'descarga directa' donde las aguas negras se liberan a cielo abierto.
Muchos hogares carecen de conexiones de saneamiento y, por ende, sistemas improvisados exponen a los residentes a bacterias como E. coli y otros patógenos. Un estudio de la Universidad de Baylor encontró que más del 40% de los hogares carecen de un sistema funcional de aguas residuales.
Sanidad y dignidad humana: un binomio roto
La activista Catherine Flowers, originaria del condado, lleva años luchando por la visibilidad de este problema. Fundadora del Center for Rural Enterprise and Environmental Justice, ha testificado ante el Congreso y documentado casos donde niños han sido diagnosticados erróneamente con enfermedades tropicales debido a la exposición constante a aguas negras.
“Estamos luchando por dignidad,” dijo Flowers en una reciente entrevista con el medio The New York Times. “Imagina vivir con tu casa rodeada de aguas fecales todos los días. Eso no es normal en Estados Unidos.”
¿Quién paga las soluciones?
Instalar nuevos sistemas sépticos individuales cuesta entre $10,000 y $20,000 dólares por familia, una cifra inalcanzable para muchas personas de Lowndes County. Programas como el American Rescue Plan brindaron cierto alivio económico, pero con la cancelación del acuerdo federal, la financiación se vuelve incierta.
El doctor Scott Harris, responsable de salud en Alabama, declaró:
“Nuestro compromiso sigue intacto, pero dependemos de fondos federales y estatales. La gran pregunta es qué pasará con ese apoyo financiero.”
El trabajo técnico para identificar hogares sin sistemas adecuados y coordinar la instalación de nuevos se detuvo en buena parte después del cierre del acuerdo.
Justicia ambiental: ¿nueva prioridad nacional o lastre político?
El caso de Lowndes County se transformó en un ícono de la justicia ambiental, una rama emergente del derecho que busca proteger a comunidades vulnerables de abusos medioambientales desproporcionados. Pero este paradigma enfrenta hoy un retroceso.
La administración Trump ha argumentado que este enfoque prioriza intereses arbitrarios sobre las verdaderas necesidades nacionales. En cambio, organizaciones como Earthjustice y NRDC denuncian que eliminar estas investigaciones destruye décadas de lucha por igualdad y salud pública.
Más allá de Alabama: un problema nacional
Lowndes County no es único. Problemas similares se han documentado en comunidades rurales de Mississippi, Louisiana, partes de Texas, e incluso California. Poblaciones predominantemente afroamericanas, latinas o indígenas suelen enfrentar tasas más altas de toxicidad ambiental, acumulación de residuos, y falta de infraestructura de saneamiento.
Según la EPA, más de 2 millones de estadounidenses viven sin acceso pleno a agua potable o condiciones mínimas de saneamiento. Y dentro de ese grupo, el mayor porcentaje pertenece a comunidades históricamente marginadas.
¿Qué sigue para Lowndes County?
Tras la cancelación del acuerdo, la comunidad queda en un limbo. Si bien algunos esfuerzos locales y estatales continúan, el volumen del problema supera con creces la capacidad presupuestaria del gobierno estatal.
Para Catherine Flowers y otros activistas, esto es un llamado de atención nacional. “Sanear el país empieza por reconocer que aún hay americanos viviendo como si estuvieran en el siglo XIX.”
Mientras tanto, cientos de familias en Lowndes County se acuestan cada noche con olores insalubres en el aire, esperando soluciones que, por ahora, han sido silenciadas por decreto político.
