Justicia bajo presión: Abusos sexuales en la Iglesia Católica y el lento camino hacia el juicio

En un país marcado por la pluralidad religiosa pero también por escándalos prolongados, el reciente fallo de un juez federal en San Francisco ha reavivado una herida persistente: los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. El jueves pasado, el juez de quiebras Dennis Montali permitió que dos hombres, que alegan haber sido abusados en su niñez por un sacerdote ahora fallecido, lleven su caso a juicio. Esta decisión, que entrará en vigor el 30 de junio para permitir la mediación, se produce después de años de esfuerzos por parte del Arzobispado de San Francisco por retrasar, desviar o evitar rendir cuentas.

Una decisión esperada durante décadas

Los demandantes, cuyas identidades permanecen protegidas, acusan al sacerdote Joseph Pritchard de haber abusado sexualmente de ellos durante la década de 1970, cuando éste era párroco en la iglesia de St. Martin of Tours, en San Jose —entonces parte del Arzobispado de San Francisco. Pritchard, quien falleció de cáncer en 1988, es señalado no solo por estas dos víctimas sino por decenas de personas más que afirman haber sufrido abusos similares a lo largo de sus años de servicio desde los años 40 hasta mediados de los 80.

“La Arquidiócesis y el Arzobispo han silenciado las voces de los sobrevivientes demasiado tiempo. Esta es una victoria. Estos juicios son absolutamente necesarios; es hora de que los sobrevivientes sean escuchados”, declaró el abogado Jeff Anderson, quien representa a más de 125 presuntas víctimas dentro del mismo arzobispado.

El contexto de la bancarrota: una estrategia legal recurrente

Este fallo se da en el marco de una solicitud de bancarrota del Arzobispado de San Francisco bajo el Capítulo 11, presentada en agosto de 2023. Dicha medida, supuestamente diseñada para reorganizar las finanzas y atender a más de 500 demandas por abuso sexual, ha sido interpretada por muchos fiscales y sobrevivientes como maniobra legal para frenar o desestimar procesos judiciales individuales que ya estaban por iniciar.

No es el primer caso en que un arzobispado opta por esta ruta. Desde comienzos de siglo, otras diócesis en Estados Unidos como Boston, Los Ángeles, y más recientemente Buffalo y Nueva Orleans, han utilizado estrategias similares, presentando bancarrotas para proteger sus activos y evitar que los casos avancen en tribunales civiles. Según la organización Child USA, estas bancarrotas colectivas han retrasado por años, y en algunos casos por décadas, la justicia para miles de sobrevivientes.

¿Quién era Joseph Pritchard?

Joseph Pritchard fue una figura respetada en varias parroquias del Área de la Bahía entre los años 40 y 80. Según registros eclesiásticos, ocupó cargos de autoridad y fue conocido por su carisma entre los feligreses. Sin embargo, a medida que el movimiento de víctimas ha ganado impulso desde principios de los 2000, surgieron múltiples denuncias que lo ubican como un depredador sexual institucionalmente protegido.

Lo más alarmante es que muchos de estos casos pudieron haber sido prevenidos si hubiera existido una supervisión efectiva. Documentos internos revelados tras varias demandas sugieren que miembros de alto rango sabían de las acusaciones, pero optaron por la rotación del clero en lugar de la denuncia pública o el retiro efectivo del sacerdocio.

Una sombra persistente sobre la Iglesia

Este nuevo paso judicial ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones religiosas. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center de 2022, el 74% de los estadounidenses opina que la Iglesia Católica ha manejado mal los escándalos de abuso sexual. Además, solo el 31% de los católicos practicantes creen que el liderazgo eclesiástico prioriza la seguridad de los feligreses sobre su reputación.

Estos datos no solo reflejan una fractura institucional sino también un cisma moral entre la jerarquía y sus comunidades. El fracaso sistemático en proteger a los más vulnerables —niños inocentes en su mayoría— ha repercutido en la pérdida de credibilidad y asistencia a misas, especialmente en las diócesis involucradas.

Nuevas leyes y medidores de justicia

En años recientes, varios estados de EE.UU. han aprobado reformas legislativas para facilitar que las víctimas de abuso sexual infantil puedan presentar sus demandas incluso años después de ocurridos los hechos. California ha sido uno de los más proactivos, aprobando en 2019 la California Child Victims Act, que abrió una ventana de tres años (2020-2022) para presentar acusaciones anteriormente prescritas. Esta medida generó una nueva ola de demandas, muchas de las cuales están pendientes.

“La corte de bancarrotas no debe ser un refugio para quienes infligieron daño o lo permitieron,” afirmó Marci Hamilton, directora ejecutiva de Child USA. “Hemos visto cómo estos capítulos financieros se utilizan para obstruir sistemáticamente el acceso a la justicia.”

¿Qué sigue para los sobrevivientes?

Con el fallo del juez Montali, se abre la posibilidad real de que estos dos juicios avancen. Aunque Pritchard ya haya fallecido, una sentencia favorable podría establecer responsabilidad institucional y sentar precedentes para otras víctimas que todavía buscan justicia.

Además, estos juicios amenazan con exponer aún más la cultura de encubrimiento que prevaleció por décadas en parte del clero. Archivos, testimonios, y alegatos que podrían salir a la luz tendrían el poder de cambiar radicalmente la forma en que la sociedad percibe el papel de la Iglesia en estos delitos.

“No buscamos dinero ni venganza. Solo queremos que la verdad salga a la luz y que nadie más sufra lo que nosotros pasamos”, dijo una de las víctimas de manera anónima en una declaración jurada.

La fe y la justicia: una encrucijada difícil

El dilema moral es profundo. Para millones de católicos, la fe no puede —ni debe— ser equiparada a la conducta fallida de algunos de sus líderes. Sin embargo, la falta de mecanismos eficaces para denunciar, investigar y sancionar estos crímenes erosiona los principios que la misma doctrina predica: compasión, justicia y verdad.

El camino hacia la redención institucional pasa necesariamente por escuchar a los sobrevivientes, aceptar culpas institucionales y aplicar reformas profundas que prioricen a las víctimas por sobre la imagen pública.

Mientras tanto, estos dos juicios podrían marcar un punto de inflexión importante. Porque como bien dijo el juez Montali —implícitamente con su acción más que con sus palabras—, la justicia no puede estar al servicio de las estructuras, sino de las personas.